Los gobernadores de las provincias del NOA y el NEA consiguieron este martes que el reclamo por una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas se transforme en una propuesta concreta del Ministerio de Economía, en una reunión que marca un hito en la relación federal entre la administración de Javier Milei y los mandatarios regionales.
En el despacho del Palacio de Hacienda, la comitiva de gobernadores del Norte Grande logró materializar una de las demandas que con mayor insistencia habían elevado durante los últimos meses. Gustavo Sáenz, titular del Ejecutivo salteño, junto a sus pares Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Juan Pablo Valdés de Corrientes y Leandro Zdero del Chaco, mantuvieron un extenso encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el equipo técnico de la cartera energética nacional.
El fruto de esa negociación fue la conformación de un esquema novedoso que redefine los parámetros de los subsidios a la energía eléctrica en las provincias del norte argentino, atendiendo a las particularidades climáticas extremas que caracterizan a la región durante los meses estivales. La propuesta concretada establece una elevación sustancial del consumo subsidiado en las zonas muy cálidas, que pasará de 300 a 550 kilovatios hora entre noviembre y abril, mientras que en las zonas cálidas el tope bonificado se incrementará de 150 a 300 kilovatios hora. Esta diferenciación tarifaria reconoce las necesidades energéticas disímiles que presentan las provincias del NOA y el NEA en comparación con el resto del territorio nacional, un reclamo que los mandatarios del Norte venían sosteniendo desde hacía años sin obtener respuestas concretas.
El propio Caputo confirmó el entendimiento alcanzado y calificó el acuerdo como «un reclamo histórico de las provincias», subrayando la voluntad del Ejecutivo nacional de avanzar en soluciones que contemplen las realidades regionales. Desde ahora, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones abocarán sus esfuerzos a delinear los mecanismos de implementación de este nuevo régimen, que promete aliviar significativamente el impacto del consumo eléctrico en los hogares del norte argentino.
El gobernador Sáenz no ocultó su satisfacción y utilizó sus redes sociales para celebrar el avance: «Un reclamo histórico que desde el Norte venimos sosteniendo, empieza a tener respuesta. Esto es federalismo. Reconocer nuestras diferencias y dar respuestas concretas a nuestra gente», expresó el mandatario, en un mensaje que resonó con fuerza en el resto de los gobernadores presentes. La declaración pone de relieve la estrategia de negociación que el Norte Grande viene desplegando ante la administración libertaria, combinando acompañamiento institucional con la exigencia de contraprestaciones específicas para la región.
Para la provincia de Salta, esta discusión posee una relevancia mayúscula que trasciende lo simbólico y se instala en el centro de las cuentas públicas provinciales. Sáenz detalló que durante el último verano el Tesoro salteño destinó aproximadamente 1.800 millones de pesos mensuales para sostener el régimen de tarifa diferencial que la provincia implementó por su cuenta, lo que representa un desembolso anual cercano a los 9.000 millones de pesos. Actualmente, Salta cuenta con un programa de «Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas» creado por decreto del propio Sáenz, que alcanza a 106.000 familias de un total de 345.000 usuarios residenciales. Los beneficiarios acceden a un descuento del 30% entre noviembre y marzo, con un tope de consumo de 500 kilovatios hora, mientras que los usuarios de tarifa social reciben una bonificación del 50%. La aspiración del gobernador es que la Nación reconozca y amplíe este esquema para cubrir a unas 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, lo que significaría un alivio financiero de proporciones para las arcas provinciales.
La antesala de la negociación: el reclamo que nació en Posadas
El acuerdo de este martes no surgió de la nada, sino que fue la culminación de un proceso iniciado semanas atrás en la ciudad de Posadas, Misiones, donde los gobernadores del Norte Grande mantuvieron un encuentro previo con Santilli para plantearle directamente las asimetrías energéticas que afectan a la región. Fue allí donde Sáenz delineó con claridad la posición del bloque norteño, marcando una cancha que combina el diálogo institucional con una advertencia política de peso. «La agenda del Norte Grande no siempre coincide con la del Gobierno nacional, el Gran Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires», sostuvo entonces el mandatario, dejando en claro que su apoyo a las iniciativas nacionales no es incondicional. «Acompañaremos, pero no aquello que perjudica al norte argentino», remarcó, en una definición que sintetiza la estrategia que viene utilizando frente a la administración libertaria.
En aquella oportunidad, los gobernadores no solo reclamaron por las tarifas eléctricas, sino que también pusieron sobre la mesa la urgente necesidad de infraestructura para resolver la falta de gas en la región. Los mandatarios explicaron que el problema no es meramente residencial, dado que las restricciones energéticas afectan gravemente al sector industrial, comprometiendo la producción y el empleo regional. Santilli había dejado entonces entreabierta la puerta a una solución para las zonas cálidas, señalando que el tema estaba siendo discutido con los gobernadores. La reunión de este martes en el Ministerio de Economía constituyó, de este modo, el segundo capítulo de una negociación que los gobernadores lograron instalar como reclamo regional prioritario.
El recorrido legislativo: de las Zonas Frías a las Zonas Cálidas
Este avance en la negociación energética encuentra sus antecedentes en la reciente reforma impulsada por el Gobierno nacional para reducir el alcance del régimen de Zonas Frías, que en mayo pasado obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa, que mantiene el beneficio para la Patagonia, Malargüe y la Puna, eliminó el criterio automático para buena parte de las localidades incorporadas en 2021, generando preocupación en diversas provincias.
