La legisladora nacional sostiene que la decisión gubernamental que impide la entrada de cronistas acreditados al edificio gubernamental vulnera el sistema republicano y constituye “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”. La acusación alcanza también al secretario de Comunicación y al jefe de la Casa Militar.
En una maniobra judicial que sacude el escenario político local, la diputada nacional Marcela Pagano formalizó en las últimas horas una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por obstaculizar deliberadamente el ingreso de los periodistas acreditados a la sede del Poder Ejecutivo. La presentación, que lleva la firma de la legisladora, cuestiona frontalmente la medida adoptada por el mandatario al argumentar que la Casa de Gobierno “no es propiedad privada”, sino un espacio público cuyo acceso no puede quedar sujeto a la voluntad discrecional de sus funcionarios.
Según el extenso escrito judicial al que tuvo acceso este diario, Pagano advirtió con crudeza que la restricción al ejercicio del periodismo simboliza “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente” y representa un peligroso antecedente que atenta contra la libertad de expresión garantizada por la Carta Magna. A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, la diputada, que en el pasado perteneció al espacio libertario, enfatizó su postura con mayúsculas: “NO NOS VAN A CALLAR”, al compartir los detalles de la presentación judicial.
El texto de la denuncia, que se extiende contra Javier Lanari (secretario de Comunicación y Medios) y contra el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, responsable de la Casa Militar, sostiene que la clausura del acceso de los cronistas acreditados provoca un “daño continuado e irreversible” sobre el andamiaje institucional. La legisladora enumeró en su acusación los bienes jurídicos lesionados: el sistema republicano, la libertad de prensa, el derecho de los ciudadanos a recibir información pública y el ejercicio profesional del periodismo.
En un pasaje particularmente demoledor de su argumentación, Pagano subrayó que la prohibición fue impuesta “de facto”, sin respaldo de ningún acto administrativo fundado. La queja detalla que no medió notificación personal a los afectados, no existió sumario previo ni tampoco una resolución motivada que justificara semejante decisión. “La medida fue adoptada sin ningún tipo de sustento legal”, sentenció la diputada.
La presentación judicial también rescata un dato histórico que otorga mayor gravedad al conflicto. Según recordó la legisladora, la Sala de Periodistas de la Casa Rosada permaneció abierta ininterrumpidamente durante todas las gestiones democráticas desde 1983 hasta la fecha, abarcando gobiernos de distintos signos políticos. Incluso, añadió el texto, durante los regímenes de facto se permitió el trabajo de la prensa en ese ámbito. “La decisión del 23 de abril de 2026 constituye una ruptura sin precedentes de la continuidad institucional argentina en materia de relación Estado-prensa”, enfatizó el documento.
Desde una perspectiva jurídica, la denuncia sostiene que las conductas atribuidas al Presidente y a los otros funcionarios mencionados violan de manera flagrante normas de jerarquía constitucional, entre ellas los artículos 14 (que garantiza la libertad de publicar ideas sin censura previa), 32 (que prohíbe al Congreso dictar leyes restrinjan la libertad de imprenta, y con mayor razón al Ejecutivo), 33 (sobre derechos implícitos), 43 (acción de amparo) y el artículo 1º, que consagra la forma republicana de gobierno, cuyo principio rector es la publicidad de los actos estatales.
En este marco, la diputada señaló que los denunciados podrían haber incurrido en delitos penales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público e impedimento del ejercicio de un derecho, figuras todas previstas en el ordenamiento penal argentino.
El origen de la controversia se remonta al pasado jueves, cuando el gobierno de Javier Milei dispuso la prohibición total del ingreso de la prensa a la Casa Rosada. Oficialmente, la administración nacional intentó justificar la medida bajo el argumento de un presunto “espionaje ilegal”. Esta determinación se produjo apenas dos semanas después de que el Ejecutivo ya hubiera inhabilitado el acceso de El Destape y de otros medios de comunicación.
Voceros oficiales consultados por este diario afirmaron que “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, una disposición que, según dijeron, resulta extensiva a todos los medios del país. Las mismas fuentes agregaron que la veda responde “a la investigación que se está realizando por los videos que salieron el último domingo en el programa televisivo de Luciana Geuna” emitido por Todo Noticias (TN), material que motivó una denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que realizaron esa filmación.
Para dotar de un barniz técnico a la decisión, el Gobierno argumentó que se limitó a “dejar sin efecto la prórroga” de las acreditaciones vigentes durante abril, toda vez que esos permisos habían vencido el último día de marzo y se hallaba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas que cubren la fuente gubernamental. “Hasta tanto no esté concluido el nuevo reempadronamiento, no se habilitará el ingreso de ningún periodista a la Casa”, señalaron las fuentes oficiales, en una explicación que desde el arco opositor y gremios de prensa fue recibida con absoluto escepticismo.
Al cierre de esta edición, desde la Casa Rosada no habían emitido un pronunciamiento oficial respecto de la denuncia presentada por Pagano, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo adelantaron que la estrategia de defensa se concentraría en demostrar la supuesta legalidad del trámite administrativo vinculado al reempadronamiento. Mientras tanto, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegios de periodistas manifestaron su profundo rechazo a lo que calificaron como un retroceso autoritario inédito en cuatro décadas de democracia ininterrumpida.
