Cerca del centenar de voces del ámbito académico transformó la vereda en un aula abierta, desafiando con argumentos la opulencia del jefe de Gabinete, en medio de un operativo de seguridad que evidenció la tensión entre el saber colectivo y los privilegios individuales.
En el corazón de uno de los barrios donde el valor del suelo se eleva hasta cifras siderales, un tramo de la calle Miró se convirtió en el escenario de una postal cargada de simbolismo. Allí, donde las torres modernas se erigen como sinónimo de exclusividad, un grupo cercano al centenar de educadores y alumnos decidió plantar bandera. No lo hicieron con piedras ni consignas vacías, sino con pupitres desafiando al asfalto, tizas imaginarias trazando conceptos en el aire y una voluntad férrea de demostrar que hay bienes que no cotizan en el mercado inmobiliario.
La convocatoria, que nucleó a integrantes de la Facultad de Filosofía y Letras en conjunto con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FEDUBA) y la Asociación Gremial Docente, tuvo un objetivo tan preciso como provocador: ocupar simbólicamente la vereda contigua a la residencia del más alto funcionario del Ejecutivo. A pocos metros de la puerta del departamento que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber adquirido recientemente —una adquisición que actualmente se encuentra bajo la lupa de la justicia por posibles irregularidades patrimoniales—, la comunidad educativa desplegó una clase pública que sus organizadores calificaron, con intención deliberada, de “magistral”.
La jornada, más que un acto de protesta, se erigió como una cátedra abierta destinada a interpelar los cimientos del modelo de sociedad. El encargado de llevar la voz cantante fue Horacio Banega, titular de la cátedra de gnoseología, quien utilizó su exposición para desmenuzar una premisa que consideró central: cuando se intenta reducir el conocimiento a una simple mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, las consecuencias son invariablemente desastrosas. Desde su perspectiva, el saber liberado de aranceles no solo constituye un derecho para quienes transitan los claustros, sino que se erige como un pilar indispensable para el conjunto de la estructura social. Cada palabra pronunciada en ese escenario improvisado buscó grabar a fuego la idea de que el financiamiento estatal dedicado a la educación retorna a la comunidad multiplicado en movilidad social, pensamiento crítico y soberanía intelectual.
Mientras las voces de los docentes y la atención de los estudiantes teñían de contenido democrático la acera, a escasos metros se desplegaba un operativo de seguridad que parecía pertenecer a otra narrativa. Siete imponentes camiones de la infantería permanecían estacionados en las inmediaciones con sus motores en quietud amenazante, mientras un cordón no menor a treinta efectivos de la policía federal custodiaba el perímetro del edificio donde reside el funcionario. La imagen de aquellos jóvenes recostados sobre sus cuadernos, discutiendo epistemología bajo la atenta mirada de un operativo táctico, sintetizó con crudeza las grietas que atraviesan el presente: por un lado, la apuesta a la construcción colectiva del pensamiento; por el otro, la blindada protección de una fortuna personal cuya legitimidad se encuentra bajo escrutinio judicial.
Los organizadores destacaron que la elección del lugar no fue azarosa. Frente a la opacidad de ciertos patrimonios que crecen a la sombra del poder, la respuesta fue la transparencia del debate público. En un barrio donde el metro cuadrado alcanza precios récord, la comunidad universitaria reivindicó un territorio que no puede ser comprado ni vendido: el de la educación como bien común. La clase se desarrolló sin incidentes, aunque la tensión flotaba en el aire, condensada en la cercanía de dos concepciones antagónicas sobre el destino de los recursos y el rol del Estado.
El cierre de la jornada encontró a los manifestantes recogiendo los pupitres con la parsimonia de quien sabe que la lucha por la universidad pública no se agota en una jornada. Las consignas pintadas en los carteles —defendiendo el presupuesto educativo, repudiando la especulación y exigiendo coherencia a los funcionarios— quedaron guardadas, pero el mensaje resonó con claridad en la zona más cara de Caballito. Mientras los efectivos comenzaban a replegarse lentamente, el eco de las palabras de Banega persistió en la vereda: la educación, cuando es concebida como un derecho y no como una mercancía, no solo transforma a quienes reciben el conocimiento, sino que erige las bases de una sociedad más justa para todos. La lección, impartida a la intemperie y bajo la sombra del lujo oficial, quedó así asentada como un gesto político y pedagógico de profundas implicancias.
