La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la legalidad de la recuperación de la petrolera y desactivó, al menos por ahora, una amenaza multimillonaria. Pero además dejó al descubierto tensiones políticas, maniobras reservadas y una paradoja incómoda para la administración de Javier Milei: buena parte del oxígeno económico que hoy exhibe proviene de una estatización que siempre cuestionó.
La resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York significó mucho más que un triunfo judicial para la Argentina. Al confirmar que la recuperación de YPF por parte del Estado nacional fue legal y estuvo correctamente ejecutada, el tribunal no sólo despejó el fantasma de una condena por 18 mil millones de dólares, sino que también abrió una secuencia de revelaciones políticas y económicas que incomodan al Gobierno de Javier Milei. Lejos de tratarse de una conquista propia, el desenlace judicial dejó al desnudo una realidad menos conveniente para la narrativa oficial: la defensa de la posición argentina fue sostenida durante años con una línea de continuidad entre administraciones de signos políticos muy distintos, mientras en paralelo sectores del actual oficialismo analizaban alternativas para negociar o incluso cancelar la disputa con el fondo Burford.
El episodio, además, vuelve a colocar en primer plano una verdad difícil de soslayar: los dólares que hoy explican buena parte del superávit energético que exhibe la administración libertaria tienen su origen en aquella decisión política tomada en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner, con impulso de Axel Kicillof, avanzó sobre la recuperación del control estatal de la principal petrolera del país. Es decir, una medida que Milei cuestionó ideológicamente termina siendo, en los hechos, uno de los pilares que le aporta estabilidad a su programa económico.
La historia, sin embargo, no empieza en los tribunales de Estados Unidos ni en los despachos de la Casa Rosada actual. Su raíz está en el deterioro de YPF bajo control de Repsol y en un contexto energético que amenazaba con profundizar la dependencia externa de la Argentina. Para entonces, la compañía española ya había comenzado a replegar su estrategia local. Según información conocida en ámbitos vinculados al proceso, existían documentos internos de la firma que reflejaban con claridad dos decisiones de fondo: por un lado, el interés de concentrar inversiones en otros mercados; por otro, una posibilidad mucho más sensible, la de avanzar hacia una eventual venta de Vaca Muerta, uno de los activos energéticos más relevantes del país.
Ese escenario fue determinante. La salida de Repsol ya no era una especulación sino una orientación concreta de negocios, mientras en la Argentina se acumulaban señales de agotamiento productivo, caída de inversiones y un vaciamiento progresivo del potencial de la empresa. En ese contexto, la expropiación dejó de ser únicamente una bandera política para convertirse en una decisión estratégica vinculada a la soberanía energética. La discusión pública, no obstante, fue atravesada desde el inicio por una intensa ofensiva comunicacional. La empresa española contaba con fuerte influencia en el debate mediático y con interlocutores locales que replicaban, casi sin matices, los argumentos de su conducción encabezada por Antonio Brufau.
Durante aquellos meses se instalaron además relatos que con el tiempo quedaron severamente relativizados. Uno de ellos fue la idea de un ingreso abrupto y hostil del Estado a la sede de la petrolera. Lejos de aquella construcción dramática, la transición se produjo sin escenas de violencia institucional ni despliegues espectaculares. Altos funcionarios del Gobierno nacional fueron recibidos por directivos de la empresa en un marco de negociación y conocimiento mutuo de la situación. Repsol no fue sorprendida por un movimiento inesperado: conocía el nivel de desgaste de su posición y también el creciente malestar oficial por la administración de un recurso considerado clave.
Con el paso de los años, y particularmente desde que el grupo Eskenazi transfirió la demanda al fondo Burford en 2014, la disputa judicial fue consolidando una singular coincidencia de Estado. A pesar de los cambios de gobierno, las distintas procuraciones sostuvieron un criterio común de defensa. Ese dato, hoy, adquiere especial relevancia porque demuestra que la posición argentina no dependió de una coyuntura partidaria sino de una interpretación jurídica e institucional compartida. La estrategia, lejos de ser improvisada, fue construida con persistencia y con respaldo técnico a lo largo del tiempo.
