La iniciativa, enviada al Congreso, introduce cambios en la Ley de Inteligencia, crea un Consejo de Seguridad Nacional que otorga mayor autonomía al organismo de espionaje y modifica la Ley de Defensa Nacional para limitar la responsabilidad de los mandos militares. Especialistas y legisladores advierten sobre el debilitamiento de los controles institucionales y el avance hacia un esquema de menor rendición de cuentas.
La administración de Javier Milei avanza con una serie de reformas legales que, bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, reconfiguran el funcionamiento de los organismos de inteligencia y el rol de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado al Congreso, contiene disposiciones que modifican sustancialmente la Ley de Inteligencia 25.520 y la Ley de Defensa Nacional, con consecuencias que, según diversos especialistas, dificultan la transparencia y la rendición de cuentas.
En el apartado final del texto legislativo, denominado Disposiciones transitorias y complementarias, se esconde una reforma medular al artículo 12 de la Ley de Inteligencia. Hasta ahora, es el Presidente de la Nación quien establece los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de inteligencia. Con la nueva redacción propuesta, esa facultad pasaría a manos del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), quien elaborará la política y la remitirá al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para su aprobación. Este organismo, que aún no existe y que se crearía si el Congreso sanciona la norma, es una réplica del National Security Council estadounidense, concebido originalmente para asesorar al Presidente en tiempos de guerra. La versión local, sin embargo, funcionaría como una suerte de jefatura de Gabinete ampliada, integrada por los ministerios de Economía, Defensa, Cancillería, la SIDE, la Jefatura de Gabinete y Legal y Técnica, mientras que el Ministerio de Seguridad quedaría marginado, un reflejo de las tensiones internas en el espacio oficialista.
Uno de los aspectos más controvertidos es el poder que se otorga a la SIDE para participar en investigaciones administrativas reservadas contra quienes sean señalados por atentar contra la seguridad nacional. La definición de esta amenaza es deliberadamente amplia: abarca desde quienes pretendan interferir en el proceso decisorio de las autoridades hasta quienes faciliten o colaboren con terceros, e incluso cualquier persona que reciba financiamiento de un Estado u organización internacional, incluyendo a un becario. En estos casos, se abre un proceso sancionatorio que, según la norma, puede diferirse en su comunicación para no entorpecer la pesquisa, lo que en la práctica permite mantener la investigación oculta y clasificar la información. La sanción solo podrá impugnarse ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal una vez firme, y la apelación no suspenderá sus efectos. El diputado nacional Agustín Rossi advierte que no solo se excluye al Congreso, que no participa del CSN, sino que tampoco existe control judicial durante el proceso.
El organismo que hoy dirige Cristian Auguadra también tendrá un papel preponderante en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET). Creado durante la presidencia de Mauricio Macri y dependiente del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, el registro pasaría a estar bajo la órbita directa de la Unidad de Información Financiera (UIF), en articulación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La inscripción como terrorista se fundamentará en “motivos razonables”, explicitados en una resolución de la UIF con intervención de Cancillería, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y Justicia. Semanas atrás, relatores de la ONU expresaron su preocupación por el manejo discrecional del REPET, cuyas últimas inclusiones respondieron a la adhesión del Gobierno a la política de Donald Trump.
En paralelo, el Ejecutivo busca reformar la Ley de Defensa Nacional, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La modificación apunta a alterar la definición de las Fuerzas Armadas y eliminar un enunciado que establece que sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, esta omisión consolida una doctrina inversa a la Obediencia Debida. La responsabilidad de los mandos fue uno de los ejes de controversia antes de la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan. El Foro de Almirantes Retirados sostuvo entonces que la responsabilidad debía ceñirse al comandante del submarino, quien no puede ser juzgado, y no escalar en la cadena de mando porque ello podría afectar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. La abogada Valeria Carreras alerta que con esta modificación se busca deslindar responsabilidades y que la cadena se corte en los eslabones más débiles, tal como ocurrió en el reciente fallo del caso ARA San Juan, donde por primera vez en 212 años la justicia civil condenó a un alto mando por la muerte de subordinados en tiempos de paz.
Claudio Pandolfi, docente de la Universidad Nacional de Lanús, sostiene que existe jurisprudencia internacional que deja claro que los mandos no pueden desconocer lo actuado por quienes dependen de ellos. Su mayor preocupación, sin embargo, radica en que el proyecto define la infraestructura crítica y los servicios esenciales bajo órbita militar, lo que a su juicio constituye una militarización. Para Rossi, la clave está en la mención de operaciones “no convencionales” autorizadas a las Fuerzas Armadas, que abriría la puerta a tareas de seguridad interior. El exministro de Defensa también señala que la iniciativa establece que la seguridad nacional implica contribuir “junto a socios y aliados, a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, un atajo para involucrarse en conflictos impulsados por Estados Unidos e Israel sin pasar por el Congreso.
El diputado Juan Marino coincide en que el proyecto blanquea distintas iniciativas vinculadas a la “seguridad hemisférica”, como el Escudo de las Américas o la Cumbre contra el Terrorismo convocada en julio por Marco Rubio. Si bien el Departamento de Estado describió el encuentro como una “coalición” contra el “terrorismo de izquierda”, el Gobierno argentino niega haber asumido compromisos y rechaza brindar información al respecto.
El hilo que conecta estas iniciativas, según coinciden legisladores y especialistas, es la voluntad de dificultar la rendición de cuentas. Mientras la SIDE gana terreno y las Fuerzas Armadas amplían su espacio, el diseño institucional que se propone tiende a diluir responsabilidades y a concentrar facultades en organismos con escaso control externo. La discusión en el Congreso promete ser intensa, en un contexto donde las decisiones en materia de inteligencia y defensa rara vez trascienden el ámbito de la reserva estatal.
