A pesar de la férrea resistencia de colectivos ecologistas movilizados frente al Palacio Legislativo, el oficialismo y sus aliados consolidaron un cambio normativo clave para la actividad minera. En paralelo, el Jefe de Gabinete sorteó por un margen exiguo la posibilidad de ser sometido a un voto de censura, en una jornada signada por la tensión política y los intentos opositores de citar a funcionarios estrella del Ejecutivo.
En una jornada de alto voltaje institucional, la Cámara de Diputados se convirtió en el epicentro de dos batallas paralelas que definieron el rumbo de la administración libertaria. Por un lado, y en medio del bullicio de las pancartas y los cánticos de agrupaciones defensoras del ambiente apostadas en las adyacencias del Congreso, La Libertad Avanza (LLA) cosechó un triunfo legislativo significativo al lograr la aprobación definitiva de las modificaciones a la norma que protege los hielos continentales. Por otro, la oposición estuvo a un puñado de voluntades de forzar la comparecencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para someterlo a una moción de censura, en un contexto signado por denuncias patrimoniales y un escándalo vinculado a una criptomoneda.
La sesión, que se extendió por varias horas, evidenció la fragilidad de los equilibrios parlamentarios. A tan solo 22 días de que Adorni presentara su primer informe de gestión ante el pleno, los bloques opositores articularon una ofensiva múltiple que incluyó pedidos de interpelación tanto para el funcionario como para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, el oficialismo logró blindar a sus figuras gracias al respaldo de sus socios tradicionales, aunque con márgenes sorprendentemente estrechos que encendieron las alarmas en el oficialismo.
Una reforma ambiental que divide aguas
El recinto fue testigo de la conversión en ley del proyecto que ya contaba con la media sanción del Senado, un texto que traslada a las provincias la facultad de delimitar y regular las zonas periglaciares. El resultado de la votación arrojó 137 sufragios positivos, 111 negativos y tres abstenciones, una cifra que refleja la fractura existente en el arco político respecto al futuro de los recursos naturales.
Para alcanzar el quórum y asegurar la sanción, el espacio gobernante no solo contó con el acompañamiento de sus aliados habituales como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), sino que también sumó voluntades de legisladores provenientes de distritos con fuerte tradición extractivista. Las bancadas de Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) y Elijo Catamarca aportaron los números necesarios para consolidar la iniciativa.
La defensa de la reforma estuvo encabezada por los diputados oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz. El legislador sanjuanino calificó como «histórica» la audiencia pública previa, un espacio de debate que la oposición cuestionó duramente por considerarlo insuficiente. Por su parte, Mayoraz sostuvo un argumento central: «Estamos demostrando que la protección del entorno natural y el desarrollo sostenible no son conceptos antagónicos». Agregó que la norma logra conciliar dos artículos constitucionales, el que garantiza un ambiente apto para la vida humana y el que otorga a las provincias el dominio originario de sus riquezas naturales.
El embate opositor y las denuncias de lobby minero
Desde las filas del peronismo, la diputada Sabrina Selva lanzó acusaciones directas contra el secretario de Minería, Luis Lucero, a quien señaló por realizar gestiones de presión para apurar la sanción de la ley. Selva recordó que el funcionario se desempeñó previamente como letrado de empresas del sector y que el día anterior había defendido el proyecto en el plenario de comisiones. Además, cuestionó la presencia de los gobernadores integrantes de la Mesa del Cobre y del Litio, a quienes acusó de ausentarse cuando se discuten los impactos sobre las cuencas hídricas de otras provincias.
Con una maqueta y gráficos explicativos en mano, la diputada Adriana Sarquís, de Unión por la Patria, advirtió que los glaciares registrados en el inventario nacional alimentan los sistemas hídricos que proveen agua potable a siete millones de personas. Su queja principal apuntó a la falta de rigor científico en los fundamentos del oficialismo. En una línea similar, el experimentado legislador Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, desmontó uno de los argumentos clave del Gobierno. «Decir que se necesitan inversiones es un sofisma», afirmó, recordando que durante los quince años de vigencia de la ley actual la actividad minera creció de manera exponencial en el país, por lo que la modificación no resulta necesaria para fomentar la producción.
Uno de los discursos más encendidos provino de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien denunció que las compañías mineras redactaron el articulado y condujeron el proceso deliberativo. «Estamos ante una de las peores leyes que haya conocido este Congreso, un retroceso sin precedentes con graves consecuencias», sentenció el legislador, adelantando futuras impugnaciones judiciales por presunta inconstitucionalidad.
El blindaje político que evitó la censura a Adorni y Karina Milei
Mientras se definía el futuro de los glaciares, el tablero político se sacudía con una serie de intentos opositores para citar a los principales referentes del Ejecutivo. El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, solicitó un apartamiento del reglamento con el objetivo de tratar la interpelación que derivaría en una moción de censura contra Adorni, a raíz de las revelaciones sobre su incremento patrimonial. La maniobra, que requería una mayoría calificada de dos tercios, cosechó 122 votos a favor y 117 en contra, insuficientes para prosperar. El blindaje del jefe de Gabinete se sostuvo nuevamente gracias al apoyo del PRO, la UCR y las bancadas provinciales.
Previamente, el mismo Ferraro había intentado sin éxito forzar el tratamiento de una citación conjunta para Adorni y Karina Milei, a fin de que expliquen sus roles en el sonado caso de la estafa relacionada con la criptomoneda Libra. También propuso elevar un pliego de preguntas al presidente Javier Milei para que responda por escrito. En esa ocasión, el apartamiento del reglamento reunió 125 votos afirmativos y 116 negativos, otra vez muy lejos de los dos tercios necesarios. Fuentes del PRO justificaron su negativa a respaldar las citaciones argumentando que el asunto ya está en manos de la Justicia, «que es el ámbito apropiado para estas investigaciones».
La ofensiva no se detuvo allí. Unión por la Patria impulsó otro pedido de apartamiento para citar a Adorni, esta vez con el objetivo de que detalle las circunstancias del viaje que realizó su cónyuge a Nueva York a bordo de la aeronave presidencial. La diputada Paula Penacca calificó la situación como «urgente», señalando la existencia de una presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante lo cual el fiscal Germán Pollicita ya habría iniciado una pesquisa. El resultado fue similar: 124 votos a favor y 118 en contra, una diferencia tan reducida como contundente en su significado político.
El rechazo a las restricciones a la prensa
En un capítulo aparte, la Cámara baja también se negó a debatir el repudio a la medida gubernamental que retiró las acreditaciones de prensa en Casa Rosada a diversos medios de comunicación. Las legisladoras Lorena Pokoik (Unión por la Patria) y Romina Del Pla (Frente de Izquierda) presentaron proyectos independientes para condenar la decisión del Ejecutivo, que afectó a portales y señales como El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada.
Ambas iniciativas requirieron el apartamiento del reglamento para ser tratadas sobre tablas. La propuesta de Del Pla alcanzó 122 adhesiones, 113 rechazos y una abstención, mientras que la de Pokoik logró 125 votos positivos y 115 negativos. En ambos casos, la falta de los dos tercios impidió que el cuerpo deliberara sobre los textos. Posteriormente, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, planteó una cuestión de privilegio contra el presidente del cuerpo, Martín Menem, en protesta por las trabas al trabajo periodístico, que incluyeron dificultades para la cobertura del inicio de sesiones y limitaciones en las acreditaciones, sumando un nuevo capítulo de tensión entre el poder político y la prensa.
