El gobierno de La Libertad Avanza ejecutó ayer la no renovación de al menos un centenar de contratos en el organismo nuclear, en una medida que profundiza la sangría de recursos humanos y presupuesto que ya acumula tres años de retroceso. La soberanía tecnológica y el desarrollo científico quedan en jaque mientras el Ejecutivo habilita el ingreso de empresas privadas a los activos estratégicos del sector.
En una jornada que transcurrió paralela a los anuncios oficiales en la Casa Rosada, donde Diego Santilli juraba como nuevo jefe de Gabinete y Adrián Ravier ofrecía su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convertía en el escenario de un nuevo capítulo de su progresivo vaciamiento. A través de una escueta comunicación cursada por el sistema de gestión documental electrónica, las autoridades del organismo notificaron a aproximadamente un centenar de trabajadores que sus vínculos contractuales no serían renovados. Las organizaciones gremiales anticipan que la cifra podría escalar hasta 170 empleados, dado que ese es el número total de agentes que ostentan contratos con vencimiento previsto para el último día de junio.
Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una política sostenida de erosión de una de las instituciones más emblemáticas del quehacer científico-tecnológico argentino. Durante los tres años de gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo, el presupuesto asignado a la CNEA experimentó una merma del 45,4 por ciento, la inversión en bienes de capital colapsó en un 53,4 por ciento y la nómina de personal se redujo en aproximadamente 500 trabajadores, ya sea por desvinculaciones forzadas o por la migración espontánea hacia el sector privado ante la precarización salarial. La tensión acumulada estalló ayer en la sede central del organismo, donde el titular de la CNEA, Martín Porro, debió ser escoltado por efectivos de Gendarmería Nacional para poder abandonar el edificio, luego de que las fuerzas de seguridad reprimieran a los manifestantes que realizaban una permanencia pacífica en los pasillos.
El gobierno libertario, parapetado tras el estruendo mediático generado por la causa judicial que salpica al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, avanzó así en su ofensiva contra el sistema científico argentino y la soberanía energética del país. Los despidos alcanzan a profesionales, investigadores, técnicos y personal altamente especializado, muchos de los cuales acumulan más de una década de antigüedad en la institución. La medida no solo afecta la capacidad operativa del organismo en materia de diseño y construcción de reactores nucleares, sino que pone en riesgo el desarrollo de aplicaciones fundamentales para la salud pública, particularmente en el campo de la medicina nuclear, donde la CNEA produce los radioisótopos utilizados a nivel nacional para el diagnóstico y tratamiento de patologías oncológicas.
Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó que el centro que ella integra concentra buena parte de sus proyectos en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. «Tenemos un reactor de investigación y la mayoría de las iniciativas que llevamos adelante están destinadas a terapias oncológicas», subrayó la investigadora, en un intento por visibilizar el impacto concreto que estas desvinculaciones tendrán en el sistema de salud.
La modalidad empleada para ejecutar los despidos añadió un elemento de violencia institucional adicional: los trabajadores se enteraron el miércoles 30 de junio, a través del sistema GDE, que sus contratos no serían prorrogados, lo que implicaba que al día siguiente, primero de julio, ya no podrían acceder a sus puestos laborales. Esta mecánica abrupta dejó a decenas de familias sin certezas y generó un clima de conmoción en los centros atómicos de todo el país.
La represión desatada en la sede porteña de la CNEA conmocionó incluso a trabajadores con larga trayectoria en la institución. Carolina Komar, también delegada de ATE, relató con estupor lo ocurrido: «En 21 años de trabajo nunca presencié algo semejante, es un verdadero desastre. La Gendarmería irrumpió en el interior de la sede central, hubo empujones, compañeros que recibieron golpes y bastonazos. Un nivel de violencia increíble. Solo se escuchaban llantos, angustia y tristeza. Un panorama desolador».
Para los gremios del sector, esta ofensiva no responde a una mera política de ajuste fiscal, sino que forma parte de un plan sistemático orientado a desmantelar el plan nuclear argentino, una inversión estratégica que el país ha sostenido durante 76 años con el objetivo de dominar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ignacio Cortés, delegado de ATE y trabajador de la CNEA, advirtió que «el acervo intelectual acumulado por la institución se verá gravemente afectado por una decisión que claramente apunta a desguazar el desarrollo nuclear nacional». El dirigente sindical sostuvo que el propósito subyacente es transferir el conocimiento y los recursos del sector a potencias extranjeras, particularmente a Estados Unidos, y reconvertir a la CNEA en un mero centro formador de profesionales que, ante la insuficiencia salarial, terminan emigrando a empresas privadas.
