El oficialismo baraja convocar a las urnas cinco meses antes de lo previsto, lo que implicaría derogar las PASO y modificar el Código Electoral. Gobernadores dialoguistas y aliados serían piezas clave en una negociación que incluye las listas locales, mientras en el peronismo ya circulan advertencias y una propuesta de interna abierta.
En las últimas horas, los pasillos de la Casa Rosada se vieron atravesados por una especulación que hasta hace poco parecía remota: la posibilidad de correr los comicios presidenciales a la primera mitad de 2027. La iniciativa no nace del vértigo ni de una decisión caprichosa, sino de un diagnóstico sombrío que los equipos técnicos y los operadores políticos del Gobierno ya no se molestan en disimular. La economía permanece paralizada, sin signos de reanimación; la escalada inflacionaria se niega a ceder terreno, instalada como una marea cotidiana que erosiona los bolsillos; y la descomposición del tejido social se vuelve cada vez más evidente en cada índice de pobreza, en cada conflicto por la falta de trabajo y en el creciente malhumor ciudadano. Frente a ese panorama, el temor a llegar a octubre —la fecha constitucionalmente establecida— en medio de una tormenta perfecta empuja al oficialismo a considerar un movimiento audaz: adelantar la votación general para mediados de mayo, cinco lunas antes del calendario original.
La información trascendió este martes a través del periodista Roberto Navarro, quien durante la emisión de El Pase por El Destape Radio reveló que un alto funcionario en ejercicio le confió que la intención era convocar a las urnas en mayo del año próximo. Según ese relato, varios gobernadores ya habrían anticipado que planean celebrar sus propios comicios provinciales en los primeros meses de 2027, lo que allanaría el camino para un alineamiento de cronogramas. El argumento central que esgrimen los impulsores de esta estrategia es crudo pero efectivo: las encuestas desde enero dibujan una pendiente pronunciada en la imagen presidencial, hundida en sus cotas más bajas de aprobación, con la pérdida de poder adquisitivo y la desocupación como fantasmas recurrentes. En un sector del oficialismo se ha instalado la convicción de que esa tendencia resultará prácticamente irreversible y que, de mantenerse los plazos actuales, podrían reeditarse episodios de inestabilidad cambiaria y financiera similares a los que sacudieron los mercados en 2025 —justo antes del rescate que llegó desde la figura de Donald Trump en la previa a los comicios legislativos de octubre—. Si Javier Milei consigue una reelección durante la primera mitad del año, razonan, se evitarían turbulencias de último momento y se sortearían nuevas dificultades para acceder al crédito externo y refinanciar los vencimientos de la deuda.
No obstante, el camino hacia ese adelantamiento está sembrado de obstáculos legales y políticos de magnitud. El diseño institucional vigente impone dos anclajes firmes. Por un lado, la reforma de la Constitución Nacional establece que la elección de presidente y vicepresidente debe celebrarse dentro de los dos meses anteriores a la finalización del mandato, que expira el 10 de diciembre. Por otro lado, el Código Electoral Nacional fija que la convocatoria formal debe cursarse con una anticipación no menor a noventa días y que la votación general tendrá lugar el cuarto domingo de octubre del año en que concluyen los mandatos, con un eventual balotaje en noviembre. Para saltarse esas barreras, el oficialismo necesitaría una operación de ingeniería legislativa mayúscula: derogar la ley de las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias instauradas en 2009— y modificar el articulado del Código Electoral. En la Rosada consideran que esa empresa es viable siempre que cuenten con el respaldo de sus socios parlamentarios habituales y de un puñado de gobernadores dialoguistas, con quienes ya estarían dispuestos a sentarse a negociar cupos y listas.
Las señales de movimientos concretos se multiplicaron días atrás, cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, participaron de una jornada convocada por la Cámara Nacional Electoral para debatir el sistema que regirá en 2027. Allí, ambos funcionarios plantearon la necesidad de revisar la continuidad de las PASO, que el año pasado fueron suspendidas de hecho pero no abolidas en su texto legal. Según la normativa vigente, las primarias constituyen el mecanismo obligatorio para la oficialización de candidaturas y deben realizarse el segundo domingo de agosto. El Gobierno había ensayado un rodeo discursivo: la posibilidad de volverlas optativas, reservadas únicamente para aquellos partidos que presenten más de un precandidato presidencial. Pero un eventual adelantamiento a mayo vuelve esa solución intermedia insuficiente y exige directamente la eliminación pura y simple del sistema de primarias.
Esa exigencia, paradójicamente, podría convertirse en una ventaja negociadora. Los gobernadores —sean del signo que fueran— han sido históricamente enemigos acérrimos de las PASO, a las que consideran un desgaste innecesario y un factor de imprevisibilidad interna. Por lo tanto, su derogación aparece como un objetivo compartido y alcanzable. La moneda de cambio, sin embargo, no será gratuita: en el oficialismo son conscientes de que deberán asegurarse no solo la lealtad de los mandatarios aliados, sino también la aquiescencia de los denominados dialoguistas, aquellos peronistas o radicales de provincias que han mantenido canales abiertos con la Casa Rosada. Una posible prenda de negociación podría girar en torno a las listas locales, en un contexto donde varios gobernadores temen que La Libertad Avanza lance candidatos propios en sus distritos para disputarles el territorio. La mayoría de las provincias ya tenía previsto adelantar sus elecciones por separado, pero si el Ejecutivo nacional concreta su iniciativa, todos los calendarios provinciales deberán reconfigurarse a la fuerza.
La jugada oficial, lejos de tomar por sorpresa al peronismo, encontró un eco anticipado en las últimas semanas. La semana pasada, el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac remitió una carta a la conducción nacional del Partido Justicialista —formalmente presidida por José Mayans, aunque con la autoridad real de Cristina Fernández de Kirchner— en la que alertaba sobre la inminencia de un escenario sin PASO y con comicios generales adelantados. Frente a esa hipótesis, Uñac proponía que el peronismo definiera su candidatura presidencial mediante una interna abierta antes de que terminara el año. La misiva no despertó entonces reacciones mayúsculas, pero los rumores que ahora llegan desde Balcarce 50 le otorgan un peso renovado y urgente.
En el oficialismo, mientras tanto, alimentan la idea de que un adelantamiento electoral también complicaría la reorganización de la principal fuerza opositora, aún atravesada por cismas internos, liderazgos en pugna y una notable falta de definiciones programáticas. Pero la operación no está exenta de peligros para el propio Gobierno. Una pregunta recorre los despachos más lúcidos de la política: ¿en qué condiciones llegaría Javier Milei al término de su mandato si pierde una elección anticipada? Los antecedentes históricos no son alentadores. En 1989, el presidente radical Raúl Alfonsín, acorralado por la hiperinflación y la desintegración social, decidió adelantar los comicios presidenciales a mayo de ese año. Fue derrotado por el justicialista Carlos Menem y debió negociar una entrega anticipada del poder en julio, en medio de saqueos, corridas cambiarias y una crisis de gobernabilidad límite. Ese fantasma, aunque nadie lo nombre en voz alta, ya ronda los salones de la Rosada.
