A medida que avanzan las indagaciones, el crecimiento exponencial de los bienes del jefe de Gabinete se tiñe de sospechas. Desde un departamento en Caballito adquirido por un valor muy inferior al de mercado hasta una suntuosa vivienda con custodia federal, pasando por créditos otorgados por personas que dicen no conocerlo, el expediente se engrosa mientras la justicia ordena nuevas pericias. Lo que el vocero presidencial atribuye a la gestión, los documentos y los expertos contradicen con cifras que evidencian un salto patrimonial difícil de justificar.
Cuando Manuel Adorni sale a brindar explicaciones o se filtran los documentos vinculados a su patrimonio, lejos de aclarar el panorama, el funcionario parece enredarse en una madeja de contradicciones que profundizan las sospechas en su contra. Según consta en los registros oficiales, el amplio departamento de 200 metros cuadrados que ocupa en la calle Miró, el cual incluye una cochera, fue escriturado por el jefe de Gabinete en noviembre de 2025 por un total de 230.000 dólares. Esta operación implica un costo de mil dólares por cada metro cuadrado, más una suma adicional de 30.000 dólares por el espacio de estacionamiento.
Sin embargo, esta cifra choca de manera frontal con la realidad del mercado inmobiliario porteño. Especialistas del sector consultados por este diario fueron contundentes al señalar que resulta una utopía adquirir una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un valor inferior a los 2.000 dólares el metro cuadrado. En el caso puntual de esa zona de Caballito y considerando las características del edificio, los analistas estimaron que el precio real por metro cuadrado debió haber rondado los 3.000 dólares, aunque con un piso de 2.500. Esta valuación sugiere una conclusión escalofriante: lo que Adorni declaró en 230.000 dólares tendría un valor real de mercado que, como mínimo, alcanzaría los 500.000 dólares.
Pero el mecanismo de financiación de esta adquisición resulta aún más desconcertante que la discrepancia en el precio. El 87 por ciento del dinero necesario para concretar la compra provino de un préstamo otorgado por dos mujeres. Lo que eleva la extrañeza del caso a un nivel mayúsculo es que, al ser consultadas por la prensa, ambas manifestaron un absoluto desconocimiento acerca de quién es Manuel Adorni, negando incluso haberle facilitado fondos con una hipoteca. Esta versión, que los investigadores califican de insostenible, impregna el caso con un aroma a presunta simulación.
Mientras tanto, la diputada Marcela Pagano ha sumado un nuevo capítulo a la controversia al presentar otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La parlamentaria puso la mira en una residencia de dimensiones gigantescas ubicada en el partido de San Isidro, que según los vecinos es frecuentada por el funcionario. Un dato que refuerza la presunción es que esta vivienda de lujo cuenta con custodia asignada por la Policía Federal, un privilegio inusual para un inmueble que oficialmente no pertenecería a Adorni.
Ante este cúmulo de evidencias, la justicia ya ha comenzado a moverse con celeridad. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que abarcan tanto las propiedades en cuestión como los viajes realizados por el funcionario. Este lunes, el magistrado resolvió delegar la causa en el fiscal, quien ya puso en marcha las diligencias. En términos prácticos, esta decisión implica que Adorni se encuentra en la necesidad imperiosa de contratar un patrocinio letrado para comparecer en el expediente judicial que se sigue en su contra.
La evolución de un patrimonio que no conoce la austeridad
Para dimensionar el salto cualitativo y cuantitativo en el nivel de vida del vocero, basta con repasar su situación patrimonial al momento de asumir el cargo. En aquel entonces, Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, residían en un inmueble de 115 metros cuadrados en el barrio de Parque Chacabuco. A su vez, el funcionario declaraba otra unidad a su nombre en La Plata, de 107 metros, adquirida en 2016. En los registros figura también una propiedad perteneciente a su esposa en el barrio de Parque Avellaneda, comprada al Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
La pareja abonó el saldo total de esa operación en el año 2024, es decir, cuando Adorni ya se desempeñaba en la función pública, lo que evidencia una repentina capacidad de ahorro. En sus declaraciones juradas, también consignaron vehículos de gama media como un Renault Captur modelo 2019 y una Jeep Compass Sport adquirida en 2024, además de ahorros por aproximadamente 50.000 dólares y fondos de inversión que rondan los 10 millones de pesos.
