La ley de leyes avanza con respaldo general, pero múltiples apartados permanecen en disputa. Los ajustes en Discapacidad, universidades, obra pública y fondos provinciales concentran la mayor oposición. El malestar de los mandatarios amenaza los planes reeleccionistas de Milei.
El clima de tensión entre la Casa Rosada y sus socios territoriales se profundiza a medida que se acerca el tratamiento del Presupuesto 2027. Ni las quejas de los gobernadores dialoguistas ni los embates de Patricia Bullrich derivan por ahora en una ruptura formal con el oficialismo, pero dejan al descubierto un creciente malestar que pone en riesgo la sanción de varios capítulos de la ley de leyes. El mayor peligro para el Ejecutivo no radica en las podas a Discapacidad, que tras las protestas de la senadora y de los aliados serían enmendadas para evitar un traspié similar al de la Ley de Tierras o el Manejo del Fuego. Lo que verdaderamente peligra es la reforma electoral y la supresión de las PASO, prioridad de Karina Milei en la estrategia reeleccionista de su hermano.
Las imágenes de cordial conversación entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios provinciales que lo visitaron esta semana contrastan con el hartazgo que cada uno confiesa en privado. Gustavo Sáenz, de Salta, que pasó por Balcarce 50 junto a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), puso en palabras lo que muchos repiten a media voz: que el Gobierno concede menos de lo que reclama; que el jefe de ministros avala sus pedidos, pero que lo conversado finalmente no se materializa.
Ese divorcio entre lo prometido y lo cumplido alimenta la desconfianza y complica la negociación de los tramos más sensibles del proyecto. Los recortes en universidades, obra pública y recursos provinciales siguen siendo los escollos que mayor resistencia generan entre los aliados, que advierten sobre el impacto territorial de esas medidas. Mientras tanto, la reforma electoral y la eliminación de las primarias abiertas se perfilan como el punto más crítico para las aspiraciones oficialistas, ya que sin el acompañamiento de los gobernadores resultará difícil concretar esa meta. El oficialismo intenta mantener el equilibrio entre el ajuste fiscal y la necesaria gobernabilidad, pero el malestar acumulado podría traducirse en un revés legislativo de consecuencias impredecibles para el plan reeleccionista.