Ese trabajo alcanzó un punto relevante cuando comenzaron a sumarse apoyos internacionales. Durante el gobierno de Alberto Fernández se inició una tarea diplomática y jurídica destinada a conseguir pronunciamientos de terceros países sobre el impacto que podía tener un fallo adverso para la Argentina. El resultado se consolidó en 2024, cuando distintos Amicus Curiae fueron presentados en respaldo de la postura nacional. Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay acercaron documentos ante la Justicia estadounidense, junto con presentaciones de provincias argentinas productoras de hidrocarburos, entidades profesionales y académicos especializados en derecho internacional y derecho interno.
Ese acompañamiento tuvo un valor que excede el expediente. Lo que expresaban esos apoyos era una preocupación de alcance regional e institucional: si la interpretación impulsada por la jueza Loretta Preska se consolidaba, no sólo quedaba comprometida la Argentina, sino que se abría una puerta riesgosa para la capacidad soberana de los Estados de tomar decisiones estratégicas sobre sus recursos y empresas. El eje del planteo era claro: el caso no debía haber sido juzgado en Estados Unidos únicamente por la cotización de YPF en ese mercado, y además existía una lectura equivocada de la legislación argentina en materia de expropiaciones y sociedades comerciales.
Esa misma línea argumental había sido sostenida incluso por funcionarios judiciales de administraciones no kirchneristas, lo que vuelve todavía más llamativas algunas declaraciones recientes de referentes opositores. La sentencia de la Corte de Apelaciones, en definitiva, no hizo otra cosa que convalidar una posición jurídica que el propio Estado argentino había defendido durante años con argumentos consistentes, incluso cuando quienes hoy buscan capitalizar el fallo mantenían otra actitud puertas adentro.
Allí aparece uno de los aspectos más delicados de esta trama. Mientras públicamente el Gobierno intentó presentar la decisión judicial como una derivación de su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y, en particular, con el universo republicano asociado a Donald Trump, los datos disponibles sugieren un panorama bastante diferente. Para empezar, la hipótesis de que el fallo respondió a simpatías ideológicas de la justicia norteamericana resulta endeble, cuando no directamente inconsistente. Más aún si se tiene en cuenta que, según trascendió, dos de los magistrados que se inclinaron a favor de la Argentina están identificados con posiciones más cercanas al Partido Demócrata, mientras que el voto disidente se ubicó en el universo republicano.
Pero la fragilidad de esa lectura no se agota allí. Lo más significativo es que, según distintas reconstrucciones, la administración de Milei no contaba con información precisa ni con señales firmes de que el desenlace sería favorable. Por el contrario, en paralelo a la tarea de los abogados y procuradores que continuaban sosteniendo la defensa histórica del Estado, en despachos oficiales se analizaban escenarios de pago, negociación o acuerdo con Burford. Es decir, mientras la estructura jurídica argentina seguía litigando en la misma dirección que había mantenido durante años, una parte del poder político evaluaba cómo cerrar el conflicto asumiendo una derrota.
Ese doble juego quedó expuesto a partir de distintos movimientos registrados desde el inicio de la gestión libertaria. El 19 de diciembre de 2023, apenas días después de la asunción presidencial, representantes vinculados a Burford fueron recibidos por el entonces procurador Rodolfo Barra. El motivo del encuentro fue la manifestación de la posición del fondo y de la administración concursal en torno a la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de ese año. Participaron, entre otros, enviados del estudio jurídico que patrocinaba a Burford y a los Eskenazi. La reunión, por sí sola, no constituye una irregularidad, pero sí revela que el vínculo existió y que la interlocución fue directa.
