En un hecho inédito desde el retorno democrático, la administración libertaria retiró todas las acreditaciones a los periodistas que cubren habitualmente la fuente presidencial. La maniobra coincidió con un encuentro reservado entre el mandatario y Peter Thiel, dueño de Palantir, en el que se habrían cerrado acuerdos estratégicos sobre recursos naturales patagónicos. La oposición calificó la medida como un “menoscabo institucional a la libertad de expresión”.
Desde las primeras horas de la jornada, efectivos de la policía federal junto a integrantes de la Casa Militar se desplegaron en las inmediaciones de Balcarce 24, el habitual punto de ingreso para los trabajadores de prensa y el público en general al palacio gubernamental. A medida que los comunicadores acreditados comenzaron a llegar al lugar, los agentes les exigieron que se identificaran y, tras cotejar sus nombres con listas impresas que portaban, les notificaron que no podían traspasar el umbral ni tampoco recuperar pertenencias que hubieran dejado en la sala destinada a los periodistas. Ningún funcionario ofreció una explicación coherente: los uniformados se limitaron a repetir que “se resolvió eliminar las huellas dactilares de los cronistas acreditados de manera preventiva”, aludiendo a un supuesto caso de “espionaje ilegal”.
El argumento oficial resultó, cuando menos, llamativo para quienes siguen de cerca los avatares de la gestión libertaria. Desde hace varias semanas, una serie de pesquisas periodísticas fueron revelando presuntas maniobras irregulares protagonizadas por altos funcionarios e incluso por ministros como Manuel Adorni, todos bajo la lupa de la justicia penal. Frente a ese escenario, el gobierno optó por convertir al periodismo y a los reporteros en el adversario a derrotar. No existen respuestas a los hechos denunciados: solamente prosperan los insultos, los agravios y las arengas, muchos de ellos lanzados desde los propios discursos presidenciales.
Más allá de las coartadas ensayadas por los efectivos de seguridad, lo cierto es que la drástica determinación tuvo lugar el mismo día del evento central de la agenda oficial: un cónclave que el presidente Javier Milei mantuvo con Peter Thiel, el poderoso empresario propietario de Palantir y figura destacada de la élite tecnológica de Silicon Valley, con estrechos vínculos en la administración de Donald Trump y, en particular, con el vicepresidente JD Vance. Thiel ingresó a la Casa Rosada a las catorce horas en medio de un operativo de seguridad excepcionalmente riguroso. El magnate, según diversas fuentes, manifiesta un marcado interés en los recursos naturales y energéticos que posee la Argentina, especialmente aquellos ubicados en la Patagonia, a los que concibe como un eventual refugio ante una crisis global de características aún imprecisas. En el marco de esa visita, durante la cual podrían haberse sellado acuerdos estructurales capaces de condicionar la soberanía nacional y definir el rumbo futuro del país, la sede gubernamental fue literalmente blindada y la prensa acreditada se vio imposibilitada de cubrir el acontecimiento.
La ridiculez de la excusa del espionaje
La referencia al “espionaje ilegal” utilizada por el oficialismo remite a un informe difundido por el canal televisivo TN el domingo precedente. En esa emisión, un periodista con credencial oficial utilizó unos anteojos Ray Ban Meta provistos de cámara de alta definición —el mismo modelo que emplea la senadora Patricia Bullrich dentro del recinto legislativo sin que nadie lo prohíba— para realizar un recorrido por los pasillos de la casa de gobierno. Una vez publicado el material, el gobierno decidió retirarle la acreditación al periodista en cuestión, Ignacio Salerno, y además la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, presentó una denuncia penal tanto contra Salerno como contra la conductora del programa que emitió el informe, Luciana Geuna.
La causa iniciada por la Casa Militar quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, en Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta “divulgación de secretos políticos y militares”. Según la presentación judicial, las imágenes capturadas habrían “vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo”. Desde las filas oficialistas intentaron justificar la medida extrema argumentando que “la Casa Militar actuó de oficio e hizo la denuncia. El lunes se le sacó la acreditación al periodista y ayer a la noche decidimos la medida de hoy para revisar cámaras y analizar otras cuestiones porque lo consideramos un riesgo para la seguridad presidencial”. Ninguna de esas explicaciones logra ocultar que, por primera vez en toda la historia democrática argentina, se dieron de baja las huellas que permiten el acceso de toda la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.
