Organizaciones sociales, pueblos originarios y ciudadanos autoconvocados colmaron las calles porteñas para rechazar el proyecto oficialista que pretende modificar el régimen de propiedad rural y facilitar la extranjerización de los territorios
En una jornada que amalgamó tradición ancestral y fervor militante, miles de voces se alzaron ayer desde el corazón de Buenos Aires hasta el emblemático Obelisco, en el marco de una convocatoria que trascendió las fronteras de la Ciudad Autónoma para replicarse en diversos puntos del país. La fecha no fue casual: el Día de la Pachamama, celebración milenaria que honra a la Madre Tierra, sirvió como telón de fondo para una protesta que conjugó el respeto por las raíces culturales con una férrea oposición a la iniciativa gubernamental conocida como «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el próximo 6 de agosto, después de haber naufragado en reiteradas oportunidades por carecer del respaldo legislativo necesario.
La columna, que se extendió a lo largo de más de una cuadra y recorrió la céntrica avenida Corrientes hasta su intersección con la 9 de Julio, tuvo en su vanguardia un estandarte que sintetizaba con contundencia gráfica el espíritu del reclamo: «La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja», leyenda que evocaba la célebre pancarta desplegada por los futbolistas argentinos tras aquel recordado encuentro ante Inglaterra, pero que ahora adquiría una dimensión política de inusitada relevancia. La consigna, más que un eslogan, se erigía como un decálogo de principios para los manifestantes que, bajo un sol implacable, decidieron hacer oír su descontento.
Entre cánticos y arengas, una batucada infundió ritmo y color a la movilización, mientras decenas de carteles ingeniosos aportaban dosis de humor e ironía a la contienda. «El verdadero extranjero peligroso», advertía un cartón que reproducía el rostro del presidente estadounidense Donald Trump, en una crítica mordaz a las políticas de apertura desmedida hacia los capitales foráneos. Otro de los tantos mensajes que poblaban el paisaje urbano hacía alusión a la tradición del 1 de agosto: «Hoy, caña con lucha», prescribía, fusionando el ritual de la ruda con el espíritu combativo de la jornada. Las enseñas patrias y las wiphalas multicolores flamearon con profusión, junto a los tallos de ruda que muchos portaban como amuleto, en un crisol de símbolos que daban cuenta de la diversidad de actores convocados.
La voz de los pueblos originarios encontró en Enrique Mamani, referente de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo), un intérprete elocuente del sentir colectivo. «Nosotros nunca comercializamos la tierra, jamás la pusimos en venta. Ellos, en cambio, hoy pretenden adueñarse de nuestro territorio, quieren privatizarlo», denunció con vehemencia el dirigente, poniendo en evidencia la profunda grieta que separa la cosmovisión indígena de la lógica mercantilista que impulsa el Poder Ejecutivo. Sus palabras resonaron con fuerza entre los concurrentes, que veían en el proyecto oficialista una amenaza directa a su modo de vida y a su relación espiritual con el suelo que habitan.
Desde una perspectiva académica, la socióloga e investigadora del Conicet Julieta Caggiano, quien además integra el Observatorio de Tierras, aportó un análisis pormenorizado de la situación, señalando que la problemática «despierta una conciencia cada vez más extendida en el tejido social». A su juicio, la resistencia del Gobierno a entablar un debate frontal sobre el tema revela una estrategia de ocultamiento: «En lugar de reconocer que su intención es modificar la Ley de Tierras o favorecer la extranjerización del territorio, bautizan la iniciativa como ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un nombre que cualquier ciudadano asocia con su vivienda o su automóvil, cuando en realidad no guarda relación alguna con eso. El verdadero interlocutor del gobierno son los capitales extranjeros, no quienes viven, trabajan y se alimentan en Argentina», subrayó la especialista.
El Observatorio de Tierras, iniciativa surgida en diciembre de 2025 como derivación de un programa de investigación en Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ha desarrollado un mapa interactivo que permite visibilizar con precisión quirúrgica la magnitud del fenómeno. Según sus relevamientos, actualmente existen 13 millones de hectáreas en manos foráneas, una superficie equivalente al 5 por ciento del territorio rural argentino o, en términos comparativos, a la totalidad de la provincia de Santa Fe. Caggiano advirtió que, de sancionarse la ley en los términos propuestos, «los capitales extranjeros podrían triplicar la extensión que ya poseen», lo que implicaría una transferencia de recursos estratégicos sin precedentes en la historia reciente del país.
El análisis pormenorizado del Observatorio revela que el problema no se circunscribe a un promedio engañoso, sino que adquiere dimensiones críticas cuando se focaliza en territorios concretos. Treinta y seis partidos superan actualmente el límite del 15 por ciento de extranjerización de la tierra rural establecido por la Ley 26.737, y todos ellos comparten características comunes: se ubican en zonas de frontera, a orillas del Paraná, en regiones con actividades mineras, yacimientos de hidrocarburos, reservas de agua dulce o salidas al océano. «Es imperativo extremar los recaudos con estos recursos, porque son los que nos posicionarán de manera diferente en las próximas décadas», enfatizó la investigadora, trazando un panorama de alerta sobre la soberanía territorial.
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, por su parte, cargó las tintas contra la persistencia del oficialismo en impulsar el proyecto, y lo interpretó como parte de un plan más amplio: «Tienen la urgencia de profundizar la entrega colonial del país, acelerar los desalojos de inquilinos, de comunidades originarias, de familias con tenencia precaria de tierras». El legislador señaló además que el articulado afecta directamente a las fábricas recuperadas, al modificar la Ley de Expropiaciones, y que la ausencia de limitaciones al capital extranjero constituye «una manera de culminar la cesión del país, que ya se encuentra en manos de los monopolios a través del RIGI y el Super RIGI», en referencia a los regímenes de incentivos para grandes inversiones.
La multiplicación de la protesta en distintas provincias argentinas dio cuenta de la capilaridad del descontento y de la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales, que encontraron en la defensa de la tierra un eje aglutinador capaz de trascender las diferencias partidarias. La jornada, que combinó el fervor ritual con la consigna política, dejó en evidencia que el debate por la propiedad rural y los límites a la inversión extranjera se ha instalado en el centro de la agenda pública, desafiando al Gobierno a dar la discusión que hasta ahora ha eludido mediante eufemismos legislativos.
Mientras los manifestantes se retiraban al caer la tarde, el eco de sus reclamos continuaba vibrando en el asfalto porteño, como un recordatorio de que la Pachamama, en su día sagrado, había encontrado en las calles una voz poderosa que no está dispuesta a callar. El próximo 6 de agosto, cuando el Senado se apreste a debatir el proyecto, esa voz promete hacerse oír con renovada intensidad, en defensa de un territorio que muchos consideran irrenunciable y que, para los pueblos originarios, nunca ha estado ni estará en venta.