A eso se sumaron contactos sostenidos entre operadores del fondo y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el corazón de esas conversaciones aparecía una pregunta central: cómo construir una salida financiera al pleito. Según trascendió, el titular del Palacio de Hacienda llegó a evaluar distintas modalidades para afrontar un eventual acuerdo, con el objetivo de reducir el impacto económico de una condena que consideraban probable o, al menos, posible. El dato político es de alto voltaje: mientras el oficialismo buscaba instalar un relato épico sobre la defensa de YPF, parte de su propia estructura negociaba o proyectaba una capitulación parcial.
La contradicción es aún más profunda si se considera que Milei expresó en distintas oportunidades su rechazo a la estatización de YPF e incluso dejó entrever su voluntad de avanzar hacia esquemas de privatización. Sin embargo, el mismo Gobierno que repudió aquella decisión terminó celebrando, casi con alivio, un fallo que la validó de manera explícita. La escena tiene una dimensión casi paradójica: una administración que desconfía del rol estatal en la economía termina dependiendo, en uno de sus frentes más sensibles, de una de las intervenciones estatales más relevantes de las últimas décadas.
Y es precisamente en el terreno económico donde esa paradoja adquiere mayor espesor. La comparación entre el período previo y posterior a la recuperación de YPF ofrece un contraste elocuente. Entre 2002 y 2011, la producción de petróleo cayó de manera pronunciada, con un retroceso acumulado del 42 por ciento. Tras la expropiación, entre 2012 y 2015, esa tendencia se revirtió y la producción creció un 16 por ciento. En el caso del gas, el deterioro heredado también fue severo: durante el último tramo de Repsol, la caída rondó los 40 puntos, mientras que luego de la recuperación estatal la producción aumentó alrededor de un 25 por ciento.
El cambio no fue únicamente productivo. También se modificó el perfil inversor de la empresa. Repsol había dejado a YPF con un nivel de inversión algo superior a los 2.900 millones de dólares. Tras el regreso al control estatal, esa cifra prácticamente se duplicó: hacia 2015 alcanzó los 5.830 millones, lo que implicó un crecimiento cercano al 96 por ciento. En paralelo, se redujo drásticamente la distribución de dividendos para priorizar la reinversión en exploración, producción e infraestructura. Esa reorientación de recursos fue central para sentar las bases del desarrollo posterior de Vaca Muerta y para revertir, con el tiempo, el déficit energético que había comenzado a profundizarse en la etapa previa.
En otras palabras, la mejora de la balanza energética que hoy le permite al Gobierno mostrar resultados en materia de cuentas externas no surgió de la nada ni es fruto exclusivo de la coyuntura internacional. Tiene raíces estructurales en una redefinición estratégica ocurrida hace más de una década. La expansión de la producción no convencional, el incremento de exportaciones y el ingreso de divisas asociadas al sector son, en gran medida, consecuencias de aquella decisión política que hoy muchos prefieren relativizar o reinterpretar.
Por eso el fallo judicial no sólo representa una victoria procesal. También reactualiza una discusión de fondo sobre el papel del Estado, el control de los recursos estratégicos y la relación entre ideología y pragmatismo económico. La administración Milei quedó atrapada en una incomodidad difícil de disimular: necesita los dólares, la producción y el orden energético que ayudó a construir una medida que rechaza doctrinariamente. Y al mismo tiempo, quedó expuesta en sus movimientos reservados frente a un litigio que intentó presentar como propio cuando, en realidad, la defensa venía siendo sostenida desde mucho antes.
La sentencia de Nueva York, así, no sólo le dio aire a la Argentina en un frente judicial explosivo. También obligó a revisar una historia reciente en la que se cruzan soberanía, negocios, tribunales internacionales y disputas por el sentido político de una de las decisiones económicas más trascendentes del siglo XXI. En ese cruce, YPF volvió a demostrar que sigue siendo mucho más que una empresa: es un espejo incómodo de las contradicciones argentinas.
