En un fallo contundente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó los argumentos del Ejecutivo nacional, al que calificó de “pocos serios”, y lo conminó a ejecutar la recomposición salarial y la actualización de becas. La comunidad educativa celebró la medida mientras aguarda una respuesta de la Casa Rosada, que analiza llevar el caso a la Corte Suprema.
En una nueva demostración de los límites impuestos por el Poder Judicial a las pretensiones del gobierno de Javier Milei, la Justicia volvió a interceptar los intentos del Ejecutivo por soslayar la voluntad del Congreso. Así como ocurrió en el caso de la ley de Emergencia en Discapacidad, esta vez la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Estado nacional a dar estricto cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución, los magistrados no solo avalaron la exigencia de recomponer salarios y actualizar becas, sino que además descalificaron los planteos del oficialismo, tildándolos de “pocos serios” y carentes de solidez jurídica.
Los jueces de la Sala III pusieron bajo la lupa los argumentos esgrimidos por La Libertad Avanza para sustraerse a lo dispuesto por el legislativo, una norma que fue votada por el parlamento y posteriormente ratificada tras un veto presidencial. En su análisis, los camaristas detectaron falencias sustanciales en la postura del gobierno. “Resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta”, señalaron en el texto del fallo, con el cual confirmaron la obligación de la administración central de acatar los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización de los haberes docentes y no docentes, así como al incremento de las becas estudiantiles.
La decisión judicial despertó de inmediato una ola de reacciones en el arco universitario. Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó el pronunciamiento como un respaldo esperado. “El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos”, expresó en diálogo con este medio, al tiempo que remarcó que la resolución “ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior”. Desde el organismo que agrupó a las universidades en el amparo presentado ante la negativa original del gobierno a implementar la norma —alegando falta de previsión de recursos—, consideraron que la cautelar confirmada sienta un precedente crucial.
En efecto, tanto el juez federal de primera instancia Enrique Cormick como sus pares de la alzada hicieron hincapié en un dato técnico que desmonta el principal argumento esgrimido desde el Ejecutivo: el impacto fiscal estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso representa apenas el 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Los magistrados destacaron que dicha cifra “representaba un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”, desestimando así la supuesta inviabilidad económica que el gobierno había esgrimido como excusa para su incumplimiento.
El eco de la resolución también se sintió en los gremios docentes, cuyos representantes advirtieron que llegó el momento de traducir en hechos concretos lo que ya tiene validez jurídica. Federico Montero, dirigente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), sostuvo que el “Gobierno se jugó muchas fichas en la pulseada y ahora tiene que cumplir” hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El dirigente especificó que la medida implica “pagar el aumento sustancial de las becas y los gastos vinculados con los salarios, que representarían un aumento del orden del 50 por ciento para docentes y no docentes. Serían unos 200.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país”. En la misma línea, la secretaria General de Conadu Histórica, Francisca Staiti, contextualizó la urgencia de la situación al afirmar que “en estos dos años y medio, Milei vino a destruirnos el salario y ahora tiene que recomponerlo”, y condicionó una salida definitiva a “la voluntad política” del gobierno para convocar a paritarias trimestrales basadas en los índices oficiales.
El fallo también abarca un aspecto central para el sostenimiento de los estudiantes: las becas. Actualmente, los jóvenes que dependen de los incentivos nacionales —como las Progresar, a cargo de Anses, o las Manuel Belgrano— perciben montos que desde la Federación Universitaria Estudiantil (FUA) consideran absolutamente desactualizados. La organización impulsora de la ley advirtió que no cesarán en sus reclamos hasta que se concrete la mejora en esos estipendios. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, fue categórico al señalar que “no vamos a dejar de protestar y a movilizarnos hasta que no esté resuelta la cuestión material”, y lanzó una advertencia directa al primer mandatario: “ahora la pelota la tiene Milei y que si no se cumple con la Justicia” volverán a las calles.
Pese a la contundencia del pronunciamiento judicial, desde el entorno gubernamental anticiparon que presentarán un recurso federal extraordinario con el objetivo de elevar la discusión a la Corte Suprema. Esta eventualidad fue rápidamente cuestionada por referentes del ámbito universitario. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que no cumplir la orden “es un caso de gravedad institucional sin precedentes” y sostuvo que “aún si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas”. En el seno del Frente Universitario, además, se alertó que si el gobierno persiste en su negativa a acatar el fallo, podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La argumentación de los jueces fue particularmente incisiva al cuestionar la estrategia del oficialismo. Los camaristas Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán se preguntaron en su dictamen si el Poder Ejecutivo podría sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso. La respuesta que se dieron fue concluyente: “Es claro que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, podría decirse —en este análisis preliminar de la cuestión— que la respuesta sería negativa”. Los magistrados también respaldaron los argumentos del juez de grado sobre “el deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”, y subrayaron que el magistrado de primera instancia había “sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la parte actora de no concederse la medida solicitada”, en una clara alusión a la afectación del derecho a enseñar y aprender.
El contexto en el que se inscribe esta batalla legal es crítico. Diversos informes revelan que la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes ha alcanzado niveles alarmantes. Un estudio presentado por autoridades de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ante el CIN muestra que el deterioro del poder adquisitivo equivale a la pérdida de 7,3 salarios mensuales entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, dejando los sueldos universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los peores desde el retorno de la democracia. El mismo relevamiento indica que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 por ciento desde la asunción de La Libertad Avanza, un recorte inédito para los gastos de funcionamiento.
Germán Pinazo, vicerrector de la UNGS, puso en números la contradicción que observa en la política económica del gobierno. “Lo que se necesita para que este año se cumpla la ley es el equivalente al 0,36 por ciento del PBI, que es la diferencia entre el presupuesto universitario actual y el que correspondería con la Ley. El Gobierno dice que no tiene plata para eso y, a la vez, en el proyecto de Modernización Laboral le dijo al Congreso que podía dejar de recaudar el doble. Es una provocación”, expresó con crudeza.
En este escenario de tensión, los sindicatos mantienen activas las medidas de fuerza. Ayer, los gremios no docentes protagonizaron un paro universitario con movilizaciones en distintos puntos del país. Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), confirmó un alto acatamiento de la protesta “ante el desamparo del Gobierno Nacional que ha elegido como enemigo al sistema universitario”. El dirigente sindical advirtió que “están logrando que todo lo que hemos logrado se esté perdiendo porque no cumplen con las leyes”. En tanto, una situación particular generó controversia en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, donde desde sus canales oficiales se difundió un comunicado anunciando el descuento de los días de paro, una decisión que los gremios rechazaron de plano. Ileana Celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docente de la UBA, cuestionó: “Hablan de la emergencia salarial y se supone que defienden la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, amenazan con los descuentos que en los hechos es negar el derecho de huelga. Por otro lado, lo que exigimos es que nos paguen una deuda que está establecida desde la reglamentación de la ley”.
