Con plazos judiciales vencidos, un presidente que desafía a los poderes Legislativo y Judicial, y un creciente malestar social, la comunidad académica se prepara para una semana de protestas y paros que prometen sacudir al país. Mientras tanto, el Ejecutivo busca alternativas en el Congreso para esquivar una ley que ya fue sancionada y ratificada.
El pulso entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público ingresa en su etapa más crítica desde el inicio de la gestión. Lo que hasta hace algunas semanas era un creciente malestar institucional y salarial, hoy se ha transformado en un escenario de confrontación directa que amenaza con profundizar la crisis educativa y social. Gremios docentes, rectores y federaciones estudiantiles tienen previsto anunciar en las próximas horas la fecha de una nueva marcha federal, una convocatoria que, según anticipan las propias fuentes del ámbito académico, promete repetir —y quizá superar— la multitudinaria respuesta ciudadana observada en las protestas anteriores.
El origen inmediato de esta escalada se encuentra en el vencimiento del plazo fijado por la Cámara Nacional de Apelaciones para que el Poder Ejecutivo regularice los pagos adeudados a más de seis decenas de casas de altos estudios estatales en concepto de salarios docentes y becas estudiantiles. Sin embargo, lejos de acatar la orden judicial, el presidente Javier Milei se ha negado rotundamente a desembolsar las partidas correspondientes. Por el contrario, instruyó a la Procuración del Tesoro a presentar una queja formal ante la Corte Suprema, al tiempo que su administración interpuso un recurso extraordinario con el propósito explícito de suspender la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Como si esto fuera poco, el oficialismo ya baraja la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto de ley en el Congreso que reemplace la norma sancionada, con el objetivo de dejar atrás una legislación que el Presidente ya vetó y que, pese a haber sido ratificada por los dos tercios de los legisladores, continúa siendo sistemáticamente incumplida.
Frente a este panorama que, en palabras de los protagonistas, vuelve a dar la espalda a las universidades, la comunidad académica anticipó que no permanecerá inactiva. A partir de hoy, los distintos gremios comenzarán a desplegar actividades preparatorias que derivarán en una nueva semana completa de paro, programada entre el 27 y el 30 de abril. Los docentes advierten que el conflicto no tendrá un desenlace sencillo ni rápido; por el contrario, todo indica que se instalará en la agenda pública por un periodo prolongado.
Francisca Staita, titular de la Conadu Histórica, sintetizó el sentir de buena parte del arco educativo en diálogo con este medio: “Desde el inicio de su gestión, Milei ha tenido una política clara hacia la universidad: una política de desfinanciamiento, de ahogo constante, bajo el argumento del déficit cero. Creemos que su objetivo es reducir la universidad porque en su proyecto de país no hay lugar para ella. No le interesa que exista una institución que abra la posibilidad de ascenso social y que defienda la soberanía del conocimiento”. La dirigente recordó que el Gobierno lleva seis meses sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue votada, luego vetada por el Presidente, posteriormente ratificada por el Congreso y finalmente respaldada por dos fallos judiciales —uno de primera instancia y otro de la Cámara— que ordenaron su implementación. “Al presidente le importa poco la democracia y lo que resuelvan los poderes Legislativo y Judicial —enfatizó Staita—. Ya lo vimos con la ley de emergencia en discapacidad y con la ley de emergencia pediátrica: ha llegado hasta las últimas consecuencias para no cumplirlas”.
Según el cálculo de los sindicatos, los docentes necesitan una recomposición salarial del 55 por ciento para recuperar el poder adquisitivo que poseían en noviembre de 2023. “Una enorme cantidad de maestros y profesores continúa cobrando apenas 250.000 pesos”, denunciaron, una cifra que en el contexto inflacionario actual resulta francamente insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Mientras tanto, en la Casa Rosada no cesan los movimientos en busca de alternativas para evitar el desembolso. Fuentes oficiales confirmaron que se evalúa reflotar un plan B en el Congreso: un proyecto de ley alternativo que propone una actualización salarial y presupuestaria significativamente menor a la establecida por la norma vigente, además de imponer nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades. Otra estrategia en análisis es la del pago a medias: a medida que avanza la disputa legal, el Ejecutivo contempla aplicar la ley de manera parcial y gradual, con el fin de evitar un desembolso masivo e inmediato. No obstante, desde el propio Gobierno han sido categóricos. Fuentes de la Rosada aseguraron al diario Infobae: “El gobierno no va a pagar porque no tenemos la plata”. Quien tiene la función de redistribuir las partidas presupuestarias es nada menos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en estos días atraviesa un escándalo mayúsculo tras haberse revelado que adquirió numerosas propiedades y realizó una serie de viajes de placer cuyos costos superarían con creces lo que sus ingresos como funcionario público podrían justificar.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, planteó un diagnóstico alarmante: las casas de estudio “no aguantan más la situación”. El ahogo presupuestario, detalló, está generando una fuga de docentes e investigadores y fuerza a las universidades a continuar con las medidas de protesta. Pero el dirigente fue más allá al advertir que el desfinanciamiento no perjudica únicamente a estudiantes y educadores, sino a toda la sociedad. “Si vos tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si se desata otra pandemia como la del COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”, ejemplificó. Y lanzó una advertencia: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”.
A pesar de la tensión, Yacobitti insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo se siente a negociar cómo cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”. Sin embargo, reconoció que el tiempo se agota: “Cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución”. Aunque aún es posible evitar una nueva marcha federal, el plazo es ajustado y se extiende, como máximo, hasta mediados de mayo.
Un dato jurídico de relevancia, a menudo pasado por alto, es que la apelación del Gobierno ante la Corte Suprema no tiene efecto suspensivo. Esto significa que, mientras el máximo tribunal no conceda formalmente la queja, la Casa Rosada tiene la obligación ineludible de comenzar a girar fondos a las universidades. Para cumplir cabalmente con la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo debería transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales. Una cifra colosal que, en el marco de la política de ajuste y déficit cero, el Gobierno se niega a desembolsar, llevando la confrontación institucional a un punto de ebullición cuyas consecuencias, tanto en las calles como en los tribunales, recién comienzan a vislumbrarse.