Sin embargo, la verdadera transformación se evidencia con la adquisición del departamento de la calle Miró —que pese a haberse escriturado en 230.000 dólares tendría un valor real de al menos medio millón— y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, valuada en no menos de 300.000 dólares. Ninguna de estas dos propiedades figura en su declaración patrimonial. Ante las consultas de la prensa, el funcionario se limitó a argumentar que aún dispone de un margen temporal para actualizar la declaración correspondiente al ejercicio 2025.
Las aristas más oscuras del caso surgen de la operatoria utilizada para la compra en la calle Miró. Un periodista que se presentó en el domicilio de Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, le preguntó si conocía a Manuel Adorni. La respuesta fue un contundente “la verdad, no”. Un intento similar con Claudia Szabo, de 64 años, arrojó el mismo resultado: desde su línea telefónica negaron cualquier vínculo con el funcionario o con la hipoteca otorgada. La conclusión que emerge del análisis es que Adorni habría adquirido el inmueble en abril de 2025, y que las dos mujeres podrían haber actuado como testaferros para simular un crédito que, por su estructura, resulta inverosímil en el mundo financiero real.
Gastos siderales y la sombra de una dádiva
La presunta opulencia de Adorni no se limita a la acumulación de bienes. Gastos como el pasaje de regreso de su esposa desde Nueva York, que ascendió a unos 5.000 dólares, o un viaje familiar a Punta del Este durante el fin de semana de carnaval, que totalizaría otros 9.000 dólares, dibujan un estilo de vida alejado de la austeridad que pregona el gobierno. A esto se suman erogaciones mensuales en tarjetas de crédito que, según cálculos de la denunciante Marcela Pagano, alcanzarían los 17 millones de pesos, sin contar las expensas del country que superan los 800.000 pesos.
En su presentación más reciente, Pagano solicitó investigar si la mansión de San Isidro pertenece al funcionario. El chalet, de importantes dimensiones y ubicado en un punto clave de la zona norte, está inscripto a nombre del empresario Álvaro Castro Burgueño desde abril de 2025. La diputada vinculó esta operación con el escándalo de la criptomoneda “Libra”, señalando que Castro Burgueño está dedicado a la tokenización del mercado inmobiliario.
Paralelamente, la investigación judicial avanza en varios frentes. El fiscal Pollicita ha solicitado informes a los registros de la propiedad de la Ciudad y la Provincia, al municipio de Exaltación de la Cruz y al country Indio Cuá, en busca de documentación sobre propiedades, permisos de construcción y recibos de expensas. En lo que respecta a los viajes, se requirió a Migraciones un detalle de todas las salidas del país de Adorni y su esposa desde 2022 hasta la fecha.
Un punto crítico en la causa es la versión aportada por un broker de vuelos y su secretaria, quienes aseguran que los traslados en avión privado no fueron pagados por el funcionario, sino por un amigo con contratos estatales. La secretaria fue enfática al declarar que el conductor le pidió expresamente que no le emitieran factura por el servicio. Esta situación abre la puerta a la hipótesis de una posible dádiva, contradiciendo la versión oficial de que Adorni había costeado esos viajes.
A simple vista, la evolución del nivel de vida desde que Adorni asumió como vocero primero y luego como jefe de Gabinete resulta notoria y difícil de ocultar. Se ha pasado de un departamento adquirido mediante un crédito social a poseer, al menos, cuatro propiedades de alta gama. Es evidente que antes de ingresar a la función pública, ni él ni su esposa tenían la capacidad económica para viajar a Punta del Este en avión privado ni para sostener el nivel de gastos en tarjetas de crédito que hoy registran.
Si se tratara de dirigentes de la oposición, es casi seguro que desde la propia administración libertaria se les calificaría despectivamente como parte de la “casta”. Sin embargo, en este caso, la paradoja es cruel: cada nuevo elemento que surge en la investigación no hace más que consolidar las sospechas de enriquecimiento ilícito, agravando la situación del funcionario a medida que pasan los días.
