Un alumno asesinó a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho en un establecimiento educativo de Santa Fe. El suceso, que no se registraba con estas características desde hacía más de dos décadas, ocurre en paralelo a la desregulación del acceso a armamentos promovida por el gobierno nacional, en medio de un encendido discurso oficial que favorece la portación.
La mañana del lunes en la Escuela N°40 Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, al oeste de la provincia de Santa Fe, se convirtió en una escena de pánico y desolación cuando un alumno de apenas quince años irrumpió en el edificio con una escopeta oculta en el estuche de una guitarra y abrió fuego contra sus propios compañeros. El saldo fue devastador: Ian Cabrera, un estudiante de trece años, perdió la vida a causa de los disparos, mientras que otros ocho adolescentes sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser hospitalizados. El episodio, que conmocionó a la comunidad educativa y al país entero, representa un hito trágico en la historia reciente de Argentina, donde no se tenía registro de un hecho de similares características desde el ataque perpetrado en Carmen de Patagones en 2004, hace ya veintidós años.
El ataque comenzó minutos después de las siete y veinte, en el momento en que la mayoría de los estudiantes se congregaban en el patio interno del colegio para participar del izamiento de la bandera. Según testimonios recogidos entre los presentes, el agresor llegó con el arma camuflada, irrumpió en el espacio sin generar sospechas y, de manera repentina, profirió una exclamación antes de accionar el disparador. La confusión inicial dio paso rápidamente al horror: los jóvenes intentaron huir despavoridos mientras algunos rompían vidrios en su desesperación por escapar. El atacante continuó su accionar en el baño de varones, hasta que un preceptor logró reducirlo y desarmarlo. Una alumna de quinto año relató en una entrevista radial que el chico apareció cuando todos bajaban para el acto matutino y, sin mediar palabra previa, gritó “sorpresa” y comenzó a efectuar los disparos.
Compañeros del adolescente detenido lo describieron como un muchacho “tranquilo”, señalando que jamás había mostrado actitudes violentas ni conflictos con sus pares, lo que tornó aún más incomprensible su accionar. Mientras tanto, las víctimas debieron ser asistidas de urgencia. Seis de los heridos fueron atendidos en la guardia del hospital local, mientras que otros dos requirieron derivación al Hospital Regional de Rafaela Dr. Jaime Ferré. Uno de ellos, también de trece años, fue trasladado posteriormente al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” en la capital provincial, donde quedó internado en una unidad de cuidados especiales bajo estricta supervisión, aunque sin necesidad de intervención quirúrgica hasta el momento. El otro afectado permaneció en sala de internación general en Rafaela, con una evolución estable de sus lesiones superficiales, según informaron fuentes médicas.
La investigación del caso quedó en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo y el fiscal Mauricio Spinosa, ambos pertenecientes a la Fiscalía Regional de Rafaela. Los pesquisas lograron identificar al propietario del arma utilizada en el ataque: el abuelo del adolescente, quien tenía la escopeta en su domicilio hasta la víspera del suceso, según confirmó la Policía de Santa Fe.
Sin embargo, más allá de las aristas judiciales inmediatas, la tragedia reavivó con crudeza un debate que parecía soterrado pero nunca había cesado por completo: el de la creciente facilidad para acceder a armas de fuego en la Argentina. Especialistas consultados por este diario advirtieron que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de marcada flexibilización de las políticas de control impulsadas por el gobierno de Javier Milei, acompañado por un discurso oficial que ha normalizado y hasta enaltecido la tenencia de armamentos.
Julián Alfie, integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), fue tajante al señalar que “el riesgo de morir en un tiroteo en la escuela es un peligro que el gobierno agudizó directamente con sus políticas y con su discurso”. Alfie recordó que durante la gestión actual se redujo la edad mínima para la tenencia de armas de veintiuno a dieciocho años, se habilitaron mecanismos de acceso exprés a distintos tipos de armamentos —incluyendo fusiles semiautomáticos— y se desarticuló la Agencia de Control de Armas de Fuego, organismo clave en la regulación. “No es casual que después de veintidós años estemos hablando de un chico muerto en una escuela por el uso de un arma de fuego”, enfatizó.
El especialista trazó un contraste con el período posterior a la masacre de Carmen de Patagones en 2004, cuando en 2006 se declaró la emergencia nacional en materia de violencia con armas de fuego y se puso en marcha una serie de políticas públicas que se consolidaron como una política de Estado durante casi dos décadas, con continuidad más allá de los signos políticos de los distintos gobiernos. Alfie advirtió que ese entramado de controles comenzó a ser desmantelado sistemáticamente, y las consecuencias empiezan a evidenciarse en hechos como el de San Cristóbal. Además, subrayó la gravedad de que las máximas figuras del poder ejecutivo promuevan activamente la portación de armas: el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich han manifestado en reiteradas ocasiones su postura favorable a que los ciudadanos puedan andar armados.
El episodio también reflotó la discusión en torno a la nueva Ley Penal Juvenil, aunque su aplicación para este caso resulta imposible dado que la norma entrará en vigencia recién ciento ochenta días después de su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 9 de marzo. La abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni explicó que, incluso si pudiera aplicarse, no representaría una solución efectiva. “No se repararía nada porque implica llegar tarde: no resuelve el dolor de la familia de la víctima ni indagaría en la causalidad que hizo que un pibe de quince años decidiera ingresar a la escuela, disparar y matar a un compañero”. Cesaroni aclaró que la provincia de Santa Fe cuenta con un sistema procesal penal juvenil vigente, anterior a la ley nacional, que permite una investigación interdisciplinaria para esclarecer los hechos, pero sin posibilidad de imponer una pena privativa de la libertad al adolescente.
Mientras tanto, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, anunció durante la mañana del lunes que un grupo de ministros se trasladaría a San Cristóbal con el doble objetivo de contener a la familia y a la comunidad educativa, y de activar el proceso penal sobre el victimario. Esta última expresión fue interpretada por diversos medios como una señal favorable a la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. Sin embargo, horas después, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, precisó que el adolescente “no es punible”, despejando las especulaciones.
En la misma línea crítica hacia las políticas de desregulación, la investigadora del Instituto Gino Germani y del Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias En Foco, Mariana Galvani, sostuvo que “si hay más armas circulando, va a haber más incidentes”. Galvani remarcó que cuando una persona dispone de un arma de fuego, cualquier conflicto se dirime en un plano de vida o muerte, y advirtió que el gobierno nacional imita la lógica estadounidense, a pesar de que la evidencia internacional demuestra que ese modelo conduce a mayores tasas de homicidios y a una escalada de violencia juvenil.
Alfie concluyó con una reflexión que apunta al corazón de las políticas estatales: “Si le diéramos a elegir a los chicos que sufrieron esta situación qué tipo de postura querrían que tomara el Estado, seguramente dirían que un Estado que no esté pensando en cómo castigar a un chico de quince años, sino que fuera capaz de identificar y evitar que las armas de fuego lleguen a manos de chicos de su edad para que no vuelva a ocurrir algo así”. La tragedia de San Cristóbal, con su saldo de un adolescente muerto y ocho heridos, quedó así como un punto de inflexión que interpela tanto al sistema judicial como a las decisiones gubernamentales en materia de seguridad y control de armamentos.
