Mientras el Gobierno nacional asegura estar al día con sus obligaciones, el sistema educativo superior atraviesa una crisis de magnitud sin precedentes. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la fuga de cerebros y las denuncias de un «plan sistemático de destrucción» marcan el escenario previo a un nuevo paro nacional y movilizaciones en todo el país.
Han transcurrido trescientos días desde que la Ley N° 27.795 fuera refrendada en el Boletín Oficial, una norma que garantiza los recursos indispensables tanto para el engranaje cotidiano de las casas de altos estudios como para la retribución de sus trabajadores docentes y no docentes. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y del respaldo legislativo que obtuvo tras el rechazo al veto presidencial en octubre pasado, la comunidad académica argentina insiste en señalar que el Poder Ejecutivo, bajo el liderazgo de Javier Milei, despliega una serie de artilugios legales para esquivar el mandato de la ley. En las aulas y laboratorios se percibe una realidad que contrasta fuertemente con la versión oficial, y los gremios ya se preparan para una semana de medidas de fuerza contundentes, que incluyen un paro desde hoy hasta el sábado, convocado por la Conadu Histórica, y una concentración frente al Palacio Pizzurno el miércoles al mediodía.
La situación económica del sector se vuelve insostenible. Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, advierte en diálogo con este medio que los incrementos salariales pactados en junio resultan completamente insuficientes. Aunque el Gobierno se respalda en aquella paritaria firmada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la mejora del 24,33% queda muy lejos del 55% que los especialistas estimaban necesario para empezar a recomponer el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023. “Aún con ese aumento, los sueldos siguen retrasados y ni siquiera han logrado superar el índice inflacionario”, sentenció Morgade, reflejando el descontento generalizado que no cesa de crecer.
Para muchos referentes del ámbito educativo, esta no es una mera negligencia administrativa ni un error de cálculo de algún funcionario menor. Se trata, según denuncian, de una hoja de ruta deliberada para desmantelar las capacidades científicas y técnicas del país. Federico Montero, profesor de la UBA y referente gremial, fue contundente al calificar el proceso como un “plan sistemático de destrucción de las capacidades de producción de conocimiento soberanas de la Argentina”. A su juicio, el oficialismo hace oídos sordos a los dictámenes de la Justicia Federal, utilizando el acta de junio como un escudo político para justificar la falta de remisión de los fondos que realmente corresponden.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, profundiza en la gravedad institucional del conflicto. La doctora en Ciencias Sociales sostiene que la actitud del Poder Ejecutivo, al ignorar lo estipulado por los otros dos poderes del Estado, provoca un “importante deterioro para la democracia misma y para el funcionamiento de la República”. Arias recuerda que, previo a esta gestión, las universidades públicas constituían “una joya del pueblo argentino”, de prestigio internacional y cuna de formación para personas de todos los estratos socioeconómicos y orígenes geográficos. Hoy, sin embargo, la realidad es completamente opuesta: los reclamos ya no giran en torno al crecimiento, sino a la mera supervivencia de un sistema que ve amenazada su continuidad.
El goteo de profesionales e investigadores que abandonan sus puestos es una de las evidencias más crudas de este vaciamiento. Datos proporcionados por el CIN revelan que, desde la asunción de Javier Milei, más de diez mil docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales. Las cifras son alarmantes: solo en la Facultad de Ciencias Exactas se contabilizaron 438 renuncias, mientras que en la UTN la cifra superó el millar. Este fenómeno, explica la vicedecana Morgade, deriva en un aumento del pluriempleo para quienes se quedan, la pérdida de talento altamente calificado y el descarte de líneas enteras de investigación que quedan abandonadas. “De estas políticas de recorte se desprenden algunos efectos que no son inmediatos, pero también hay que nombrarlos”, señaló, poniendo el foco en el futuro de la juventud y la formación de los próximos profesionales.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) será una de las voces protagonistas en la movilización de este miércoles frente al Palacio Pizzurno. Su presidente, Joaquín Carvalho, enfatizó que “una ley no es una sugerencia ni una simple carta de intenciones: es un mandato obligatorio del Estado”, y realizó un cálculo desesperante al recordar que han pasado 300 días, 42 semanas, casi 10 meses y miles de horas sin que el Presidente cumpla con su deber. La bronca también se extiende al ámbito de la salud, ya que el CIN denunció que la red de hospitales escuela de las facultades de Ciencias Médicas atiende a más de 1,5 millones de pacientes y forma a los futuros galenos del país, por lo que “dejar sin financiamiento a quienes nos cuidan no tiene justificación”.
La decana Arias fue aún más lejos al recordar que el Gobierno ha manifestado su desprecio por las ciencias sociales, pero que en la práctica el desfinanciamiento abarca todas las disciplinas con base y desarrollo nacional. “Le han llamado cientificidio porque estamos viviendo efectivamente ese proceso”, afirmó, al tiempo que instó a la población a seguir insistiendo en el cumplimiento de la ley. El clima de confrontación se ha intensificado tras las declaraciones presidenciales que calificaron a estudiantes, docentes e investigadores como “terroristas disfrazados”. Desde la Conadu, respondieron que esta no es una declaración casual, sino el reflejo del miedo de un gobierno que ve en la universidad pública “un pueblo que piensa”. En esta semana de paro y movilización, las universidades se preparan para defender su existencia, mientras la administración central parece decidida a no ceder terreno ante un reclamo que ya es judicial, legislativo y, fundamentalmente, social.
