Los obispos patagónicos denunciaron un severo cercenamiento del debate popular en el proceso de reforma de la Ley de Glaciares y advirtieron sobre intereses económicos que pretenden adueñarse de recursos naturales esenciales
En un documento de reducida extensión pero de contundente peso simbólico, la jerarquía eclesiástica de la Patagonia expresó su profundo malestar por el tratamiento dispensado a las audiencias públicas convocadas en el marco de la discutida reforma a la normativa que resguarda los glaciares. Los prelados sostuvieron, con una frase que condensa su preocupación central, que durante esos espacios de supuesta consulta ciudadana “no se escuchó la voz del pueblo”, evidenciando así una fractura entre los mecanismos institucionales y la genuina voluntad popular.
El pronunciamiento, rubricado por nueve obispos con jurisdicción en distintos territorios de la región austral del continente, lleva por título “La participación democrática amenazada… como los hielos y el agua”. En sus párrafos, los religiosos no solo cuestionaron el andamiaje procedimental de las audiencias, sino que realizaron una crítica frontal a lo que calificaron como una metodología reñida con los principios democráticos más elementales. Asimismo, pusieron en evidencia las presiones provenientes de sectores económicos y corporativos, al tiempo que lanzaron una señal de alarma respecto de las pretensiones de aquellos que buscan explotar los recursos minerales y que, en esa carrera, aspiran a apropiarse de bienes comunes tan vitales como el aire y el agua.
El trasfondo del conflicto se remonta a la masiva respuesta ciudadana que generó la convocatoria a las audiencias públicas, un requisito ineludible establecido por la legislación vigente. Se registraron cerca de cien mil solicitudes de participación, una cifra que desbordó cualquier previsión inicial. Sin embargo, la Cámara de Diputados optó por restringir drásticamente el acceso, permitiendo la intervención presencial de apenas un centenar de personas y derivando el resto de las peticiones hacia una instancia meramente escrita, de menor impacto y visibilidad.
Los obispos advirtieron que este mecanismo de exclusión no constituye un hecho aislado ni fortuito. En su declaración, señalaron con preocupación que “ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca los intereses de proyectos mineros”. Enumeraron, sin caer en fórmulas enumerativas sino como parte de un relato crítico, las prácticas reiteradas que atentan contra el debate genuino: cercenar y anular intervenciones legítimas, impedir el ingreso a los recintos donde se desarrollan las discusiones, desestabilizar a los oradores mediante maniobras de hostigamiento e incluso incorporar a algunos participantes que no figuraban en los registros oficiales.
El texto episcopal, de apenas una carilla, se erige así como una voz autorizada que conecta la defensa del ambiente con la defensa de la democracia participativa. Al colocar en un mismo plano la amenaza que pesa sobre los hielos y el agua y la que afecta a los mecanismos de deliberación colectiva, los obispos patagónicos trazan un paralelismo ineludible: sin participación ciudadana auténtica, difícilmente puedan protegerse los bienes naturales frente a intereses concentrados. La advertencia resuena con particular fuerza en una región donde la actividad extractiva ha desatado históricamente tensiones entre el desarrollo económico, la preservación ecológica y los derechos de las comunidades locales.