La decisión la tomó Milei
Los periodistas afectados, que debieron improvisar salas de prensa de emergencia en bares cercanos a la Plaza de Mayo, recibieron allí a funcionarios que, en condición de off the record, admitieron que “no ven una salida para los próximos días”. Agregaron, con evidente preocupación, que “no pueden hablar de plazos ni prometer nada”, porque la resolución partió directamente de la Presidencia de la Nación. Tampoco supieron explicar por qué, si realmente se trataba de una cuestión de seguridad nacional, las medidas pertinentes no se adoptaron el mismo lunes y se esperaron cuatro días para ejecutarlas, justo en coincidencia con la visita de Thiel que los medios no pudieron registrar.
El propio Milei se expresó al respecto en sus redes sociales y celebró la censura que él mismo ordenó. El mandatario compartió en su cuenta de Instagram una imagen que rezaba: “Excelente medida: bajaron todas las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada”, junto a otras fotografías donde aparecían los rostros de los cronistas acompañados de leyendas como “Basuras inmundas” y “Basuras repugnantes”.
Los verdaderos propósitos de la maniobra
Más allá de las excusas esgrimidas, el gobierno utilizó estos falsos argumentos para alcanzar al menos cuatro objetivos concretos. En primer lugar, blindar la Casa Rosada durante la visita de Thiel, en el curso de la cual se habrían cerrado acuerdos que posiblemente atenten contra la soberanía nacional y favorezcan la entrega de recursos naturales y estratégicos. En segundo término, instalar otro tema en la agenda pública que desvíe la atención de los casos de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de La Libertad Avanza, entre ellos al propio jefe de gabinete. En tercer lugar, evitar hablar de las internas dentro del espacio gobernante y de los problemas económicos que se tornan cada vez más acuciantes para los trabajadores. Y en cuarto lugar, avanzar en la diatriba oficialista contra la prensa, una línea de acción que no resulta novedosa bajo la gestión libertaria.
Un ataque con historia
Desde el inicio del gobierno de Milei, el hostigamiento a los medios de comunicación se ha mantenido como una constante. El presidente insulta y sostiene que la sociedad “no odia lo suficiente a los periodistas”. La Secretaría de Comunicación, antes conducida por Manuel Adorni y ahora a cargo de Javier Lanari, ya había quitado en reiteradas ocasiones la acreditación a distintos trabajadores de prensa por razones arbitrarias y carentes de todo sentido. Impedía, por ejemplo, a Página/12 cubrir eventos como la Derecha Fest, expulsando a sus enviados del lugar el año pasado de manera intempestiva, únicamente por su línea editorial. Además, este gobierno, con la complicidad del Congreso Nacional, eliminó el estatuto del periodista en el marco de la votación de la reforma laboral que se aprobó en febrero de este año.
Las protestas opositoras
Durante la tarde del jueves, mientras la prensa permanecía excluida de lo que ocurría dentro de la Casa Rosada, un grupo de diputados de diversos sectores opositores se acercó a la puerta de Balcarce 50 para repudiar la decisión oficial y hacer entrega de una carta. Allí estuvieron presentes, entre otros, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica ARI, Esteban Paulón de Provincias Unidas, Romina del Pla del FIT y Juan Marino de Unión por la Patria. En el texto, los legisladores solicitaron una audiencia con funcionarios del gobierno nacional “con carácter urgente” para “abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones”. Agregaron que la medida oficial “constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública”.
Al mismo tiempo, un grupo de legisladores convocó a una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión para el jueves 30 de abril a las diez de la mañana en la Cámara de Diputados. Según explicó el diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, “serán invitados a la reunión entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas que vienen sufriendo agresiones”.
El repudio se generalizó rápidamente entre los sindicatos y las entidades que agrupan a los profesionales de la comunicación. FOPEA emitió un comunicado advirtiendo que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”. Por su parte, ADEPA calificó la decisión del gobierno como “una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”. La grieta se profundiza una vez más, y esta vez el campo de batalla es nada menos que el derecho a informar y ser informado.
