La Casa Rosada desoye el proyecto opositor que reclama la no beligerancia, califica a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista y expulsa a un alto funcionario persa, en medio de una escalada verbal que aleja a la Argentina de su tradición pacifista.
En un contexto internacional signado por la fractura geopolítica y el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, el gobierno de Javier Milei decidió profundizar su respaldo explícito a las potencias occidentales involucradas en el conflicto, desatendiendo al mismo tiempo un gesto legislativo impulsado por la oposición que buscaba reinstalar la tradicional doctrina pacifista del país sudamericano. A pesar de que los bloques opositores se articularon en el recinto de la Cámara baja con el propósito explícito de desautorizar los pronunciamientos oficiales del mandatario libertario respecto de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel, desde el palacio gubernamental porteño aseguran que continuarán “haciendo con Irán todo lo que se tenga que hacer”, al tiempo que remarcan: “nosotros no suscribimos pactos con esa gente, como sí lo hacía el kirchnerismo”. De esta manera, el Poder Ejecutivo no solo margina el reclamo parlamentario sino que endurece su retórica confrontativa hacia la República Islámica.
La iniciativa, impulsada por el interbloque de Unión por la Patria en Diputados y que la cúpula oficialista opta por ignorar sistemáticamente, establece de manera explícita que “la Argentina no constituye una parte beligerante en dicho conflicto” y que “reafirma la vocación histórica de paz del país conforme a la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas”. Dicho proyecto se apoya además en instrumentos multilaterales como la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014 y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU, normativa que define a “América Latina y el Caribe como una Zona de Paz”. Sin embargo, la letra de esos documentos choca de frente con la praxis discursiva del jefe de Estado.
El presidente Javier Milei, quien en ocasiones anteriores había calificado a la teocracia persa como un “enemigo de la Argentina”, aprovechó el fin de semana precedente para conceder una entrevista a un periódico español y volver a posicionarse sobre el tablero internacional. Allí sentó una postura nítida: “apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, al tiempo que argumentó que el Estado hebreo, según su perspectiva, “acepta convivir con otras naciones”, mientras que Irán “no tolera la existencia de Israel y aspira a aniquilarlo”. El mandatario agregó, sin ambages: “no me importan las críticas de la prensa internacional socialista ni las aberraciones y patrañas que difunden acerca de Bibi Netanyahu”. Y coronó su exposición al definir a Israel como “el bastión de Occidente”.
Para Milei, “Occidente se compone de la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud estoica y la cultura judeocristiana”, y sostuvo que “golpear a Israel implica atacar los valores judeocristianos y, por extensión, al capitalismo”. Esta cadena de definiciones, que fusiona teología, historia y economía, marca un quiebre con la neutralidad histórica que la diplomacia argentina mantuvo durante décadas en los conflictos de Medio Oriente, incluso tras los atentados de los años noventa.
El vínculo entre la administración argentina y el régimen de los ayatolás atraviesa su instante más álgido desde el inicio de las hostilidades bélicas. El canciller Pablo Quirno ejecutó la semana pasada una medida inusual: expulsó del territorio nacional a Mohsen Soltani Tehrani, el encargado de negocios de la embajada iraní, quien ejercía como el máximo representante diplomático de esa nación en Buenos Aires. Al funcionario persa se le otorgaron apenas 48 horas para abandonar el país, luego de ser declarado persona non grata. La decisión, lejos de apaciguar los ánimos, profundizó la crisis.
La escalada, sin embargo, venía gestándose desde antes. Desde que Estados Unidos lanzó su ofensiva militar el pasado 28 de febrero, Milei no ha cesado de inmiscuirse en el conflicto como si la Argentina fuera un actor protagónico del mismo. Durante uno de sus más recientes periplos a la nación norteamericana, pronunció un discurso en una universidad de la comunidad judía en Nueva York en el que se autodefinió como “el presidente más sionista del mundo” y repitió su acusación contra Irán, al que responsabilizó directamente por los atentados perpetrados contra la embajada argentina en Tel Aviv y contra la mutualista AMIA en la década de 1990.
Esas declaraciones provocaron una réplica inmediata desde el diario Tehran Times, medio alineado con el oficialismo iraní, que en una editorial de tono severo advirtió que Milei había traspasado una “línea roja imperdonable”. Pese a la advertencia, el gobierno de La Libertad Avanza repite como un mantra su alineamiento total con la Casa Blanca y justifica esa postura como un principio doctrinario innegociable.
En esa misma dirección, el martes de la semana anterior la Casa Rosada emitió un decreto mediante el cual declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Los fundamentos oficiales señalaron que así lo consignaban “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluidos actos terroristas cometidos en suelo argentino”. El comunicado agregó: “Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos cargos del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
Al día siguiente, la reacción del Ministerio de Exteriores iraní no se hizo esperar. Mediante un texto difundido por la representación diplomática persa en Uruguay, Teherán condenó la decisión “ilegal e infundada” del gobierno argentino y adelantó que esa medida “dañará aún más las relaciones bilaterales”. Además, el comunicado iraní acusó al presidente Milei y a su canciller de ser “cómplices de los crímenes perpetrados por Estados Unidos e Israel” y sentenció que “han quedado del lado equivocado de la historia”.
Lejos de intentar una desescalada, el jueves la Cancillería argentina redobló la apuesta y emitió la orden de expulsión del encargado de negocios iraní. En el texto oficial se justificó la medida “en respuesta al comunicado difundido ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene imputaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la Argentina y sus más altas autoridades”. Si bien el canciller Pablo Quirno evitó pronunciarse tras las últimas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intensificar los bombardeos, su conducta refleja el mismo alineamiento irrestricto que exhibe el resto del Gabinete. Lejos de la imparcialidad que durante décadas caracterizó a la política exterior argentina, el funcionario impulsó personalmente la expulsión del diplomático persa, sellando así una de las crisis diplomáticas más agudas de los últimos treinta años.
