En menos de un día, decisiones de la Corte Suprema y de un juzgado federal pusieron fin a dos de las investigaciones más emblemáticas sobre presuntas maniobras de inteligencia ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Los fallos reavivaron las críticas por el funcionamiento de Comodoro Py y alimentaron las denuncias de encubrimiento formuladas por querellantes y dirigentes opositores.
En un lapso inferior a 24 horas, el Poder Judicial argentino clausuró dos de las investigaciones más significativas vinculadas con presuntas tareas de espionaje ilegal desarrolladas durante la administración de Mauricio Macri. Las resoluciones, adoptadas por la Corte Suprema y por un juzgado federal, representaron un nuevo respaldo judicial para el exmandatario y volvieron a instalar un intenso debate sobre el accionar de los tribunales federales de Comodoro Py en las causas relacionadas con los organismos de inteligencia.
Las decisiones judiciales fueron interpretadas por distintos sectores políticos como un nuevo capítulo de un proceso de cierre sistemático de los expedientes que investigaban actividades de vigilancia sobre dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicalistas e incluso familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Entre quienes cuestionaron con mayor dureza las resoluciones estuvo el exdiputado nacional Leopoldo Moreau, quien presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Según sostuvo, la Justicia actúa para proteger al expresidente y garantizar su impunidad. «Está claro que funciona una verdadera lavandería judicial en favor de Macri», expresó.
Uno de los expedientes más sensibles tuvo su origen tras la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando se perdió contacto con la embarcación y sus 44 tripulantes. Mientras los familiares de las víctimas reclamaban respuestas, organizaban movilizaciones y buscaban mantener contacto con las máximas autoridades nacionales para exigir la continuidad de la búsqueda, la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia elaboraba informes sobre cada uno de esos movimientos.
La investigación tomó impulso en septiembre de 2020, cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de documentación interna que acreditaba el seguimiento realizado sobre las familias de los marinos. El expediente comenzó en los tribunales federales de Mar del Plata y luego fue remitido a Dolores, donde el juez Martín Bava consideró que existían elementos suficientes para procesar a Mauricio Macri por presuntas tareas de inteligencia prohibidas por la ley.
Aquella decisión marcó un punto de inflexión en la causa. Apenas veinte días después del procesamiento del expresidente, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió retirar de la órbita del juzgado de Dolores las tres investigaciones vinculadas al espionaje durante el macrismo: el expediente relacionado con Marcelo Sebastián D’Alessio, el denominado Proyecto AMBA y la causa por el seguimiento a los familiares del ARA San Juan.
Los expedientes fueron enviados al juzgado federal de Julián Ercolini, mientras que meses más tarde la Cámara Federal porteña dictó el sobreseimiento de Mauricio Macri. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia reconocieron que existieron actividades de inteligencia sobre los familiares de los tripulantes desaparecidos, aunque concluyeron que esas acciones estaban justificadas por razones vinculadas con la seguridad presidencial.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos y la querella recurrió ante la Corte Suprema de Justicia. La representante legal de las familias, Valeria Carreras, sostuvo que el máximo tribunal nunca había analizado el fondo del asunto y que se había limitado a rechazar el planteo mediante argumentos de carácter formal.
Sin embargo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti volvieron a cerrar definitivamente el camino judicial al declarar improcedente un nuevo recurso presentado por la querella. De esta manera, quedó firme el sobreseimiento del exjefe de Estado. La resolución fue firmada el mismo día en que la Corte confirmó el monto del decomiso impuesto a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una coincidencia que también generó repercusiones políticas.
Tras conocerse el fallo, Carreras manifestó que el desenlace no resultó sorpresivo. Explicó que, desde el momento en que el expediente fue trasladado a Comodoro Py, las posibilidades de que prosperara la investigación prácticamente desaparecieron. A su juicio, el rechazo de la Corte representó la confirmación de un escenario que la querella consideraba inevitable.
Lejos de dar por concluido el conflicto, la abogada decidió trasladar el reclamo al plano internacional. En abril presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que el organismo analice la actuación del Estado argentino frente a las tareas de vigilancia sufridas por las esposas, madres y hermanas de los tripulantes desaparecidos.
