La medida, que se extenderá desde el martes hasta el sábado, se da en el marco del incumplimiento gubernamental de la norma sancionada por el Congreso. Los gremios exigen una recomposición salarial que ronda el 30%, mientras el Poder Ejecutivo sostiene una postura de firmeza que mantiene en vilo a toda la comunidad académica. La jornada de protesta más álgida tendrá lugar este miércoles frente al Palacio Pizzurno, en una movilización que promete ser multitudinaria.
En una semana que reviste un carácter simbólico y de profunda tensión política, el sistema educativo superior argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos. Docentes de todas las casas de altos estudios del territorio nacional llevan adelante desde el pasado martes 18 un cese de actividades que se prolongará ininterrumpidamente hasta el sábado 22. La determinación surge al cumplirse exactamente trescientos días desde que el Poder Ejecutivo, bajo la conducción del presidente Javier Milei, decidió no reglamentar ni poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había obtenido luz verde en ambas cámaras legislativas tras vencer el rechazo oficial al veto presidencial.
El epicentro de la conmoción se vivirá este miércoles a partir de las once de la mañana, cuando federaciones que agrupan a los educadores y a los estudiantes confluyan frente a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, enclavada en el histórico Palacio Pizzurno. La cita no es fortuita, sino que busca visibilizar el extenso lapso de demora oficial en acatar el mandato legal, tiempo durante el cual los salarios de los trabajadores universitarios han quedado relegados frente a una inflación que no da tregua. El reclamo central de los manifestantes se articula en torno a la necesidad de percibir un incremento cercano al treinta por ciento en los haberes, porcentaje que, adicionado al veintiún coma tres por ciento abonado en junio, permitiría alcanzar la ansiada recomposición que estipula la ley vetada de hecho por la gestión libertaria.
Las voces gremiales no ocultan su decepción ni su enojo. Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), referentes de la conducción señalaron que el gobierno nacional mantiene una deuda salarial que ya no admite demoras y que el plan de lucha seguirá su curso mientras no haya respuestas concretas. Laura Carboni, secretaria general de ese sindicato, fue taxativa al realizar un balance de los ingresos percibidos hasta la fecha. En sus declaraciones, remarcó que el abono del veintiún por ciento acordado en el acta del diez de junio resulta a todas luces insuficiente, ya que los cálculos realizados por las comisiones internas arrojan un faltante que supera el treinta y uno por ciento sobre el sueldo básico. Carboni enfatizó que la mayoría de los trabajadores entiende que ese monto inicial dista mucho de lo que legítimamente les corresponde, y que la promesa de un llamado a paritarias para septiembre no ha hecho más que alimentar la incertidumbre.
La mencionada acta de junio, suscrita entre el gobierno y diversas federaciones sindicales con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contemplaba no solo ese adelanto salarial, sino también un compromiso de otorgar un adicional del tres por ciento en septiembre, además de partidas específicas para el mantenimiento de los hospitales universitarios, el fortalecimiento de los programas de becas y el financiamiento operativo de las instituciones. Sin embargo, según los denunciantes, ninguno de esos fondos ha sido efectivamente transferido a las arcas de las universidades, lo que ha profundizado la crisis de recursos y ha puesto en jaque el normal desenvolvimiento de las tareas académicas y de investigación.
En el complejo tablero gremial, aparecen matices que reflejan la heterogeneidad del movimiento docente. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), si bien decidió no adherir al cese de actividades de esta semana, confirmó su participación en la concentración del miércoles, demostrando que, más allá de las tácticas de lucha, existe un frente común en el reclamo de los fondos adeudados. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA -entidad que forma parte de FEDUN-, justificó la postura de su organización al señalar que el paro anterior ya había logrado un resultado concreto, como fue el adelantamiento de la mesa paritaria al primer día de septiembre, y que en ese escenario la estrategia debe ser la de priorizar el diálogo. Cagnacci calificó de inoportuna la convocatoria a una nueva huelga cuando la mesa de negociación está próxima a abrirse, y abogó por agotar todas las instancias de discusión antes de resolver medidas de fuerza que, a su juicio, podrían entorpecer el camino hacia un acuerdo.
Por su parte, la dirigencia estudiantil, a través de la Federación Universitaria Argentina (FUA), se ha sumado con firmeza a las manifestaciones. Joaquín Carvalho, titular de la FUA, expresó su profundo descontento al constatar que, a lo largo de estos trescientos días de incumplimiento, las casas de estudios han debido sortear dificultades operativas mayúsculas, mientras estudiantes y trabajadores padecen en carne propia las consecuencias de la carencia de recursos. Carvalho subrayó que la organización que preside no está dispuesta a naturalizar una situación que considera extrema, y ratificó el compromiso de continuar movilizándose de manera incesante hasta que el Ejecutivo cumpla con lo estipulado en la letra de la ley. La comunidad universitaria, en su conjunto, se prepara para una jornada de visibilización que, sin dudas, marcará un antes y un después en la relación entre el gobierno y uno de los sectores más emblemáticos del pensamiento y la formación profesional en el país.
