La iniciativa, que ya cuenta con la luz verde del Senado, será debatida este miércoles en la Cámara baja tras obtener dictamen de mayoría. Gobernadores de distritos mineros y altos funcionarios nacionales defendieron la propuesta en medio de duras críticas de la oposición, que denunció irregularidades, falta de sustento científico y un presunto avance de intereses corporativos.
En un desenlace anticipado por las huestes del oficialismo, La Libertad Avanza (LLA) consiguió imponer su dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, allanando así el camino para que el controvertido proyecto de reforma a la ley de Glaciares sea discutido en la sesión especial convocada para este miércoles a las 15 horas. Con 37 adhesiones sobre un total de 66 posibles, el respaldo cosechado por el espacio gobernante refleja una estrategia meticulosa que ahora deposita sus fichas en el recinto, donde el oficialismo confía en repetir la hazaña numérica.
Los guarismos en la previa parecen sonreír a la propuesta oficial. Para solicitar la sesión especial, estamparon sus rúbricas legisladores provenientes no solo de LLA, sino también del PRO, la Unión Cívica Radical, el interbloque Independencia, Producción y Trabajo, y la bancada Por Santa Cruz. De cristalizar todas esas voluntades en el momento de la votación, el arco oficialista podría reunir 119 sufragios, un caudal que, sin embargo, aún los dejaría a diez escalones de la ansiada mayoría absoluta. En la vereda opuesta, ingresarán al recinto tres dictámenes de rechazo, impulsados por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica (CC), en un intento por frenar lo que consideran un retroceso ambiental mayúsculo.
La tensión se palpaba en el aire del plenario comisionista. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, no ocultó su escepticismo y lanzó una advertencia cargada de crudeza política: “Se están percatando de que estas modificaciones les acarrearán más dolores de cabeza que soluciones; el andamiaje jurídico de esta reforma es más frágil que la legislación vigente. Por eso mismo, ahora acuden los dueños del negocio a silbar desde la tribuna”. En una sintonía similar, la diputada Adriana Serquis, también de Unión por la Patria, cuestionó con vehemencia la solidez técnica de la iniciativa: “No puede erigirse un criterio científico apoyándose en un único estudio”, disparó.
Las quejas se multiplicaron desde distintos flancos. María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, remarcó una presunta omisión de procedimiento al señalar que el expediente jamás fue analizado por la comisión de Minería. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) volvió a poner el dedo en la llaga de las formas, al denunciar irregularidades en la audiencia pública celebrada la semana previa. “No pueden hacer caso omiso de que solicitamos la participación de reconocidos constitucionalistas. Ustedes, bajo la simulación de ese debate público, los condenaron a enviar un video a YouTube o una ponencia por escrito”, se quejó Ferraro, mencionando explícitamente a juristas como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez.
El plenario, sin embargo, no solo fue escenario de reproches. También desfilaron voces de peso institucional en respaldo a la reforma. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a funcionarios de Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, así como representantes del gobierno de Javier Milei, expusieron los argumentos a favor de un texto que ya había superado el filtro del Senado. Entre estos últimos se destacó la presencia del secretario de Minería, Luis Lucero, cuya intervención generó un cimbronazo adicional.
La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, junto a Ferraro, fueron algunos de los más ácidos al cuestionar la idoneidad del secretario. “Viene de ejercer como abogado de las empresas mineras. Cuando lo vemos aquí, elogiando las virtudes de esta ley, es un agravio directo. Ya ni siquiera cuidan las apariencias”, denunció Bregman. Su compañera de interbloque, Romina Del Pla, fue aún más lejos al afirmar que “las compañías mineras y los funcionarios a sueldo de estas, aquellos con negocios directos, son los que hoy han tomado por asalto este plenario de comisiones”.
Lejos de amilanarse, Lucero salió al cruce de las acusaciones y denunció la existencia de una campaña “cuyo vértice es el miedo”, orquestada para torpedear las reformas a la ley de Glaciares. “El agua no es un bien que pretendamos atacar; es un recurso indispensable para todos”, aclaró el funcionario, intentando desactivar las críticas más sensibles. Luego, el secretario de Minería defendió la constitucionalidad del proyecto: “Esta reforma no es anticonstitucional, porque respeta los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional”, y lamentó “un menosprecio ofensivo hacia las capacidades provinciales”, en clara alusión a la porción medular del proyecto enviado por la Casa Rosada, que propone que sea cada provincia la que defina su propia zona periglaciar.
Desde una videoconferencia, el gobernador Orrego intentó bajar la temperatura política al aclarar que “ningún mandatario provincial de la mesa del cobre ni del litio planteó modificar la ley de Glaciares”. Y añadió, como broche de un discurso descentralizador: “Esta ley no viene a delegar atribuciones en las provincias, sino a reconocer las que ya poseen”. Con ese envión argumental, la iniciativa se prepara para su prueba de fuego en el recinto, donde el agua, el hielo y los intereses mineros volverán a chocar bajo el influjo de los votos.
