El vicerrector de la UBA reconoció la apertura al diálogo del Ejecutivo tras casi dos años de tensión, aunque subrayó que la solución definitiva exige la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial efectiva. Admitió, además, que las multitudinarias protestas y el respaldo de figuras de la cultura fueron determinantes para torcer la postura oficial.
En una jornada que encontró a la comunidad educativa con la expectativa aún latente, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, salió al cruce de los rumores que daban por sellado un principio de entendimiento entre las autoridades nacionales y el sistema universitario. Si bien el dirigente académico valoró como un giro auspicioso la reciente predisposición del Gobierno a sentarse a conversar, fue contundente al remarcar que semejante gesto no equivale, en modo alguno, a un desenlace definitivo del prolongado conflicto que mantiene en vilo a la educación superior argentina. La llave del acuerdo, insistió, no se encuentra en las declaraciones de buena voluntad, sino en la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo acate lo que ya ha sido sancionado por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento integral y sin dilaciones constituye el piso mínimo sobre el cual debería edificar cualquier entendimiento duradero.
El propio Yacobitti fue claro al despejar cualquier interpretación apresurada. «No podemos afirmar que se arribó a un consenso porque nuestro planteo es elemental y se reduce a una exigencia inapelable: el gobierno tiene la obligación de acatar la ley», sentenció, con un tono que mezclaba la cautela con la firmeza de quien sabe que la letra de la norma no admite matices. Esta postura, lejos de ser un capricho gremial, responde a la certeza de que la recomposición de los salarios docentes y no docentes, así como el desembolso de partidas presupuestarias esenciales para el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios, no pueden quedar librados a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ni ser postergados por tiempo indefinido. En ese sentido, el vicerrector subrayó que la apertura demostrada por el oficialismo representa, sin duda, una novedad significativa en el devenir del conflicto, pero advirtió que esa ventana de diálogo no debe ser confundida con una claudicación de los reclamos históricos del sector.
Al hacer un repaso de la situación, Yacobitti puso el acento en el contexto previo y subrayó que la mera disposición a conversar, después de casi dos años de una tensión creciente y de un virtual aislamiento del gobierno frente a los reclamos universitarios, constituye por sí misma un hecho digno de ser resaltado. «Hay que subrayar la intención de escuchar que ha manifestado el Ejecutivo, algo que no habíamos presenciado en todo este tiempo de enfrentamiento», reflexionó, aunque de inmediato matizó que esta nueva fase de acercamiento debe ser aprovechada para dirimir cuestiones que trascienden lo estrictamente remunerativo, y que atañen al rol estratégico de la universidad pública en el desarrollo cultural, científico y social del país. Sin embargo, enfatizó que semejante debate de fondo solo será posible si primero se saldan las deudas materiales que hoy asfixian a las instituciones.
El vicerrector de la UBA no dudó en atribuir este viraje gubernamental a la contundencia política de la protesta social. A su criterio, el costo electoral y simbólico que el oficialismo pagó por haber mantenido una postura de cerrazón fue determinante para forzar un cambio de actitud. «La última manifestación callejera fue arrolladora, superó con creces el ámbito académico, y concitó el respaldo activo de personalidades del mundo de la cultura, de artistas, científicos y de miles de ciudadanos comunes que observan con preocupación el desguace que sufre nuestra universidad», afirmó, en un diagnóstico que revela la conciencia del movimiento universitario sobre su propia capacidad de movilización y su incidencia en la opinión pública. Esa presión, ejercida desde las aulas y las plazas, habría sido el factor que inclinó la balanza hacia una estrategia de negociación, aunque Yacobitti dejó en claro que el Gobierno aún no ha dado el paso definitivo hacia la solución.
En paralelo, el dirigente universitario abordó el espinoso terreno judicial, recordando que la ley de financiamiento no solo ha sido promulgada, sino que además se encuentra en plena disputa en los estrados. Ante esa realidad, rechazó de plano cualquier intento de acordar por fuera del marco normativo. «No hay posibilidad de que dos actores particulares se reúnan y decidan de común acuerdo dejar sin efecto una ley. Eso es una barbaridad jurídica y una aberración institucional», disparó, con la vehemencia de quien defiende el imperio de la Constitución y la división de poderes. En esa línea, cuestionó la exasperante demora judicial que mantiene en vilo la aplicación de la norma, y lanzó una pregunta retórica que quedó flotando en el ambiente: «Han transcurrido más de doscientos días desde que se votó y se judicializó la ley. ¿Hasta cuándo vamos a aguardar para saber si se cumple o no una disposición legal?».
Finalmente, al hacer un balance del impacto del ajuste en las universidades, Yacobitti describió un panorama desolador que va más allá de los números presupuestarios y alcanza la esencia misma del quehacer académico. En sus palabras, el rigor económico aplicado durante los últimos años provocó una fuga silenciosa de talentos y una erosión de los equipos de trabajo que difícilmente podrá revertirse a corto plazo. «Hemos perdido a docentes que redujeron sus dedicaciones para poder desempeñarse en otras instituciones o directamente optaron por abandonar la carrera académica en busca de ingresos más estables», remató, con un dejo de amargura que refleja la gravedad de una crisis que, pese al incipiente diálogo, aún no encuentra su desenlace. La comunidad universitaria, entonces, permanece a la espera, con la convicción de que la ley es el camino, pero con la certeza de que el tiempo, en esta materia, juega en su contra.
