La central obrera arremete contra los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero del Trabajo, tras haber suspendido una cautelar favorable al sindicalismo. En un duro comunicado, el Consejo Directivo acusa a los camaristas de quebrantar la tutela preferente hacia los asalariados y anticipa una batería de medidas de protesta en la antesala del Día del Trabajador.
La máxima conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha dirigido su artillería institucional contra dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo luego de que estos habilitaran la plena operatividad de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, ignorando una medida precautoria que había sido concedida en una instancia judicial previa a favor de la central obrera. La cúpula sindical sostiene que el fallo adoptado por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, ambos pertenecientes a la Sala VIII del tribunal de alzada del fuero laboral, dejó en una situación de absoluta vulnerabilidad a una cifra ingente de trabajadores a lo largo y ancho del país, al tiempo que asestó un golpe frontal contra la estructura misma del asociacionismo gremial.
El pronunciamiento oficial surge a través de un documento que el Consejo Directivo de la organización tiene previsto difundir en las próximas horas, cuyo contenido pudo ser relevado por este medio. En ese texto, la central responde directamente a la determinación judicial que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el Ejecutivo, dotado de “efecto suspensivo”, que dejó sin sustento la acción de amparo que previamente había validado el magistrado Raúl Ojeda, frenando más de ochenta artículos de la controvertida reforma. De esta manera, la cautelar que protegía a los trabajadores quedó aniquilada.
Resulta impropio de un tribunal especializado en cuestiones laborales que decida sostener la aplicación de la ley y simultáneamente la incumpla al no observar los precedentes establecidos por la Corte Suprema, señala el borrador del comunicado, en un pasaje que los dirigentes gremiales subrayan como medular. La Corte, recuerda la CGT, ha reconocido en numerosas ocasiones el carácter de los trabajadores como sector especialmente vulnerable y por tanto destinatario de una tutela judicial preferente. En esa línea, los camaristas optaron claramente en contra del asalariado al ignorar la esencia preventiva de toda medida cautelar, con el objetivo de afianzar los aspectos más lesivos de la norma, y abandonando así su obligación protectora primordial.
La protesta sindical alcanza una dimensión aún más profunda cuando se remite al bloque constitucional. La central obrera advierte que la resolución de segunda instancia contradice abiertamente lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales dotados de jerarquía constitucional, todos los cuales consagran una protección reforzada de los derechos de los trabajadores precisamente porque estos ocupan el eslabón más débil en la cadena productiva del capitalismo. Más allá de la denuncia jurídica, la CGT proclama que continuará su lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora con la Constitución en la mano y la justicia social como estandarte.
Tras bambalinas, dentro de los pasillos de la central obrera, la indignación se ha concentrado sobre todo en un fuero que habitualmente era percibido como menos hostil a las demandas de los sindicatos y los empleados en comparación con otras ramas judiciales. El foco de la ira recae particularmente en la figura del camarista Pesino. Este jueves, el dirigente bancario Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, dejó caer una insinuación explosiva al conjeturar que el magistrado quizás se inclinó por mantener la vigencia de la reforma laboral “porque es inminente su jubilación”, aunque advirtió con ironía: “No sea cosa que ahora lo veamos pidiendo al Congreso que le extienda cinco años más su mandato”.
Mientras tanto, la CGT afina los detalles de una convocatoria multitudinaria prevista para el próximo jueves en la Plaza de Mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. La idea que maduró en el seno del Consejo Directivo apunta a una concentración masiva que recoja el impulso y la estela de la enorme movilización del 24 de marzo pasado, cuando el país recordó el quincuagésimo aniversario del último golpe de Estado. En los primeros análisis, algunos dirigentes especulaban con que una presencia popular arrolladora podría también influir en el estado de ánimo de los jueces que tuvieran que expedirse en el futuro sobre las causas relacionadas con la reforma laboral.