Carreras sostiene que esas mujeres fueron víctimas de un doble proceso de vulneración de derechos. Primero, aseguró, padecieron un año completo de tareas de inteligencia ilegal mientras reclamaban conocer el destino de sus familiares. Luego, afirmó, fueron nuevamente perjudicadas por un sistema judicial que terminó justificando aquellas acciones y desvinculando de toda responsabilidad a los principales funcionarios involucrados. En su interpretación, esa jurisprudencia deja abierta la posibilidad de legitimar futuras maniobras de espionaje contra cualquier ciudadano considerado incómodo por un gobierno.
Pocas horas antes del pronunciamiento de la Corte, otro expediente emblemático también llegó a su fin. El juez Julián Ercolini archivó definitivamente la investigación conocida como Proyecto AMBA, un programa mediante el cual la Agencia Federal de Inteligencia había ampliado significativamente su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 mediante la apertura de nuevas bases operativas.
La existencia de esa estructura fue descubierta por el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba las actividades del falso abogado Marcelo D’Alessio. Durante esa pesquisa aparecieron documentos que describían seguimientos sobre organizaciones sindicales, comedores comunitarios, actos políticos, movilizaciones vinculadas con Santiago Maldonado y actividades de campaña de Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraban incluso registros presentados por un agente de inteligencia ante una aseguradora de riesgos del trabajo luego de sufrir un accidente mientras instalaba cámaras ocultas y micrófonos destinados a registrar clandestinamente una reunión de una organización social.
No obstante, la Cámara Federal porteña cuestionó el origen de parte de esa documentación y dictó la falta de mérito para el exdirector de la AFI Gustavo Arribas y otros veintisiete imputados. Finalmente, a pedido de la fiscal Alejandra Mángano, Ercolini resolvió sobreseer a todos los acusados al considerar que la suerte del expediente había quedado condicionada por el criterio establecido previamente en la causa del ARA San Juan, donde se determinó que las conductas investigadas carecían de relevancia penal.
El cierre consecutivo de ambos expedientes volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de Comodoro Py. Diversos sectores recuerdan que las investigaciones avanzaron mientras permanecieron en juzgados federales de Dolores, Lomas de Zamora o La Plata, pero comenzaron a perder impulso apenas fueron trasladadas a los tribunales federales de Retiro.
Con el paso del tiempo, distintas resoluciones judiciales fueron limitando el alcance de las investigaciones mediante argumentos diversos. En algunas causas, como la que involucró al grupo de espías conocido como «Súper Mario Bros», se sostuvo que los agentes actuaban por cuenta propia y no bajo órdenes institucionales. En otras, como la del ARA San Juan, las tareas de inteligencia fueron justificadas por supuestas necesidades de seguridad nacional o de protección presidencial.
Una situación similar ocurrió en la denominada «Gestapo antisindical», donde los jueces Llorens y Bertuzzi anularon procesamientos dictados en La Plata al considerar insuficientes las pruebas reunidas, pese a la existencia del video que registraba una reunión entre funcionarios bonaerenses, autoridades de la AFI y empresarios para analizar estrategias destinadas a impulsar causas judiciales contra el dirigente sindical Juan Pablo «Pata» Medina.
En este contexto, el funcionamiento de la Cámara Federal adquiere una relevancia central también para el actual gobierno de Javier Milei. En los tribunales federales aseguran que el Ejecutivo analiza enviar en los próximos días los pliegos para cubrir las vacantes ocupadas transitoriamente por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos trasladados durante la gestión de Mauricio Macri. Mientras Bertuzzi podría continuar en su cargo, el juez del fuero penal económico Pablo Yadarola aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a Bruglia.
Desde la oposición insisten en que las pruebas reunidas durante la investigación parlamentaria demostraban ampliamente la existencia de maniobras de espionaje ilegal. Leopoldo Moreau afirmó que toda esa documentación fue remitida oportunamente a jueces y fiscales, aunque consideró que el único objetivo del Poder Judicial fue proteger al expresidente. Para el exlegislador, los fallos no solo resultan arbitrarios, sino que además establecen un precedente de extrema gravedad al abrir la puerta para justificar futuras acciones de vigilancia ilegal sobre cualquier ciudadano argentino.
