Un fallo judicial ordena no innovar en el camposanto local tras el testimonio de una vecina que reveló el presunto enterramiento nocturno de decenas de personas sin identificar durante la última dictadura. La decisión del magistrado Martín Bava abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad y justicia en torno a uno de los mecanismos más aberrantes del terrorismo de Estado.
En una resolución que conmueve los cimientos de la memoria en la región, el juez federal Martín Bava ha determinado la implementación de una medida cautelar de no innovación en el cementerio de Villa Gesell, un espacio que se encuentra en el centro de una investigación estremecedora. La medida responde a la presunción de que en ese predio yacen los restos de personas que fueron arrojadas al mar durante los denominados “vuelos de la muerte”, la siniestra metodología implementada por la última dictadura cívico-militar argentina con el propósito de hacer desaparecer para siempre todo rastro de quienes permanecieron cautivos en centros clandestinos de detención.
La determinación judicial se sustentó en el relato aportado por una vecina de la zona, cuya declaración encendió una alarma que llevó a los querellantes a solicitar la urgente preservación del lugar. Marcela González, residente en Villa Gesell, se presentó el pasado 2 de marzo ante el magistrado para compartir un legado materno que había permanecido acallado por décadas. Según su testimonio, su madre, quien se desempeñaba en la Municipalidad desde 1975, fue comisionada a principios de los años ochenta para efectuar un relevamiento en el cementerio local, ante la evidencia de que numerosas sepulturas carecían de asiento en los registros oficiales.
“Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada”, relató González ante el juez, añadiendo que al consultar al entonces encargado del camposanto, Juan Carlos Dorrego, este le habría confesado que se trataba de personas que habían sido trasladadas en horario nocturno. En aquel diálogo, el empleado habría mencionado además la participación de un efectivo de la policía local como el responsable de transportar los cuerpos, e incluso señaló la existencia de una fosa donde descansaban los restos de dos individuos en un mismo entierro.
La mujer también dio cuenta de un careo posterior con ese agente policial, quien le habría confirmado su rol en aquellos traslados. A partir de aquella pesquisa inicial, la madre de González habría logrado identificar la presencia de al menos dieciocho tumbas anónimas, una de las cuales contenía dos cuerpos, lo que permitió estimar que la cifra de víctimas podría elevarse a diecinueve personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
La presentación de este testimonio movilizó de inmediato a los abogados querellantes Pablo Llonto y Gloria León, quienes impulsaron la solicitud de resguardo del área ante la constatación de que en la denominada “parte vieja” del cementerio se estaban llevando adelante tareas de exhumación. La fiscalía interviniente corroboró la existencia de un decreto de limpieza del año anterior que autorizaba remociones de sepulturas en tierra y nichos cuyos plazos de regularización habían vencido, lo que tornaba imperiosa la intervención judicial.
En ese escenario, el magistrado Bava evaluó como “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” dictar la paralización de cualquier obra o modificación en la sección L del cementerio municipal, así como en toda otra sepultura que hubiera sido abierta entre 1976 y 1983. El fallo no solo impide intervenciones en el terreno, sino que también ordena el secuestro de los libros de registro, la confección de un relevamiento exhaustivo de las parcelas no identificadas y la recopilación de información pormenorizada sobre todas las alteraciones realizadas en el camposanto desde su creación hasta la actualidad.
Este sábado, González profundizó su testimonio en una conferencia de prensa brindada en Villa Gesell junto a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Tuyú Sur. Allí confesó que su madre regresaba atemorizada de aquellas jornadas de inspección en el cementerio y que ella decidió honrar su silencio hasta después de su fallecimiento. “Es una cuestión de empatía, de que alguien pueda saber dónde están sus familiares desaparecidos”, expresó la mujer al justificar su decisión de romper el pacto de silencio que pesó durante décadas sobre aquel relevamiento.
La causa que conduce el juez Bava desde el Juzgado Federal de Dolores no se limita a este episodio. En noviembre de 2022, el magistrado ya había procesado a un exmagistrado, un médico policial, un exfuncionario del cementerio de General Lavalle y un grupo de agentes de la policía bonaerense por su participación en una trama destinada a encubrir la aparición de cadáveres en las costas, particularmente tras el hallazgo de catorce cuerpos entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978. Aquel suceso, que en su momento fue publicado por la prensa, motivó el viaje a Dolores de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Josefa “Pepa” Noia y Hebe Pavello, quienes solicitaron al juez poder acceder a los restos ante la posibilidad de que pertenecieran a sus hijos desaparecidos. Sin embargo, las Madres nunca fueron convocadas.
Los denominados “vuelos de la muerte” constituyen uno de los métodos más aberrantes empleados por la dictadura para deshacerse de la evidencia material de sus crímenes. Tal como confesara Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky, las autoridades de la Armada justificaban esta práctica como una “forma cristiana” de muerte tras haber consultado con representantes de la Iglesia. En los juicios por crímenes de lesa humanidad se logró acreditar que algunos de los cadáveres recuperados en diciembre de 1978 en la costa bonaerense correspondían a personas que habían permanecido secuestradas en el Olimpo, el centro clandestino de detención que funcionó en el barrio porteño de Floresta.
Investigaciones realizadas por las académicas Natalia Federman y Ximena Tordini, volcadas en el sitio web vuelosdelamuerte.org, dan cuenta de que entre abril de 1976 y abril de 1979 aparecieron al menos 76 cuerpos en las costas de las provincias de Buenos Aires y Uruguay. De ese total, 43 pudieron ser identificados. Entre ellos se encuentran los restos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, junto con los de la religiosa francesa Leonie Duquet y la militante Ángela Auad. Todas fueron secuestradas en diciembre de 1977 y trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por estos crímenes fueron condenados los pilotos de la Prefectura que comandaron el avión Skyvan PA-51, hallado en Estados Unidos gracias a la investigación periodística de Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo.
En 2022, la justicia federal de San Martín también dictó condenas contra la cúpula del Batallón de Aviación 601, responsable de los vuelos que partían desde Campo de Mayo. Ese fallo fue ratificado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal. En aquella oportunidad, el camarista Alejandro Slokar subrayó la potencia interpeladora de los cuerpos arrojados al mar: “Los cuerpos hallados en las costas resultan ser los que interpelan, los que rompen el pacto de silencio, los que convierten la sospecha en certeza y el horror en evidencia incontrastable de las prácticas genocidas de los ‘vuelos de la muerte’ llevados adelante por la última dictadura”.
Por su parte, la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, quien ha logrado condenas clave en la causa ESMA y en el expediente de Campo de Mayo, sostiene que “los denominados ‘vuelos de la muerte’, implementados como una práctica sistemática y generalizada de exterminio, han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas, y sus sentencias han sido confirmadas por instancias superiores. En ese contexto, los intentos de negacionismo carecen de sustento frente al avance consolidado de estos procesos”.
La medida cautelar dispuesta por el juez Bava no solo suspende cualquier intervención en el suelo del cementerio geselino, sino que también habilita un camino hacia la apertura de fosas que podrían contener la última respuesta para familiares que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos. En un contexto donde la justicia federal ha consolidado una vasta estructura probatoria sobre la existencia y el modus operandi de los vuelos de la muerte, cada nuevo hallazgo en lugares como este cementerio se erige como un eslabón más en la cadena de la memoria que la dictadura intentó fracturar para siempre.