En Salta, el acompañamiento al proyecto estuvo atravesado por una negociación política con Nación que resultó determinante. Seis diputados salteños acompañaron la iniciativa oficialista, mientras que Bernardo Biella fue el único en votar en contra, advirtiendo que la modificación podía afectar a cientos de miles de usuarios de la provincia. El respaldo de los legisladores cercanos a Sáenz quedó asociado a la promesa de avanzar posteriormente con un esquema de compensación eléctrica para las provincias del Norte. La diferencia era significativa: mientras se recortaba el subsidio al gas para sectores de las zonas frías, se prometía discutir un beneficio para quienes enfrentan el problema inverso, el alto consumo eléctrico provocado por las temperaturas extremas.
Sin embargo, ese acuerdo no quedó incorporado en la ley, y la compensación quedó supeditada a futuras decisiones del Poder Ejecutivo. De allí que el reclamo reapareciera con fuerza en la agenda del Norte Grande y se convirtiera nuevamente en una herramienta de negociación con la Casa Rosada. Tres meses después de aquella votación, el Gobierno nacional formalizó el compromiso de avanzar en esa dirección, demostrando que la presión regional coordinada puede rendir frutos en el complejo tablero de la política nacional.
El contexto político: acuerdos y necesidades cruzadas
El entendimiento energético se produce en un momento políticamente sensible para la administración de Javier Milei, que necesita construir acuerdos con los gobernadores para avanzar con su agenda parlamentaria. La eliminación de las PASO, las reformas económicas y otras iniciativas del Ejecutivo requieren apoyos que La Libertad Avanza no posee por sí sola en el Congreso. Los gobernadores, a su vez, buscan aprovechar esa necesidad para poner sobre la mesa reclamos provinciales que históricamente han sido postergados.
La discusión sobre las zonas cálidas aparece así como parte de un toma y daca más amplio entre Nación y las provincias, en el que cada parte busca maximizar sus beneficios. En el caso de Sáenz, la negociación tiene un componente adicional: su bloque de diputados ya fue determinante para que el oficialismo pudiera avanzar con iniciativas como la reforma de Zonas Frías, lo que le otorga un capital político significativo para seguir presionando por demandas específicas de la provincia y de la región.
El otro frente: la Mesa del Litio y el desarrollo regional
Paralelamente a la negociación energética, Sáenz compartió este martes otra foto de la agenda regional que refleja la estrategia de trabajo coordinado entre las provincias del Norte Grande. Junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Jujuy, Carlos Sadir, el mandatario salteño participó de la reunión de la Mesa del Litio, realizada en el Consejo Federal de Inversiones, en el marco de la jornada «Minería y Proveedores: Dinamizando las economías regionales».
El encuentro convocó a empresas mineras, cámaras empresariales, organismos nacionales y representantes de organismos multilaterales, en un espacio diseñado para potenciar el desarrollo de proveedores locales en el creciente sector minero. La lógica política planteada por Sáenz fue similar a la desplegada en el ámbito energético: trabajar regionalmente es necesario para conseguir beneficios concretos para las provincias. «Argentina tiene una oportunidad histórica y el Norte argentino tiene un enorme potencial para ser protagonista», escribió el gobernador, pero inmediatamente puso el límite al modelo exclusivamente extractivo: «El desafío no es solamente producir, sino generar valor en nuestras provincias».
En la jornada, Sáenz insistió en la necesidad de reglas de juego claras, seguridad jurídica, licencia social y desarrollo de proveedores locales, pilares fundamentales para que el crecimiento de la actividad minera genere encadenamientos productivos y no quede reducido a la extracción y exportación del recurso. «Tomamos la decisión de definir políticas comunes y trabajar en equipo, independientemente de las banderías políticas», afirmó el gobernador, en una declaración que subraya la vocación de unidad del Norte Grande más allá de las diferencias partidarias.
La Mesa del Litio busca precisamente que el auge de la minería en la región se traduzca en beneficios concretos para las economías locales, dinamizando el entramado productivo y generando empleo de calidad. Para las provincias del Norte, que concentran las principales reservas de litio del país, este objetivo es estratégico, ya que define el modelo de desarrollo que aspiran construir para las próximas décadas.
Un nuevo capítulo en la relación Nación-provincias
El acuerdo alcanzado en materia energética representa un hito en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias del Norte Grande, demostrando que el diálogo institucional y la negociación coordinada pueden rendir frutos incluso en un contexto político caracterizado por tensiones y diferencias ideológicas. Los gobernadores han logrado instalar en la agenda nacional una demanda regional que durante años fue desatendida, y han obtenido una respuesta concreta que promete aliviar la carga financiera que el consumo eléctrico impone sobre las familias y los gobiernos provinciales.
Queda ahora por delante el desafío de la implementación, un proceso que requerirá de un trabajo técnico minucioso para garantizar que el nuevo esquema tarifario se traduzca efectivamente en beneficios tangibles para los usuarios del norte argentino. Pero más allá de los detalles operativos, lo que este acuerdo pone de manifiesto es la capacidad de los gobernadores del Norte Grande para articular una estrategia común que les permite negociar en pie de igualdad con el Poder Ejecutivo nacional, defendiendo los intereses de sus provincias en un escenario político complejo.
El camino hacia un federalismo más equilibrado es largo y está lleno de obstáculos, pero el avance logrado este martes en el Ministerio de Economía constituye un paso significativo en esa dirección, demostrando que cuando las provincias actúan de manera coordinada, sus reclamos adquieren la fuerza necesaria para ser escuchados en los círculos de decisión nacional. La pelota está ahora en el tejado de los equipos técnicos, que deberán convertir la promesa política en una realidad operativa que beneficie a millones de argentinos del norte del país.
