La cartera que conduce Sandra Pettovello recurrirá el fallo del magistrado Adrián González Charvay, quien ordenó la continuidad transitoria del plan social. La ministra argumenta el fin del plazo de vigencia y la necesidad de redirigir los fondos hacia un sistema de vouchers de capacitación, en medio de un creciente debate sobre el equilibrio fiscal y la no regresión de derechos.
En una nueva arista del litigio entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en materia de políticas de asistencia, el Ministerio de Capital Humano confirmó este miércoles que presentará una apelación contra la resolución judicial que frenó la suspensión del programa “Volver al Trabajo”. La medida cautelar dictada por el juez Adrián González Charvay evitó, al menos de manera provisoria, que cerca de un millón de personas dejen de percibir un beneficio cuyo monto permanece inalterable en 78 mil pesos desde diciembre de 2023.
La decisión judicial había hecho lugar a un recurso de amparo impulsado por cinco referentes de organizaciones barriales —entre ellos, dos recuperadores urbanos y tres trabajadores comunitarios— con el patrocinio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El magistrado fundó su pronunciamiento en el principio de no regresión de derechos, una doctrina que impide desmantelar conquistas sociales una vez adquiridas. En su fallo, el juez calificó como “peligrosa” la interrupción de los ingresos destinados a los sectores más vulnerables y otorgó un plazo de tres días hábiles a la administración nacional para restablecer el esquema de asistencia.
La postura del Ministerio liderado por Pettovello se apoya en un argumento de carácter temporal. Según la funcionaria, el programa “Volver al Trabajo” concluyó naturalmente al vencerse el período de vigencia de dos años previsto desde su creación, tal como lo establece una resolución que la propia ministra rubricó en 2024. En esa línea, la cartera sostiene que los recursos que se ahorrarían con la cancelación del plan estaban destinados a instrumentos alternativos, específicamente a un sistema de “vouchers” para la formación en oficios y a la extensión de la doble jornada escolar primaria en establecimientos educativos situados en zonas de alta vulnerabilidad.
Desde la óptica de las organizaciones sociales que promovieron la cautelar, esa reconversión representa un nítido retroceso en materia de garantías básicas. El juez González Charvay compartió esa lectura al momento de dictar la medida, al considerar que el cese intempestivo de los ingresos afectaba de modo directo la subsistencia de miles de desempleados y trabajadores informales, conocidos coloquialmente como “changarines”.
El comunicado difundido en la mañana del miércoles por la cartera de Capital Humano abunda en los fundamentos técnicos. Allí se afirma que “el Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años”, y que el Ministerio “efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral”, con el objetivo de ofrecer “una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”. No obstante, fuentes del propio ministerio admitieron que, acatando la orden judicial, continuarán abonando el beneficio mientras la Justicia define su postura en instancias superiores.
La promesa de reemplazar el “asistencialismo” —término con el que desde las entrañas del espacio libertario se suele calificar a la ayuda social estatal— por un mecanismo de vouchers donde el Estado transfiere los fondos directamente a las empresas o a los capacitadores, fue una de las banderas de campaña del presidente Javier Milei. Sin embargo, ese diseño nunca llegó a concretarse ni a adquirir una forma reglamentada con claridad. Desde el entorno de Pettovello tampoco abundaron en precisiones al respecto. Ahora, con la decisión judicial que ordena la continuidad del Volver al Trabajo, la ministra sostiene que ese dinero forzosamente destinado a los 900 mil beneficiarios iba a financiar “dos políticas prioritarias y planificadas” : la mencionada propuesta de vouchers de formación laboral y el programa de doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el territorio nacional.
En un tono de marcada confrontación con el fallo, el Ministerio de Capital Humano expresó que la resolución del magistrado González Charvay “tiene graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial”. El argumento oficialista se repite como un latiguillo en cada uno de los frentes donde las organizaciones militantes le han plantado batalla judicial: ocurrió con la Ley de Financiamiento Universitario, con la emergencia en discapacidad, con el reclamo de los jubilados, con las prestaciones del PAMI y ahora con los trabajadores de la economía popular. En todos los casos, la respuesta del gobierno es la misma: la defensa del equilibrio fiscal como prioridad innegociable por encima de cualquier otra consideración, un principio que choca de frente con la urgencia social de millones de argentinos que aún esperan respuestas concretas.
