Comunidades mapuches, legisladores y especialistas advierten sobre la adquisición de miles de hectáreas por sociedades vinculadas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El debate por la reforma de la legislación sobre tierras rurales reaviva la discusión sobre la soberanía, los recursos naturales y los derechos territoriales indígenas.
La creciente presencia de capitales extranjeros en la Patagonia volvió a instalar un intenso debate político, judicial y social en la Argentina. En Río Negro, comunidades mapuches, dirigentes políticos y especialistas en políticas territoriales alertan sobre un acelerado proceso de adquisición de extensas superficies de tierra ubicadas en zonas de alto valor estratégico, ambiental y geopolítico, mientras el Congreso nacional se prepara para discutir una profunda modificación de la legislación que regula la propiedad rural en manos extranjeras.
El caso que concentra la mayor atención es el que enfrenta a la Lof Cayunao con el fideicomiso Amaike, una estructura empresarial vinculada a capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos. La comunidad sostiene que las tierras en conflicto forman parte de su territorio ancestral y son utilizadas históricamente durante las temporadas de veranada, mientras que el fideicomiso promovió una causa judicial por presunta usurpación de unas 14.000 hectáreas situadas en la zona de las altas cumbres cordilleranas de Río Negro.
Durante el juicio realizado en abril de 2026 se produjo una declaración que alimentó aún más la controversia. El empresario argentino y exjugador de polo Hugo Barabucci, accionista de la compañía, reconoció bajo juramento que la compra de los campos había sido financiada mediante una donación realizada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Según su testimonio, el aporte rondó los dos millones de dólares, una revelación que abrió nuevos interrogantes acerca del verdadero origen de las inversiones y del papel que desempeñan gobiernos extranjeros detrás de sociedades radicadas formalmente en la Argentina.
Para Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche, la disputa excede ampliamente un conflicto de propiedad. La dirigente denunció que los sectores adquiridos corresponden precisamente a los espacios considerados más valiosos desde el punto de vista ambiental y cultural.
«Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos. Son las altas cumbres, las nacientes de agua, las orillas de los ríos. Ni siquiera esos espacios están siendo respetados», sostuvo durante el proceso judicial.
Mientras tanto, la discusión parlamentaria sobre la modificación de la denominada Ley de Tierras incrementó la preocupación de organizaciones territoriales, que rebautizaron el proyecto oficial como la «Ley de Extranjerización de la Tierra», al considerar que flexibilizaría significativamente los controles vigentes sobre la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.
En ese contexto, la diputada provincial rionegrina Magdalena Odarda, autora de un proyecto destinado a revisar las operaciones vinculadas al Estado emiratí, afirmó que el fenómeno experimentó un cambio cualitativo.
Según explicó, ya no se trata únicamente de empresarios privados, fondos de inversión o grandes corporaciones internacionales, sino de Estados extranjeros que adquieren tierras mediante sociedades comerciales, fideicomisos y empresas interpuestas constituidas con ciudadanos argentinos, mecanismos que, a su entender, permiten eludir las restricciones establecidas por la legislación vigente.
La legisladora prepara además un pedido de informes ante la Inspección General de Justicia con el objetivo de conocer la verdadera composición accionaria de diversas empresas involucradas en estas operaciones inmobiliarias.
Las estimaciones difundidas por investigadores y periodistas especializados indican que, durante la última década, entre 60.000 y 70.000 hectáreas de Río Negro habrían quedado bajo control de inversiones relacionadas con Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar.
Gran parte de esos territorios se encuentran ubicados en sectores considerados estratégicos por su riqueza ambiental: cordillera, bosques nativos, nacientes de agua dulce, zonas de frontera y costa atlántica.
En el caso de Qatar, se atribuye al Estado de ese país la propiedad de unas 10.000 hectáreas destinadas al desarrollo de un exclusivo complejo de esquí de montaña, equipado con infraestructura energética propia gracias a la construcción de microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas mediante concesiones provinciales de largo plazo.
Las inversiones qataríes comparten además una ubicación geográfica privilegiada junto a otras grandes propiedades privadas de la región, entre ellas las pertenecientes al empresario británico Joe Lewis y los desarrollos impulsados por inversores emiratíes.
Las versiones periodísticas también vinculan la concreción de esas operaciones con gestiones realizadas por el extenista Gastón Gaudio, mientras que la cercanía política y personal entre autoridades qataríes y el expresidente Mauricio Macri volvió a ocupar espacio dentro del debate público.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos habría concentrado más de 50.000 hectáreas distribuidas entre la cordillera y la costa atlántica rionegrina.
Entre esos emprendimientos sobresalen establecimientos destinados al turismo de lujo, cotos de caza mayor, complejos de alojamiento exclusivo y una pista aérea privada de dimensiones comparables a las del aeropuerto de Bariloche, construida en la zona de Bahía Dorada.
