Mientras el oficialismo impulsa una reforma que declara absoluta la propiedad privada y desregula la compra de tierras por extranjeros, organizaciones indígenas, la Iglesia y especialistas denuncian una «inconstitucionalidad» y una «amenaza de desalojo masivo» que profundizaría la concentración de la tierra y el extractivismo en el norte argentino.
La sesión del Senado de la Nación programada para el próximo jueves 6 de agosto se perfila como un escenario de alta tensión política y social, al poner en debate un proyecto de ley que, bajo el rótulo de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», propone una reingeniería integral del régimen territorial argentino. Impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un haz de reformas estructurales que también alcanza a las normativas sobre Tierras Rurales, Manejo del Fuego y Protección de Glaciares, la iniciativa ha encontrado en la provincia de Salta un muro de rechazo transversal que amalgama a pueblos originarios, referentes eclesiásticos y organizaciones sociales, todos coincidentes en el diagnóstico de que el texto legal consagra una profundización de la concentración de la tierra en pocos actores, allana el camino para la adquisición ilimitada de territorio por parte de capitales foráneos y deja en estado de indefensión a las colectividades que históricamente han labrado su existencia en esos suelos.
El pronunciamiento más enérgico y sistemático provino del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), un ente autárquico que actúa como legítimo representante de las etnias que ancestralmente pueblan el extenso territorio salteño. A través de un comunicado de prensa, el organismo exteriorizó su «firme y absoluto rechazo» a la medida gubernamental, advirtiendo que la misma representa un ataque frontal contra la «supervivencia física, cultural y territorial» de las comunidades originarias. En su análisis, el IPPIS sostiene que bajo una «retórica de seguridad jurídica individual y de mercado» se oculta de manera deliberada la naturaleza sui generis de la propiedad comunitaria indígena, desconociendo siglos de ocupación y uso consuetudinario del hábitat.
Para la entidad provincial, la incorporación de mecanismos de «desalojo exprés» y la desregulación total de la venta de predios rurales a inversores extranjeros configuran una «amenaza de despojo masivo» que no hará más que exacerbar los ya de por sí críticos conflictos territoriales que azotan a la jurisdicción. En un hecho sin precedentes desde su creación en el año 2000, el IPPIS se ha manifestado por vez primera en contra de una iniciativa de orden nacional, argumentando que la misma incurre en una «flagrante inconstitucionalidad» al colisionar de manera directa con el entramado normativo vigente en los tres niveles de la organización estatal.
En el plano del derecho internacional, los representantes indígenas señalaron que la propuesta atenta contra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Ley Nacional 24.071, el cual impone a los Estados la obligación de respetar la relación simbiótica de los pueblos originarios con su entorno y de reconocerles el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. Asimismo, el IPPIS enfatizó que el proyecto desoye los postulados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 26 consagra el derecho de esas colectividades a las tierras, territorios y recursos que han poseído, ocupado o utilizado de manera tradicional.
En el ámbito doméstico, el organismo advirtió que se vulnera el artículo 75, inciso 17, de la Carta Magna, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras, un régimen que, en concordancia con el artículo 18 del Código Civil y Comercial, establece el carácter inalienable, intransferible e inembargable de esos bienes comunales. A nivel provincial, se citó el artículo 15 de la Constitución de Salta, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la propiedad de sus tierras comunales. «Salta cuenta con una rica pluralidad cultural que este proyecto pretende avasallar al unificar de manera forzosa todo régimen de tierras bajo la lógica del derecho privado individual y extractivista», denunció el IPPIS, que exigió a los senadores nacionales por la provincia «defender el mandato constitucional y rechazar de plano» la iniciativa libertaria, sentenciando: «No permitiremos que la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el destierro y el olvido de los primeros habitantes de este suelo. ¡El territorio no se vende, se defiende!».
En sintonía con el reclamo institucional, Tujuayliya Gea Zamora, médica de la etnia wichí y referente de la organización de base Na’ Nechepa (que en lengua castellana significa «nos levantamos»), profundizó el análisis al situar el actual rechazo en la continuidad de una disputa territorial que para las comunidades del norte salteño es de larga data. En diálogo con este diario, la profesional de la salud remarcó que las comunidades defienden la tierra cuando se protege a quienes la habitan, especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Gea Zamora conectó el debate legislativo con un proceso de deterioro institucional que viene de antes: recordó que la primera medida adoptada por la actual administración fue la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, y que la provincia, en un acto de obediencia, dejó caer posteriormente la prórroga de la ley 7658, que suspendía los desalojos de familias rurales y pequeños productores mientras se tramitaban los procesos de regularización dominial. «Ya venía todo esto en un plan perfectamente pensado y orquestado para desempoderar a las comunidades indígenas, que con mucha lucha habían logrado estos logros jurídicos que nos mantenían con cierta seguridad territorial», sostuvo Zamora.