Esta dinámica ya se observa en la práctica cotidiana. En Bariloche, donde reside una porción significativa de los investigadores y técnicos del organismo, el costo de un alquiler modesto ronda entre un millón y un millón y medio de pesos, debido a la condición turística de la región, mientras que el salario de un investigador con diez años de antigüedad en la CNEA no alcanza los dos millones de pesos mensuales. En contraste, empresas extranjeras como Meitner Energy ofrecen remuneraciones que cuadruplican las del Estado. «Realizan inversiones propias insignificantes, pero se aprovechan de las enormes inversiones estatales. La CNEA debería prestar servicios a esas empresas, no entregarles sus trabajadores y su conocimiento», denunciaron los investigadores.
El plan oficial fue delineado en sus líneas generales a fines de mayo, cuando con motivo del 76º aniversario de la CNEA, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, presentó un documento que retomaba el plan nuclear anunciado por Javier Milei en diciembre de 2024. El propio Manuel Adorni, al presentarlo ante la Cámara de Diputados, reconoció que se trataba de un programa «anunciado pero que aún no entró en vigencia». Lo que sí está vigente, desde el primer día de la administración libertaria, es el vaciamiento sistemático de la CNEA, tal como lo documenta un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciitci), que evidencia la caída presupuestaria, la destrucción de la inversión en bienes de capital y la pérdida de casi 500 puestos de trabajo.
Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC que elaboró el estudio, enfatizó que estos números «no tienen nada que ver con una situación de restricción presupuestaria y trascienden el ajuste económico que pregona el gobierno actual. No se puede comprender esta situación sin atender al papel geopolítico que Argentina está llamada a jugar y a la disputa global por el dominio energético y el relanzamiento de la industria nuclear a nivel mundial». El investigador añadió que «la destrucción de las capacidades de la CNEA guarda una relación directa con el debilitamiento de las capacidades científicas y estratégicas argentinas en un contexto geopolítico particularmente apremiante».
Paradójicamente, desde una perspectiva estrictamente económica, la CNEA controla dos empresas superavitarias de gran envergadura. Una de ellas es Atucha, dependiente de Nucleoeléctrica Argentina, que en 2025 registró ganancias por 90.304 millones de pesos, mientras que la otra es Dioxitek, dedicada a la producción de pastillas de uranio, que generó 19.204 millones de pesos, según informó Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Para comprender la magnitud de la ofensiva actual, resulta imprescindible remitirse a lo ocurrido en mayo pasado, cuando el gobierno habilitó a empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, a recorrer las instalaciones de la CNEA con el fin de identificar activos nucleares que pudieran resultar de interés «para posibles iniciativas privadas». Se trata del denominado Procedimiento de Acceso Preliminar, que pone a disposición del capital privado bienes estratégicos como el reactor RA-10, cuya construcción fue casi concluida durante la gestión anterior, y las reservas de uranio, un recurso crítico bajo jurisdicción de la CNEA ubicado en las provincias de Chubut, Mendoza, Salta y otras jurisdicciones. «Las empresas pueden pasear por la institución y solicitar información confidencial y sensible, fruto del trabajo de más de siete décadas, el know how acumulado por la CNEA», denunció Ayala.
Cortés, por su parte, enfatizó que el ataque es integral y abarca todas las esferas de la actividad del organismo: «Hoy vinieron por el personal, pero también por el ciclo del combustible nuclear, que tiene al mineral como uno de sus aspectos clave». La CNEA tiene a su cargo la totalidad del ciclo de la minería del uranio, desde la investigación sobre su localización hasta la eventual explotación de los yacimientos. «Esto tiene que ver con la privatización de los recursos naturales de Argentina en favor de empresas extranjeras que desean explotar nuestro uranio. No tenemos una cantidad abundante: son 33.000 toneladas, insuficientes incluso para abastecer al país en una proyección de desarrollo. Es un recurso que debemos cuidar celosamente», advirtió el delegado.
Las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, realizadas meses atrás, no dejaban lugar a dudas sobre el interés norteamericano: «Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses». En la misma sintonía, el vocero Ravier se refirió ayer a la reactivación de la minería de uranio en el país como «una prioridad absoluta para impulsar la cadena de suministro de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministro global mediante la exportación de este metal». Estas declaraciones se enmarcan en un memorándum de cooperación entre Argentina y Estados Unidos, que a su vez forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’.
El escenario que se configura es el de una progresiva transferencia de los activos estratégicos y el conocimiento acumulado por la CNEA a lo largo de más de siete décadas hacia manos privadas, en su mayoría extranjeras, mientras el personal calificado es expulsado o forzado a emigrar por la precariedad salarial. La soberanía energética, la capacidad de investigación y desarrollo, y el acceso a tecnologías críticas para la salud son moneda de cambio en una operación que, bajo el ropaje del ajuste fiscal, oculta un proyecto de desnacionalización de recursos y capacidades que pertenecen a todo el pueblo argentino. Los trabajadores de la CNEA, con sus cuerpos y su resistencia pacífica, intentan poner un freno a esta deriva que amenaza con liquidar uno de los pilares del desarrollo científico y tecnológico nacional.
