El reconocimiento oficial de que la recaudación del impuesto a los combustibles, destinada por ley al mantenimiento de rutas, engrosa el superávit fiscal desata una tormenta de pedidos de interpelación, denuncias penales y proyectos de ley en el Congreso. Diputados de diversos bloques exigen explicaciones al ministro y alertan sobre el colapso de la infraestructura vial en todo el territorio nacional.
En las últimas horas, el Palacio Legislativo se ha convertido en el epicentro de un creciente escándalo administrativo que pone en el banquillo de los acusados al ministro de Economía, Luis Caputo. La chispa que encendió la mecha fue una declaración del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien admitió sin ambages que la mayor parte de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos—originalmente afectados al Sistema Vial Integrado (Sisvial)—son desviados para engrosar las arcas del equilibrio fiscal, en lugar de ser invertidos en la conservación de la red caminera nacional. Esta confesión ha desatado una ofensiva política y judicial sin precedentes, cruzando los límites partidarios y exponiendo una grieta profunda entre la letra de la ley y la praxis financiera del Gobierno.
La primera en alzar la voz fue la diputada Marina Salzmann, quien rubricó una iniciativa de interpelación respaldada por un nutrido grupo de sus pares de Unión por la Patria. En su proyecto, la legisladora no solo exige la presencia inmediata del titular del Palacio de Hacienda en la Cámara Baja, sino que propone que el funcionario concurra en compañía del administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, con el objetivo de dotar de precisión técnica a las respuestas. Salzmann fue tajante al calificar la situación como un acto de ilegalidad manifiesta, argumentando que la asignación específica de los recursos no es un capricho administrativo, sino un mandato imperativo de la ley. «No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad», sentenció la diputada, quien además exigió el cese inmediato de esta práctica de «maquillaje fiscal» y la reactivación urgente de las obras viales que permanecen paralizadas en todo el país.
El reclamo de Salzmann no cayó en saco roto y rápidamente encontró eco en otras facciones políticas. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a figuras de peso como Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, sumaron sus firmas al pedido, demostrando una cohesión inusual frente a lo que consideran un desvío de recursos esenciales para la conectividad y seguridad de millones de argentinos. La bronca no se limita al oficialismo opositor; el arco político se ha fracturado, y desde las provincias también llueven críticas. La diputada santafesina Gisela Scaglia, al frente de la bancada de Provincias Unidas, cuestionó duramente el destino de los fondos y presentó un pedido de informes en medio del creciente deterioro de los corredores estratégicos para el interior productivo. Scaglia puso el foco en que el déficit de infraestructura no es un mal menor, sino un lastre para la economía real, y recordó que Santa Fe fue la primera provincia en aceptar el traspaso de la ruta nacional A012, viéndose forzada a utilizar recursos propios para mantener una traza que debería ser costeada por el Estado Nacional.
La judicialización del conflicto ha sido otro de los frentes abiertos. La diputada Victoria Tolosa Paz decidió dar un paso al frente y radicar una denuncia penal contra Luis Caputo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por la presunta utilización de fondos del Sisvial para inversiones financieras especulativas. En su presentación ante los tribunales, Tolosa Paz sostiene que el monto desviado asciende a la escalofriante cifra de 1,038 billones de pesos, y acusa a los funcionarios de los delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Cada vez que un ciudadano carga combustible, abona un tributo que debería traducirse en asfalto y seguridad vial; sin embargo, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono de rutas como la 3 y la 5», denunció la legisladora, quien también impulsa un amparo colectivo en representación de los usuarios damnificados.
En paralelo a las acciones legales y políticas, el diputado mendocino Emir Felix presentó un proyecto de ley que busca atacar el problema de raíz. Su propuesta establece la suspensión transitoria de la porción del impuesto a los combustibles destinada al Sisvial hasta que se utilice la totalidad del «Saldo Vial Acumulado» que el Gobierno mantiene ocioso en sus cuentas. La iniciativa contempla un mecanismo de control riguroso: solo se levantará la suspensión cuando la Auditoría General de la Nación certifique que esos fondos y sus respectivos rendimientos hayan sido efectivamente aplicados a obras y servicios vinculados al sistema caminero. «El Estado no puede continuar exigiendo nuevos sacrificios a los contribuyentes mientras retiene una masa extraordinaria de recursos que ya fueron cobrados para un fin específico», argumentó Felix, subrayando la necesidad de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Mientras tanto, los ecos del conflicto resuenan con fuerza en el interior del país. La senadora provincial Leticia Di Gregorio, alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro, obtuvo un fallo judicial favorable en la justicia federal de Santa Fe, donde el juez Aurelio Cuello Murúa responsabilizó al Estado por «omisión comunitaria» en el mantenimiento de las rutas 7, 8 y 33, desestimando las excusas presupuestarias de Vialidad Nacional. Este fallo judicial se suma a la presión ejercida por la exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, quien desde su nuevo espacio en Provincias Unidas exige explicaciones concretas sobre la asignación y ejecución de recursos en su provincia natal, Mendoza. Arrieta cuestionó que los mendocinos hayan tenido que utilizar erogaciones provinciales para intervenir sobre vías de jurisdicción nacional, lo que evidencia un doble perjuicio: el desvío de fondos nacionales y la sobrecarga de las arcas locales.
El escenario que se vislumbra es de máxima tensión. El reconocimiento oficial del desvío de recursos ha desnudado una práctica que, aunque justificada en la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, choca de frente con la legalidad vigente y con las necesidades básicas de conectividad de un país de dimensiones continentales. La interpelación a Caputo se perfila como un momento de definición política, donde el ministro deberá dar explicaciones no solo sobre el destino del dinero, sino sobre la estrategia de un Gobierno que parece privilegiar el superávit fiscal por encima de la seguridad y el desarrollo vial. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si el sacrificio de las rutas y la salud de los automovilistas es un precio aceptable para mantener en orden los números de la administración central, o si, por el contrario, este «curro con el asfalto», como lo definió Salzmann, terminará costando más caro en términos judiciales y de desgaste político que el propio déficit que se pretende ocultar.