La referente indígena también cuestionó con dureza las declaraciones de legisladores provinciales que justifican la apertura a la inversión extranjera, haciendo alusión al diputado Nicolás Arce y a su discurso que tildó de paternalista. «Repasó la historia reciente del Chaco salteño, con inversiones como las empresas Desdelsur y Tecpetrol, y eso no ha garantizado ningún beneficio ni desarrollo para los pueblos, no solo indígenas, sino también para los criollos de nuestro departamento», afirmó. Para Zamora, la ley de extranjerización «viene a profundizar conflictos históricos del territorio, a imponer un futuro bastante oscuro y difícil, que es la total desarticulación del territorio». En un tono de profunda preocupación, proyectó el escenario concreto que se avecina: «Qué difícil es pensar que vamos a tener que estar evitando entrar a nuestros propios territorios ancestrales porque van a estar alambrados, o que nos vamos a tener que someter a condiciones de servidumbre y esclavitud que se suponía que estaban abolidas, cuando estos territorios sean entregados a los extranjeros». Cerró su testimonio con una apelación a la memoria histórica, invocando la figura del general Martín Miguel de Güemes y la epopeya de los infernales, para instar a la ciudadanía a tomar las calles y reclamar a los legisladores que cumplan con el mandato de proteger la patria.
El espectro del rechazo se amplió también desde la esfera eclesiástica. La Pastoral Social y Ecológica, junto al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán, difundieron un comunicado titulado «La tierra es un don de Dios, no es una mercancía», en el que expresan su «firme rechazo» al proyecto que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada. Apelando al mensaje evangélico, la Diócesis cuestionó «toda estructura que prioriza el capital sobre la vida humana» y recordó el mandato bíblico según el cual la tierra «no podrá venderse definitivamente» porque pertenece a un orden que trasciende la propiedad individual. Citando la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, que sostiene que la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para beneficio de todos, y la Laudato Si, que describe la tierra como herencia común, los representantes religiosos advirtieron que el proyecto facilita la concentración de tierras en pocas manos y desprotege profundamente a las comunidades indígenas y campesinas, vulnerando así el principio del destino universal de los bienes.
El sustento fáctico de estas preocupaciones se encuentra respaldado por datos contundentes provenientes del Observatorio de Tierras, vinculado al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA). En su Tercer Informe sobre «Territorio y bienes comunes en disputa», la entidad actualizó el mapa interactivo a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), cruzando información sobre glaciares, comunidades indígenas y proyectos mineros. El informe revela que, si bien a nivel nacional cerca del 5% de la superficie rural está en manos extranjeras, ese porcentaje se dispara en zonas donde se concentran recursos estratégicos. En este contexto, Salta aparece entre las provincias con mayor incidencia de extranjerización. Según el listado de departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras (25.737), San Carlos encabeza el ranking provincial con el 60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos con el 58%, Guachipas con el 34%, General Güemes con el 29%, La Viña con el 28%, Cerrillos con el 25%, Orán y Cafayate ambos con el 23%, y Chicoana con el 16%. El estudio se detiene particularmente en San Carlos, donde ubica una zona con glaciares de escombros clave para la regulación de cuencas hídricas, cuatro proyectos mineros previstos y dos comunidades indígenas con relevamiento territorial culminado. Para el Observatorio, la extranjerización de la tierra no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario, sino como parte de procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos, potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En el escenario legislativo, la iniciativa se enfrenta a su quinta tentativa de tratamiento en la Cámara Alta. La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, viene cuestionando el proyecto oficial por la falta de debate y la ausencia de análisis, presentando un dictamen alternativo desde su bloque Convicción Federal que, si bien mantiene la protección de la propiedad privada, incorpora resguardos para la soberanía territorial y el ambiente. La diferencia más profunda radica en la reforma de la Ley de Tierras Rurales, donde Moisés propone mantener límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y fortalecer la protección sobre Zonas de Interés Estratégico Nacional, en contraposición a la amplia liberalización que impulsa el Gobierno. Sin embargo, el panorama para los opositores es adverso, ya que se espera que los tres senadores nacionales por Salta, entre ellos Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán de La Libertad Avanza y Flavia Royón del espacio local, acompañen el proyecto oficial. Este eventual respaldo unánime de la representación salteña contrasta radicalmente con el rechazo del IPPIS, la Diócesis de Orán y los datos objetivos del Observatorio. A días de la sesión, con movilizaciones convocadas para las 17 en la plaza central 9 de Julio, todas las voces coinciden en que lo que se vota no es solo una reforma de la propiedad privada, sino una definición existencial sobre quién controla el territorio salteño y bajo qué reglas, en un debate que enfrenta la lógica del mercado contra los principios de la memoria y la pertenencia.