Detrás de estas adquisiciones aparece una compleja estructura societaria integrada por empresas como Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A. y Diuna Inmobiliaria, cuyos paquetes accionarios, según la documentación analizada por Odarda, fueron pasando progresivamente de manos argentinas a ciudadanos emiratíes.
Uno de los casos más significativos corresponde a Manzil S.A., cuya totalidad accionaria terminó bajo control de Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, dos empresarios estrechamente vinculados al poder político de Emiratos Árabes Unidos.
El primero es un general retirado que presidió el Consejo Nacional Federal del país árabe, mientras que el segundo es señalado como uno de los hombres de mayor confianza del presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
Precisamente, la visita privada que el mandatario realizó a la Patagonia en febrero de 2026, acompañado por una numerosa delegación superior a las doscientas personas, generó múltiples especulaciones en el ámbito político provincial.
Aunque no existen pruebas que permitan establecer otros objetivos más allá de una visita privada, algunos dirigentes consideran llamativa la magnitud del operativo y la coincidencia temporal con la creciente tensión militar que atravesaba Medio Oriente.
Odarda manifestó públicamente que la presencia del mandatario alimenta interrogantes sobre el interés estratégico que podrían tener determinados Estados en la Patagonia como posible zona de resguardo frente a escenarios internacionales de conflicto, aunque aclaró que esa interpretación corresponde a una hipótesis personal y no cuenta con confirmación oficial.
En paralelo, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, publicó un relevamiento que señala que alrededor del cinco por ciento del territorio argentino, equivalente a más de 13 millones de hectáreas, se encuentra actualmente en manos de capital extranjero.
Sin embargo, los especialistas sostienen que la principal preocupación no radica exclusivamente en la cantidad de superficie transferida, sino en la localización de esas tierras, que coinciden con áreas de enorme importancia para la disponibilidad futura de agua, biodiversidad, recursos naturales y control territorial.
Los investigadores destacan además que la legislación vigente todavía permite que hasta un 15 por ciento de las tierras rurales permanezcan bajo propiedad extranjera, motivo por el cual cuestionan la necesidad de eliminar restricciones cuando aún existe un amplio margen legal para nuevas adquisiciones en buena parte del país.
Según explican, los verdaderos límites aparecen precisamente en aquellos departamentos y provincias donde la participación extranjera ya alcanzó niveles elevados, especialmente en regiones cordilleranas y zonas próximas a corredores estratégicos como la cuenca del río Paraná.
En Río Negro, la preocupación por este fenómeno no es reciente. Ya en 2017 la provincia había detectado que el departamento de Bariloche superaba el 21 por ciento de tierras extranjerizadas, situación que derivó en la sanción del Decreto 1154/17, destinado a restringir nuevas compras mediante límites específicos de superficie.
Especialistas también recuerdan que el proceso de concentración territorial comenzó durante la década de 1990 con la venta de tierras fiscales a precios considerados irrisorios y se profundizó posteriormente con el Decreto 820/2016, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri.
Esa modificación flexibilizó aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales, elevando del 25 al 51 por ciento el porcentaje accionario necesario para considerar extranjera a una sociedad comercial, cambio que facilitó nuevas estructuras de inversión mediante empresas constituidas en el país.
Para las comunidades indígenas, el conflicto posee además una dimensión histórica.
Durante el juicio contra la Lof Cayunao, Soledad Cayunao describió cómo los cambios de propiedad alteraron profundamente la vida cotidiana de quienes habitan el territorio.
Explicó que lagunas, montañas y nacientes de agua representan espacios ceremoniales esenciales para la cosmovisión mapuche y denunció que actualmente existen controles armados, restricciones para pescar y sistemas de vigilancia que, según afirmó, impiden el libre acceso a lugares utilizados tradicionalmente por la comunidad.
El werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, sostuvo que el debate excede la discusión sobre títulos de propiedad y remite al histórico despojo territorial sufrido por los pueblos originarios.
Recordó además que actualmente impulsan una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esa situación y advirtió que cualquier política pública vinculada a la tierra deberá contemplar los derechos indígenas reconocidos por la legislación nacional e internacional.
Mientras avanza la discusión legislativa, organizaciones sociales, ambientalistas y especialistas sostienen que la reforma propuesta modificaría aspectos centrales del régimen vigente.
Entre los cambios más cuestionados figuran la eliminación del límite nacional, provincial y departamental para la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo por nacionalidad, la desaparición de los topes máximos de superficie, la posibilidad de adquirir zonas con nacientes y fuentes de agua, y la derogación de restricciones históricas aplicadas en áreas de frontera.
Para el Observatorio de Tierras, el debate trasciende una simple modificación normativa y pone en discusión el control de los recursos naturales estratégicos, la soberanía territorial, el acceso al agua y el futuro de regiones consideradas claves para el desarrollo del país, en un escenario donde la Patagonia aparece cada vez más como uno de los principales focos de interés de actores internacionales.
