La administración de Javier Milei impulsa un mecanismo para otorgar pasaportes a cambio de aportes millonarios al Tesoro, mientras el Congreso se apresta a frenar la medida y los especialistas advierten sobre riesgos legales y de lavado de activos
La gestión encabezada por Javier Milei parece haber adoptado como divisa propia la subasta permanente de activos nacionales. En su más reciente maniobra, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló durante una gira por París que cualquier foráneo dispuesto a depositar un aporte directo al Tesoro de trescientos cincuenta mil dólares podrá obtener la ciudadanía argentina. La propuesta, presentada bajo el rótulo de «programa de ciudadanía por inversión», no solo pone precio a la pertenencia nacional, sino que además opera como una vía expedita para que adinerados extranjeros adquieran tierras en territorio argentino.
La iniciativa gubernamental fue anunciada como un plan alternativo frente a un eventual revés judicial. Horas antes de que la comitiva oficial partiera hacia la Argentina Week en Francia, la Corte Suprema de Justicia había suscrito un fallo de alto impacto: al desconocer la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, el máximo tribunal dejó sin vigencia una resolución que bloqueaba el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, mediante el cual Milei había derogado en diciembre de 2023 la Ley de Tierras de 2011. Esa norma fijaba un tope del quince por ciento de titularidad extranjera sobre las tierras rurales en el ámbito nacional, provincial y departamental. Con el pronunciamiento de la Corte, esos límites quedaron pulverizados.
La reacción no se hizo esperar. La Cámara de Diputados activó sus mecanismos para revertir el DNU 70 y fijó la sesión para el 15 de octubre. Mientras tanto, el Presidente y su ministro de Economía intentaban seducir inversores en la capital francesa, acompañados por un grupo de gobernadores y jueces. Antes de emprender el regreso, Caputo presentó junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, los pormenores del programa. Para acceder a la ciudadanía existen dos caminos: efectuar una contribución directa y no reembolsable al Tesoro Nacional por trescientos cincuenta mil dólares, o suscribir un título público de ochocientos mil dólares creado específicamente a tal efecto.
Durante la presentación, el propio Caputo terminó por develar quiénes son los verdaderos destinatarios de la medida. «Se enmarca en algo que se originó hace ya dos años en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley, donde vimos a los más importantes popes de la industria tecnológica», declaró el ministro. Según su propia admisión, los ideólogos de la propuesta son los magnates tecnológicos que necesitan adquirir tierras en la Patagonia para instalar centros de datos. «Está diseñado para que los empresarios tecnológicos puedan hacer negocios. Para Peter Thiel, de Palantir, no representa ningún esfuerzo poner trescientos cincuenta mil dólares», sostuvo el diputado peronista Agustín Rossi, quien ya presentó un proyecto para impedir la venta de la ciudadanía argentina.
Myriam Bregman, del FIT-U, coincide en el diagnóstico. «Es una compraventa de ciudadanía para que los millonarios puedan quedarse con las tierras que necesitan para la localización de sus datacenters. En Estados Unidos alcanzan un rechazo del ochenta por ciento de la población, por eso buscan otros territorios. Es una vergüenza que el gobierno les haga los papeles para la entrega», afirmó. La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones, calificó la iniciativa de escandalosa y advirtió que otros países que venden su ciudadanía son San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru.
El abogado Pablo Serdán puso de relieve que detrás del anuncio de Caputo se superponen varios negocios. Señaló, por ejemplo, que la firma Arton Capital ya promociona los registros de interesados para acceder a la ciudadanía argentina, destacando entre sus bondades que se trata de un país del G20 con un pasaporte respetado. Según describe la propia compañía, es una de las cinco empresas que asesoran al Gobierno argentino en el diseño y la implementación de lo anunciado por Caputo, como parte de un consorcio denominado AMIGO (Argentina: movilidad por inversión y oportunidades globales).
Detrás del programa de venta de ciudadanía existe una arquitectura que comenzó a edificarse el año pasado. Es la continuidad de lo iniciado con el DNU 366/2025, que reformó la Ley de Migraciones y la Ley de Ciudadanía. Esa norma establece que quien realice una inversión considerada relevante por el Ministerio de Economía puede acceder a la ciudadanía. «El DNU 366 no exige residencia. Gente que no vivió ni un día en Argentina puede acceder. No pasa lo mismo con quienes sí residen pero se la niegan por no contar con ciertas condiciones socioeconómicas», explica Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
«Los inversionistas pueden pagar por la ciudadanía, lo que no les representa esfuerzo y les brinda beneficios. Los migrantes que quieren acceder necesitan cumplir con un sinnúmero de requerimientos y además se topan con una modalidad administrativa a cargo de la DNM que hasta hace poco no funcionaba», añade Gabriela Liguori, de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. La iniciativa oficial, con todo el andamiaje que la sustenta, deja en claro que la Argentina en la era Milei transita una reversión de su historia, aquella que la hizo grande como país de puertas abiertas a quienes quisieran venir a trabajar y a aportar.
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el anuncio de Caputo podría violar el artículo 20 de la Constitución si se reducen los dos años de residencia exigidos y si se entiende por «servicio» la entrega de dinero mientras no se reclaman a los inversores los mismos requisitos que al resto de quienes tramitan la ciudadanía. Como señala Rossi en su proyecto, tanto la Cámara Civil como la Cámara Nacional Electoral fallaron en contra del DNU 366. «El Gobierno ofrece en el mercado internacional un producto cuya base legal fue declarada nula por la justicia argentina», subraya el legislador.
Conforme a lo comunicado por el Ejecutivo, la evaluación de solicitudes quedará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. El organismo fue creado por el decreto 366 y reglamentado por el 524. En el examen intervienen la Secretaría de Inteligencia de Estado, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Seguridad y supuestamente el Ministerio del Interior, que actualmente no existe. La palabra final la tiene la Dirección Nacional de Migraciones.
Ceriani Cernadas explica también que programas similares se implementaron en otros Estados, como Malta, y que distintos organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, emitieron informes muy severos advirtiendo que habían servido para el lavado de dinero. La curiosa iniciativa coincide, además, con la misma semana en que el Presidente se jactó de haber expulsado a treinta mil terroristas, estableciendo una asociación entre quienes migran y quienes cometen delitos gravísimos.
