Constructoras y firmas de señalización vial revelaron ante un tribunal oral que sus testimonios fueron forzados por el extinto juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Los acusados recurrieron a fedatarios públicos para dejar constancia de sus falsedades. Los defensores pidieron investigar el delito de coacción, pero los magistrados postergaron la decisión.
En una jornada que remeció los cimientos de la denominada causa de los cuadernos, tres hombres de negocios expusieron ante el Tribunal Oral 7 un entramado de intimidación judicial que, según sus relatos, los condujo a mentir para preservar su libertad. “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”. Quien habló fue Mario Rovella, propietario de una de las empresas constructoras más poderosas del país, Rovella-Carranza. El empresario reveló que, en la víspera de su indagatoria de 2018, concurrió a una escribanía para asentar por escrito que falsearía su testimonio como única vía para evitar la prisión preventiva.
La misma estrategia fue adoptada por Oscar Sansiseña, titular de Cleanosol Argentina, una firma especializada en cartelería y señalización de rutas. Este hombre de 85 años también acudió a un fedatario público para anticipar que su declaración judicial no se ajustaría a la verdad, insistiendo en que jamás efectuó desembolso alguno a los supuestos recaudadores. Su socio, Guillermo Escolar, director y gerente de la misma compañía, repitió el procedimiento: dejó testimonio notarial de que mentiría al día siguiente en los estrados. Pero Escolar agregó un elemento todavía más perturbador. Describió cómo el magistrado Claudio Bonadío —actualmente fallecido— y el fiscal Carlos Stornelli hicieron desfilar a un colega detenido, Hugo Dragonetti, ataviado con casco y chaleco antibalas, con el propósito explícito de infundir temor y exhibir el destino que aguardaba a quienes no se plegaran a los deseos de la acusación.
Ante semejantes revelaciones en el marco del expediente que investiga presuntas coimas en la obra pública, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo solicitaron este martes que se extraigan testimonios para denunciar a Stornelli por el delito de coacción —dado que Bonadío ya no está con vida—. La fiscal Fabiana León, identificada con las líneas más cercanas al macrismo dentro de la Procuración, reaccionó con gritos y pidió el rechazo del pedido, acusando a los letrados de “buscar un juez amigo”. Sin embargo, el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli optó por una maniobra evasiva: postergaron cualquier decisión hasta el final del juicio, una suerte de pelotazo hacia adelante que posterga sine die la posibilidad de indagar las presuntas presiones ilegítimas.
El clima de extorsión no fue una experiencia aislada. Gerardo Ferreyra, otro empresario que se resistió a arrepentirse, narró cómo Stornelli le prometió que si colaboraba dormiría en su hogar, pero que de lo contrario terminaría en un calabozo. Incluso el reciente ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuando aún ejercía como abogado particular, admitió públicamente que le sugeriría a su defendido, Sergio Taselli, que faltara a la verdad para esquivar la detención. Lo que todos estos testimonios comparten es un patrón: la utilización del poder punitivo como mecanismo de aplastamiento de la voluntad, una práctica que quedó retratada con crudeza en la célebre frase que Stornelli habría espetado a los citados: “apúrense que no hay sortijas para todos”.
Rovella, durante su exposición ante los jueces, comenzó relatando la trayectoria de su compañía, fundada en 1985, con 152 obras desplegadas en diecisiete provincias y vínculos con organismos multilaterales de crédito. Todo transcurría con aparente normalidad hasta que el empresario decidió romper el libreto. “Van a advertir una contradicción entre lo que declaré en marzo de 2019 y lo que escucharán ahora”, advirtió. Y entonces confesó que el día 28 de febrero de ese año se presentó en una escribanía con una nota que anticipaba su falsa declaración, más otro escrito donde dejaba constancia de que lo consignado no era veraz. Señaló que las fechas de los supuestos pagos no coincidían con su presencia en Buenos Aires y que jamás existió sociedad alguna con el empresario Paolini, como se le imputaba. Su relación con el financista Ernesto Clarens —quien se autopresentó como recaudador— se limitó a un vínculo comercial puro: la contratación de taxis aéreos para visitar obras. Lejos de recibir favores de Vialidad Nacional, Rovella afirmó haber iniciado 19 juicios contra el organismo por una deuda de 50 millones de dólares.
El impacto de estos relatos radica no solo en lo que dicen, sino en lo que evidencian sobre la estructura misma de la causa. La investigación original arrancó con una irregularidad mayúscula: Bonadío y Stornelli debieron someter el expediente a sorteo, pero se lo apropiaron alegando una conexión espuria con la compra de Gas Natural Licuado. Luego, al chofer Oscar Centeno le quitaron su abogado de confianza, lo reemplazaron por un defensor oficial y lo presionaron hasta convertirlo en arrepentido. Centeno declaró que había incinerado los famosos cuadernos, aunque más tarde aparecieron seis de los ocho sin rastros de humo. Las pericias revelaron miles de tachaduras, alteraciones y fuertes indicios de que los textos fueron dictados. Pese a todo, los arrepentidos decisivos, como Centeno o Clarens, quedaron blindados: evitan ser confrontados por las defensas, lo que aniquila el derecho a un juicio justo.
Los jueces del Tribunal Oral 7 ya habían protagonizado otra decisión insólita al permitir que los colaboradores eficaces se negaran a responder preguntas de los abogados de los acusados. Ahora, con el pedido de investigación por coacción, volvieron a esquivar su obligación legal. La ley procesal penal les exige denunciar de oficio cualquier delito que surja durante el debate, pero los magistrados prefirieron guardar el tema para el final, una decisión que, en los hechos, entierra cualquier posibilidad de indagar las andanzas de Bonadío y Stornelli. Lo que queda a la vista es un aparato judicial utilizado para la persecución política, una comedia dramática cuyo desenlace parece escrito de antemano: la condena ya firmada antes de que se escuchen todas las voces. Mientras tanto, decenas de empresarios prefieren no declarar, muchos por su avanzada edad, y aquellos que se animan a hacerlo describen un mismo infierno de presión psicológica y notarías donde se escondió la verdad para sobrevivir al poder punitivo.
