La multinacional del Grupo Techint prescinde de 150 operarios en su planta de Valentín Alsina, un recorte que equivale al 43% de la nómina laboral, en medio de una tormenta perfecta de pérdidas de licitaciones clave y una política económica que el empresariado manufacturero califica como “desleal”. Mientras los delegados de la UOM declaran la “asamblea permanente” y advierten con endurecer las protestas, el presidente Milei profundiza su embate dialéctico contra el líder industrial, a quien bautizó como “Don Chatarrín”, en un escenario donde el récord de exportaciones energéticas no logra traducirse en estabilidad para los puestos de trabajo fabriles.
El eco de los mazazos en el taller aún resuena en los pasillos de la planta de Tenaris SIAT, ubicada en el partido bonaerense de Lanús, donde la desesperanza se ha instalado entre los operarios tras conocerse la drástica resolución empresarial de prescindir de 150 trabajadores. La noticia, que cayó como un baldazo de agua fría en el corazón del cinturón industrial, ha reactivado la conflictividad social y política, poniendo en jaque la narrativa oficial de «cultura del trabajo» que el propio mandatario Javier Milei esgrimiera ante los obreros tras su llegada al poder. «¿Acaso esa filosofía implica descartar al personal ante la primera adversidad?», cuestionó con amargura José Villa, delegado de la firma, al replicar las promesas presidenciales que hoy se ven desmentidas por la cruda realidad de los telegramas de despido.
El conflicto no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis estructural que golpea al sector siderúrgico. Fuentes internas de la compañía argumentaron que la decisión de reducir en un tercio la dotación de personal se origina en un doble revés comercial: la pérdida de dos licitaciones fundamentales para la provisión de caños sin costura destinados al yacimiento no convencional de Vaca Muerta, una situación que se agrava por la paralización general de la actividad. En este contexto, la figura de Paolo Rocca, máximo referente del Grupo Techint, emerge como el destinatario de los reclamos obreros. Los delegados sindicales, lejos de bajar los brazos, han anunciado que de no mediar una pronta solución, las medidas de fuerza se profundizarán, escalando un conflicto que amenaza con extenderse.
La crónica de un despido anunciado se entrelaza con el relato desgarrador de quienes entregaron años de esfuerzo a la fábrica. «Somos jóvenes que ingresamos con la ilusión de forjar un futuro, dejamos a nuestras familias los fines de semana y los domingos para sacar adelante el trabajo. Nos formamos dentro de estos muros y ahora nos dejan sin nada», relató a este medio uno de los cesanteados, cuya identidad resguarda el anonimato pero no el dolor. El trabajador confesó que, aunque el fantasma del recorte merodeaba en el ambiente, la fe en la reversión de la mala racha era más poderosa que el temor, hasta que el martillo de la realidad golpeó la puerta. «Es impensable quedarse sin empleo, pero nos ha llegado el turno de pelear», sentenció, reflejando el estado de ánimo de una fuerza laboral que se siente traicionada.
Mientras los obreros se agrupan en asambleas permanentes y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exige la reincorporación inmediata de los afectados, la empresa intenta justificar el ajuste en un escenario de contracción de la demanda. Según argumentaron desde Techint, aunque existen proyectos planificados para el resto del año calendario, la continuidad operativa para el 2027 depende de la concreción de nuevas obras, un horizonte que perciben como incierto. En este ínterin, la planta, que en 2023 contaba con 550 empleados bajo convenio operando en tres turnos para abastecer al extinto Gasoducto Néstor Kirchner, ha visto mermada su producción. Ante la merma de tareas, se había implementado un esquema de suspensiones temporarias acordado con el gremio para esquivar las cesantías, pero la falta de reactivación terminó por dinamitar ese frágil acuerdo. «De los 340 que seguimos en actividad, 150 quedarán fuera a partir del miércoles 1 de julio», confirmó Dylan Paz, delegado de la UOM, al tiempo que reclamaba la continuidad del entendimiento hasta fin de año.
La novela entre el poderoso grupo empresario y el Gobierno nacional ha sumado un capítulo más, marcado por la tensión dialéctica que el presidente Milei mantiene con el «Círculo Rojo» industrial. El mandatario, que no ha dudado en apodar a Rocca como «Don Chatarrín de los tubitos caros», celebra la pérdida de la licitación frente a la oferta de la firma india Welspun, argumentando que los costos más bajos del producto extranjero benefician los intereses del megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que unirá Vaca Muerta con la costa rionegrina. El ministro Federico Sturzenegger abundó en esta línea al sostener que la empresa argentina aplicaba sobreprecios del 40 por ciento en sus cotizaciones, un diagnóstico que contrasta ferozmente con la carta pública de Rocca, donde el empresario denunció el «escenario global de fuerte sobrecapacidad» impulsado por políticas agresivas de Asia, y reclamó la implementación de aranceles y cuotas para evitar el «comercio desleal» que, a su juicio, promueve el Ejecutivo con su política aperturista y desregulatoria.
En el fondo de esta disputa subyace una paradoja económica de difícil resolución. Mientras las exportaciones del sector energético, apuntaladas por el crudo de Vaca Muerta, batieron récords al crecer un 167 por ciento interanual en mayo y superar a los complejos agroexportadores tradicionales, ese superávit comercial no ha logrado engrasar los engranajes del empleo fabril nacional. La bonanza extractivista no se derrama en los talleres de Lanús, donde la mano de obra calificada es desechada como un costo superfluo. La grieta dentro del poder económico, antes soterrada, se ha vuelto ahora explícita y pública: de un lado, los sectores financieros, extractivistas y del conocimiento que respaldan las reformas; del otro, los manufactureros, que ven en la desregulación una amenaza a su supervivencia, aunque la diversificación de intereses en muchos conglomerados tiende a difuminar estas líneas divisorias.
El episodio de Tenaris, que se suma a los más de 900 despidos ejecutados por Javier Madanes Quintanilla en Fate y al cierre de la fábrica de neumáticos en Virreyes, configura un mapa de conflictos que el Gobierno parece dispuesto a gestionar desde la confrontación simbólica y la teoría del derrame, sin atender las demandas concretas de un sector que se siente hostigado. Mientras la UOM mantiene su estado de asamblea y los trabajadores despedidos prometen «no bajar los brazos», la pulseada entre el empresariado y el poder político no hace más que profundizar la incertidumbre, dejando en el aire la pregunta de si la cultura del trabajo prometida por Milei es compatible con la lógica del ajuste salvaje que sus propias políticas parecen alentar. En este escenario, los talleres de Valentín Alsina se convierten en el termómetro de una economía que, a pesar de sus récords, no logra calentar el corazón de su industria.
