Docentes de todos los niveles educativos confluyen en una jornada de protesta nacional para exigir la reapertura de paritarias, la recomposición del Fondo de Incentivo Docente y el cumplimiento de las leyes de financiamiento, mientras el Gobierno nacional endurece su postura calificando a la educación como «servicio esencial» y avanza con un proyecto que concibe la enseñanza como una mercancía.
En una muestra inédita de unidad gremial que trascendió las diferencias históricas, los trabajadores de la educación de todos los niveles educativos del país paralizaron sus actividades este lunes para plantar cara a lo que consideran el ajuste más feroz y sistemático que haya sufrido el sistema educativo argentino en las últimas décadas. La medida de fuerza, que convocó a maestros de primaria y secundaria, profesores universitarios y auxiliares, se erige no solo como un reclamo salarial, sino como un grito de alerta frente a un proyecto de país que, a juicio de los manifestantes, busca desmantelar el andamiaje público de la enseñanza para sustituirlo por las leyes del libre mercado. La jornada, que incluyó movilizaciones en las principales ciudades del país, encontró su eco en un arco político y social que comienza a cerrar filas en torno a la defensa de la escuela pública, mientras desde la Casa Rosada se replican acusaciones de «adoctrinamiento» y se insiste en la necesidad de establecer servicios mínimos que garanticen la operatividad del sistema.
La convocatoria, que logró sellar un frente común entre la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el sindicato Conadu y su histórica disidencia, expone una radiografía crítica de la situación. Los educadores denuncian que la administración libertaria, liderada por Javier Milei, ha recortado en un abultado 80 por ciento los fondos destinados a la educación obligatoria desde su asunción. Este porcentaje, que en los papeles fríos parece una cifra más, se traduce en las aulas en una carencia profunda de recursos didácticos, en la postergación de obras de infraestructura y, fundamentalmente, en un bolsillo docente diezmado. La suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un instrumento creado en 1998 que otorgaba un plus salarial significativo a todos los maestros y profesores del territorio nacional, representa el símbolo más tangible de esta política de ajuste. A esta pérdida se suma la falta de actualización salarial ante la ausencia de convocatorias a paritarias nacionales, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación en un contexto inflacionario que no da tregua.
Pero el conflicto trasciende lo meramente económico para adentrarse en el terreno de las concepciones filosóficas y políticas. Uno de los principales motores de esta resistencia radical es el proyecto oficialista de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que, en palabras de los críticos, busca convertir a la escuela en un mercado más. El texto de la norma, que ya ha comenzado a debatirse en el Congreso, no solo habilita a los estudiantes a no asistir físicamente a clases para aprender desde sus hogares, sino que reintroduce la idea de los vouchers educativos, un sistema que financia la demanda de los «clientes» en lugar de garantizar la oferta estatal. Esta visión, que minimiza el rol del Estado y lo relega a un mero espectador, concibe a la educación como un bien de consumo y no como un derecho humano fundamental, un principio que los gremios consideran innegociable. La obsesión del oficialismo por desembarazarse de la educación pública parece encontrar su correlato en las declaraciones del Ministerio de Capital Humano, que advirtió que la Ley de Modernización Laboral, que establece a la educación como un «servicio esencial», obliga a garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento de la prestación durante las medidas de acción directa, un intento explícito de cercenar el derecho a huelga de los docentes.
La comunidad educativa no enfrenta este escenario con brazos caídos. Figuras de peso en el ámbito académico y político han salido a cruzar el discurso oficial con argumentos contundentes. Daniel Filmus, exministro de Educación y Ciencia, sostiene que el modelo anarcocapitalista del gobierno actual incluye, por doctrina, el retiro sistemático del apoyo estatal a la cultura, la ciencia y la tecnología. Filmus enfatiza que la experiencia de la lucha universitaria demuestra que la resistencia debe ser articulada y concreta, trascendiendo las meras declaraciones para construir propuestas alternativas sólidas que demuestren que otro modelo es posible. En la misma sintonía, Guillermo Ruiz, investigador del Conicet y especialista en políticas educativas, califica la situación como un quiebre del Estado de derecho, señalando que el gobierno ha reducido falazmente su compromiso constitucional y ha incumplido sistemáticamente con el financiamiento obligatorio. Ruiz recuerda que ya en enero de 2024 se suspendió el Fonid y se eliminaron del Presupuesto las partidas correspondientes al 6 por ciento del PBI para educación, así como los fondos para la educación técnico-profesional, una decisión que, a su juicio, no se explica desde la legalidad vigente.
Las voces de los referentes gremiales amplifican el diagnóstico de los especialistas. Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, destaca la necesidad de esta confluencia histórica para visibilizar una situación común que atraviesa a todos los niveles educativos. La dirigente pone el acento en la gravedad de la falta de presupuesto y el desentendimiento estatal, ejemplificando con la pérdida del Fonid, que significó un recorte salarial del 10 por ciento para los trabajadores de escuelas, y con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ha dejado sin recursos a las casas de altos estudios. Por su parte, Clara Chevalier, de Conadu, subraya que el ajuste es ilegal y que el proyecto de Milei no contempla un lugar para la educación pública. Ambas coinciden en que el paro de este lunes es solo un paso en una escalada de medidas que se profundizará si el gobierno persiste en su actitud de no dialogar y de desfinanciar el sistema.
El foco de la controversia se ha centrado especialmente en las universidades nacionales, que han sido el epicentro de los conflictos desde el inicio de la gestión. La estrategia oficial para deslegitimarlas ha atravesado varias etapas. Primero, se las acusó de albergar «curros» y se anunciaron auditorías que, según admitieron los propios funcionarios, no arrojaron hallazgos irregulares. Luego, el discurso mutó hacia la acusación de adoctrinamiento ideológico, un relato que emula las narrativas de la ultraderecha internacional. Finalmente, en la etapa actual, se intenta desacreditar a las universidades bajo el argumento falaz de que solo sirven para formar a extranjeros, manipulando cifras sobre la población de estudiantes inmigrantes. Cualquier excusa parece ser válida para justificar el achicamiento de una de las pocas instituciones que gozan de un enorme prestigio y legitimidad social en el país. La decisión de declarar a la educación como servicio esencial se percibe como un corsé para coartar el derecho de huelga, mientras que el retraso de más de 280 días en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y avalada por la Justicia, evidencia una clara obstinación por parte del Ejecutivo, que prioriza el equilibrio fiscal por encima de las obligaciones legales y la equidad educativa.
En el fondo de esta puja, subyace una discusión insoslayable sobre el modelo de desarrollo. Un gobierno que desprecia la industria nacional, que no apuesta por la ciencia y la tecnología y que no busca agregar valor a sus productos, difícilmente necesite recursos humanos calificados. El problema cardinal es que esta desidia no se circunscribe a la educación superior, sino que se extiende a los niveles iniciales, pretendiendo convertir a toda la escuela en un mercado más. La historia ha demostrado con creces que cuando los bienes esenciales como la educación quedan librados a las fuerzas del mercado, la brecha social se ensancha y el derecho a un futuro digno se convierte en un privilegio para unos pocos. En este contexto, la movilización de este lunes no es un episodio aislado, sino el síntoma de una sociedad que comienza a despertar y a resistir lo que percibe como un despojo sistemático de su futuro.
