La frase “no se aguanta más” resuena como un eco unánime en los distintos estratos de la sociedad. Ante un panorama de recesión profunda y pérdida del poder adquisitivo, la agenda callejera de esta semana se presenta como un termómetro de la crispación social. Desde los adultos mayores hasta los pequeños productores, pasando por las aulas universitarias y los hogares con deudas, la movilización conjunta marca un punto de inflexión en el descontento contra las políticas de ajuste.
El malestar ciudadano, que durante meses ha circulado en conversaciones privadas y ha quedado plasmado en las estadísticas económicas, se prepara para desbordar este jueves en las arterias porteñas. La capital federal se convertirá en el escenario de una confluencia de voces dispares, aunque unidas por un mismo lamento que atraviesa el espectro político y social: la asfixia generada por la contracción del consumo y la evaporación del circulante. Bajo un sol implacable o bajo la lluvia, los distintos actores de la producción y el trabajo han decidido plantar bandera, evidenciando que la paciencia social se encuentra en un punto crítico, y que el reclamo ya no se circunscribe a un único sector, sino que se ha vuelto transversal.
El epicentro de la protesta tendrá su punto álgido este jueves por la tarde, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT), en un gesto de unidad con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), confluyan frente a las puertas del Ministerio de Economía. La consigna que los aglutina es contundente y desesperanzadora: el «ahogo cotidiano». Los gremios denuncian que la política económica actual ha empujado a 5,8 millones de ciudadanos a una situación financiera insostenible, obligados a recurrir al crédito o al préstamo informal para afrontar gastos básicos como la compra de alimentos, el pago del alquiler o la factura de los servicios públicos. No se trata de un endeudamiento por consumo suntuario, sino de una estrategia de supervivencia frente a la voracidad de una inflación que no cede y unos ingresos que se desmoronan mes a mes.
Este fenómeno ha dado origen a un nuevo protagonista en la escena política, un sector social al que el propio Ejecutivo ha intentado despojar de entidad colectiva, calificándolo como un «problema entre privados». Sin embargo, la realidad de las familias atrapadas por la «bola de nieve» de los intereses usurarios ha sido finalmente incorporada a la agenda sindical. Hugo Yasky, secretario general de una de las CTA, fue tajante al cuantificar el drama: «Una de cada cuatro horas de trabajo se destina exclusivamente a pagar intereses», una cifra que ilustra la profundidad de la crisis que carcome el poder adquisitivo. La falta de regulación estatal sobre las plataformas financieras y las fintech ha sido señalada como uno de los principales caldos de cultivo para esta espiral de sobreendeudamiento, que termina por licuar el salario y cualquier atisbo de ahorro familiar.
En paralelo, la mañana del mismo jueves estará marcada por la angustia del sector productivo nacional. Pequeños y medianos empresarios, autoconvocados bajo las siglas de ENAC y Apyme, se agruparán frente a la Casa Rosada para conmemorar el Día del Empresario Nacional, aunque el clima no será de festejo, sino de duelo. Denuncian un flagelo que han bautizado como «industricidio», un término que refleja la sangría de unidades productivas que, según sus cálculos, ya ha provocado el cierre de aproximadamente 29.000 empresas. Los representantes de las pymes sostienen que la recesión y la falta de crédito a tasas accesibles han diezmado al motor de la economía, y exigen la sanción de una Ley de Emergencia que frene lo que consideran una hecatombe.
Diego Ojeda, presidente de ENAC, fue enfático al describir el presente de «tierra arrasada» que atraviesa el sector, confrontando con la postura de otras cámaras empresariales que optan por la prudencia. Mientras tanto, Julián Moreno, de Apyme, alertó que las pymes están «en peligro de extinción», y cuestionó el silencio cómplice de otras entidades ante la desaparición masiva de fuentes de trabajo. Este reclamo se entrelaza con el del trabajador común, ya que ambos sufren las consecuencias de un mercado interno colapsado.
Sin embargo, la jornada de protestas no comenzará el jueves. El miércoles, la Plaza de los Dos Congresos será nuevamente el bastión de la lucha previsional. Los jubilados, quienes ya han hecho de las marchas de los miércoles un ritual de resistencia, volverán a exigir una recomposición digna de sus haberes. La violencia policial, que se ha vuelto casi una constante en estas convocatorias, no amedrenta a los adultos mayores, quienes denuncian que se ven forzados a elegir entre la compra de medicamentos y la alimentación diaria. La consigna de la tercera edad se ha vuelto un grito existencial ante la imposibilidad de pagar un alquiler con la jubilación mínima, evidenciando un drama humanitario que el gobierno insiste en mirar hacia otro lado.
Paralelamente, el reclamo educativo se intensifica con la confluencia de docentes y estudiantes en una ofensiva que busca mantener vigente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las federaciones gremiales del sector, encabezadas por la Conadu Histórica, han declarado un paro de actividades que se extenderá a lo largo de toda la semana, mientras que la Federación Universitaria Argentina (FUA) ha convocado a una concentración frente al Palacio Pizzurno para este miércoles, al cumplirse 300 días de incumplimiento de la norma. Los universitarios no solo exigen una recomposición salarial del 31,2% para los docentes, sino también la asignación de partidas presupuestarias que garanticen el funcionamiento de los hospitales universitarios y las becas estudiantiles, en un contexto donde la ciencia y la educación han quedado relegadas en las prioridades del Estado.
Este escenario de conflictividad no es fortuito. Se enmarca en una estrategia de protesta gradual y «a la francesa» diseñada por la central obrera, que busca demostrar musculatura sin llegar al extremo de un nuevo paro general, aunque los sectores más combativos del sindicalismo presionan para que esta escalada desemboque en una medida de fuerza mayor. La hoja de ruta de la CGT contempla hitos en el calendario, como la participación en la Semana Social de la Iglesia, la movilización por el Día de la Industria en septiembre y el acompañamiento al papa León XIV en su visita al país en noviembre. Sin embargo, la urgencia de los problemas cotidianos parece no esperar plazos ni calendarios.
El fenómeno de los «endeudados» ha trascendido las estadísticas del Banco Central para convertirse en un actor político con voz propia. El plan de lucha trazado por el movimiento obrero unificado busca visibilizar que no se trata de un problema individual de mala gestión financiera, sino de una consecuencia directa de un modelo económico que desregula y desprotege al consumidor. La frase que se repite en cada testimonio, «no hay plata en la calle», adquiere una dimensión aterradora cuando se contrasta con la cantidad de familias que han tenido que hipotecar su futuro inmediato para sobrevivir al presente. La movilización del jueves no será solo un acto gremial, sino un reflejo de la fractura social que se profundiza, y que mantiene en vilo a una sociedad que observa cómo su capacidad de consumo y su calidad de vida se esfuman entre los plazos de los créditos y el aumento de las tarifas. La calle habla, y esta semana lo hará más fuerte que nunca, con la fuerza de los que ya no tienen nada que perder excepto su dignidad.
