La histórica empresa de Sunchales, en concurso desde 2025, afronta una caída catastrófica en su producción y adeuda ocho meses de salarios. El sindicato Atilra confirmó la presentación judicial y denunció que la firma se sostuvo con recursos de los propios trabajadores.
En un giro que conmueve los cimientos de la industria alimenticia argentina, la cooperativa láctea SanCor, antaño un faro indiscutible del cooperativismo nacional y referente de la producción de derivados lácteos, pidió formalmente su propia quiebra. El pedido se produjo en el marco de un concurso de acreedores que la compañía atravesaba desde 2025, pero el agravamiento de su situación financiera y operativa terminó por precipitar una decisión que, para muchos, resultaba ya inevitable. La presentación fue corroborada tanto por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) como por fuentes oficiales del gobierno de la provincia de Santa Fe.
La empresa, cuya sede central se erige en la localidad santafesina de Sunchales y que durante décadas representó un símbolo de soberanía alimentaria y desarrollo cooperativo, había ingresado en un proceso de reorganización de deudas en febrero del año pasado. Sin embargo, según pudo conocerse, la solicitud de quiebra fue presentada en fechas recientes, aunque todavía no había sido incorporada de manera formal al expediente judicial que sigue su curso. El trasfondo de esta medida es una crisis de magnitudes colosales: el pasivo de SanCor ronda los 120 millones de dólares, y el número de acreedores verificados supera las 1.500 personas o entidades, en un contexto de producción en caída libre y pérdida acelerada de porciones de mercado.
El derrumbe productivo y las heridas internas
El deterioro de SanCor no fue un proceso repentino, sino el resultado de una larga agonía. En los últimos años, la capacidad de procesamiento de leche de la cooperativa sufrió una contracción brutal: de los aproximadamente 4 millones de litros diarios que llegó a transformar en sus épocas de esplendor, pasó a procesar menos de 500.000 litros cada jornada. Esta hemorragia de volumen se tradujo en una pérdida de competitividad difícil de remontar.
Paralelamente, la directiva de la entidad avanzó en una estrategia de desprendimiento de activos para intentar mantenerse a flote. Así, se concretó la venta de marcas emblemáticas y el cierre definitivo de varias plantas industriales. Ninguna de esas medidas logró revertir la espiral descendente. A ello se sumaron múltiples decisiones empresariales cuestionadas, así como proyectos de financiamiento que nunca terminaron de despegar, marcando un derrotero repleto de oportunidades fallidas para frenar el colapso.
El sindicato arremete contra la conducción y enciende las alarmas laborales
La reacción del gremio Atilra no se hizo esperar. Desde la organización sindical no solo confirmaron la presentación judicial, sino que lanzaron durísimas críticas contra la cúpula directiva de la cooperativa. “El estado de cesación de pagos, la insolvencia y la carencia de respaldo patrimonial ya estaban probados en la causa”, señalaron en un comunicado cargado de acritud. Para el sindicato, la decisión de pedir la quiebra llega tardíamente y no modifica en lo más mínimo la situación de fondo, que consideran irreversible.
En ese mismo tono, calificaron el gesto como algo que “no cambia nada” frente a un escenario que, según su mirada, era evidente desde hacía meses. Pero más allá de las palabras, la preocupación central gira en torno a los cientos de trabajadores que aún dependían de la compañía. El gremio denunció que SanCor se sostuvo durante el último tiempo con recursos que, en rigor, pertenecían a sus propios empleados. Según detallaron, la cooperativa mantiene una deuda salarial equivalente a ocho meses de remuneraciones, a lo que se suman los aguinaldos que tampoco fueron abonados.
De esta manera, el expediente de SanCor incorpora un nuevo y sombrío capítulo a una crisis que se prolonga en el tiempo, poniendo en jaque no solo la continuidad de una de las empresas más emblemáticas del cooperativismo argentino, sino también el futuro laboral de centenares de familias que aún aguardan respuestas. La Justicia deberá resolver ahora si acepta la solicitud de quiebra o si, por el contrario, concede algún último respiro a una cooperativa que ya parece haber escrito su epílogo.
