El tribunal de alzada concedió efecto suspensivo al recurso del Estado nacional, dejó sin efecto la cautelar del magistrado Raúl Ojeda y celebró así una victoria judicial para el gobierno libertario, que recibió el respaldo de sus máximas figuras en las redes oficiales.
En un giro procesal de alto voltaje institucional, la Cámara Nacional de la Apelaciones del Trabajo resolvió a favor del reclamo impulsado por la administración de Javier Milei y decidió revocar la medida cautelar que hasta el momento mantenía inactivos ochenta y dos artículos centrales de la ambiciosa reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo. Aquel freno judicial había sido dispuesto semanas atrás por el juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a un pedido de amparo colectivo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Con la decisión actual de la alzada, la suspensión queda sin vigor de modo provisional, mientras se aguarda un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión.
El fallo, firmado por las juezas y jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, resulta lapidario en sus términos: “Modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación, deducido por el Estado Nacional, contra la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo, de la República Argentina”. De este modo, el tribunal de segunda instancia entendió que asistía razón al Gobierno nacional para apelar sin demora, y decidió paralizar los efectos del fallo anterior, lo que implica que, por ahora, los artículos objetados recuperan su plena operatividad.
La cautelar original que ahora quedó en suspenso había sido concedida por el magistrado Ojeda tras considerar que existían indicios serios de inconstitucionalidad en varios pasajes de la nueva norma, además de un peligro inminente de daños irreparables para la clase trabajadora. Entre los fundamentos esgrimidos por el juez, se destacaba el papel de la central obrera como legítima representante del colectivo laboral para impulsar acciones de esta naturaleza. Frente a aquel escenario, la Cámara decidió ahora inclinar la balanza del lado del Poder Ejecutivo, devolviendo la vigencia transitoria a un articulado que el sindicalismo había conseguido frenar.
En concreto, el listado de disposiciones que recuperan vigor abarca una porción significativa del Libro de reformas contenido en la Ley 27.802. Entre los números que vuelven a regir se encuentran los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57. Muchos de esos puntos habían sido blanco de duras críticas por parte de la central obrera, que los denunció como vehículos de una regresión en conquistas históricas. Especialmente polémicas resultaron las modificaciones vinculadas al esquema indemnizatorio, la ampliación de las facultades unilaterales del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y, sobre todo, las nuevas restricciones a la actividad sindical.
Desde la CGT no tardaron en reaccionar con preocupación ante el fallo de la alzada. En su presentación original, la central ya había advertido que la norma afectaba la libertad sindical, vulneraba principios constitucionales básicos y desatendía tratados internacionales con jerarquía constitucional. A su criterio, el contenido de la ley implicaba una erosión frontal del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra la protección integral del trabajo. No obstante, la Cámara consideró que, al menos en esta etapa procesal, deben primar los argumentos del Estado nacional y la presunción de validez de la ley hasta tanto se resuelva la controversia de fondo.
El fallo no tardó en encender los reflectores del tablero político. El propio presidente Javier Milei celebró el revés judicial con inusual énfasis a través de su cuenta en la red social X, donde compartió el mensaje difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. ¡VLLC!”, escribió Pettovello en alusión a la célebre exclamación libertaria “Viva la libertad, carajo”. Inmediatamente, Milei republicó aquella publicación y agregó con mayúsculas sostenidas: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
El respaldo del mandatario y de su gabinete no fue un gesto aislado: todo el ecosistema oficial interpretó la decisión judicial como un respaldo clave a una de las patas más sensibles de la agenda de desregulación económica impulsada por la actual administración. La restitución de los ochenta y dos artículos es vista por el Gobierno como un paso indispensable para dinamizar el mercado de trabajo, reducir costos de contratación y limitar el poder de bloqueo de las estructuras gremiales tradicionales.
Por su parte, el juez Raúl Ojeda, al momento de dictar la cautelar original, había sido enfático en señalar que existía una “verosimilitud del derecho calificada” a favor de los trabajadores, es decir, fundamentos robustos para presumir una posible vulneración de garantías constitucionales. Su argumentación puso especial énfasis en la protección del trabajo como pilar del Estado social de derecho. Pero la Cámara, con su decisión actual, optó por priorizar la urgencia del Estado para evitar que una suspensión prolongada cause un perjuicio mayor a la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
El devenir de esta pulseada judicial permanece abierto. La cautelar revocada no implica un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma, sino apenas un reacomodamiento procesal que concede al Ejecutivo un respiro para que sus artículos más controvertidos recuperen efectos inmediatos. La CGT, sin embargo, ya anticipó que continuará la batalla legal hasta llegar a instancias superiores, con la convicción de que lo que está en juego es el piso irrenunciable de derechos conquistados por décadas de lucha sindical. Mientras tanto, el Gobierno libertario saborea una victoria temprana que inyecta impulso a su plan de reformas estructurales, y los trabajadores y empleadores observan con atención los próximos movimientos de un tablero judicial que aún promete varias jugadas decisivas.
