Lo que comenzó como un relato de herencia milagrosa y rentabilidad fantástica en criptomonedas para justificar el despegue económico del Jefe de Gabinete y su hermano, el diputado Francisco Adorni, se desmorona ante la evidencia documental y las pesquisas judiciales. Las contradicciones entre sus declaraciones juradas, los tuits del pasado y los abultados expedientes judiciales sobre las deudas del padre fallecido tejen una madeja que los fiscales federales Gerardo Pollicita y Guillermo Marijuán intentan desentrañar, mientras el Senado evalúa un pedido de destitución que pone en jaque la continuidad del funcionario más cercano al Presidente.
En el vértice del poder ejecutivo, la figura del portavoz y Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra hoy en el ojo de una tormenta judicial que amenaza con socavar los cimientos de su credibilidad. La coartada esgrimida para explicar el súbito y abultado incremento de su fortuna personal, un relato que pretendía esquivar el peso de la ley, ha demostrado ser un castillo de naipes que se derrumba ante la más mínima presión de la investigación fiscal. El argumento central de su defensa, aquel que narra un providencial hallazgo de dinero en efectivo en el departamento heredado de su progenitor en el año 2002, resulta ahora una pieza más de un rompecabezas lleno de fisuras y contradicciones cronológicas que no resisten el análisis riguroso.
El propio Adorni, en un giro del destino que lo traiciona, se encargó de plantar las semillas de la duda años atrás. En una publicación en la red social X (antes Twitter) fechada en 2018, el hoy alto funcionario detallaba una realidad opuesta a la que ahora defiende con vehemencia. Allí manifestaba que al recibir la herencia paterna se topó con una hipoteca que permanecía impaga desde 1996, un lastre financiero que, según sus propias palabras, le demandó «años en arreglar todo, con mucho esfuerzo». Esta confesión pública entra en franca y escandalosa colisión con su versión actual, que habla de un dinero en efectivo encontrado en ese mismo inmueble, el cual, cual golpe de suerte, le habría permitido dar el salto a las inversiones en criptomonedas y, por arte de birlibirloque, atesorar medio millón de dólares que engrosaron su patrimonio de manera inexplicable. La inconsistencia entre el relato de un legado problemático y cargado de deudas y el de una suculenta suma en metálico es el eje sobre el que gira la investigación del fiscal Gerardo Pollicita.
Paralelamente, la lupa judicial no se centra únicamente en la figura de Manuel, sino que se extiende a su vínculo sanguíneo y político, Francisco Adorni, actual diputado de La Libertad Avanza. Sobre este último pesa una imputación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a raíz de las irregularidades detectadas en su declaración jurada, las cuales fueron oportunamente adelantadas por este medio. El fiscal Guillermo Marijuán ha puesto el foco en el «presunto incremento patrimonial no justificado» que Francisco habría experimentado desde que asumió funciones en el ámbito ejecutivo nacional en diciembre de 2023, primero como Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. El salto cualitativo en sus bienes, que pasó de tener $43,7 millones a $80,5 millones en apenas un año, resulta incompatible con los ingresos percibidos como funcionario provincial y previos, lo que ha llevado a la Justicia a sospechar de maniobras ilegales.
Uno de los nudos gordianos de la trama reside en las cifras que ambos hermanos declaran sobre sus respectivas herencias. Mientras Manuel Adorni pretendió hacer creer que el dinero hallado (cuyo monto nunca especificó ni declaró ante la Oficina Anticorrupción) fue la semilla de su fortuna en criptomonedas, su hermano Francisco consignó en sus papers haber recibido una herencia de 21 millones de pesos. Esta suma resulta flagrantemente incompatible con los 200 mil dólares que Manuel insinuó haber recibido y que, según su relato, fueron el capital inicial para sus operaciones financieras. La disparidad entre ambos montos es una de las aristas más oscuras que los investigadores intentan aclarar, sumada a la ausencia de cualquier registro judicial o sucesorio que valide la existencia de ese dinero en efectivo que el Jefe de Gabinete asegura haber encontrado.
La historia del departamento paterno, lejos de ser la cuna de una fortuna, es más bien un relato de penurias económicas y embargos. Jorge Adorni, el padre, era propietario de un modesto inmueble de 52 metros cuadrados en un noveno piso del centro de La Plata, pero su dominio estaba plagado de gravámenes. Sobre esa propiedad recaían tres embargos: uno de acreedores hipotecarios, otro de la administración del consorcio y un último del Banco Provincia. A esto se sumaban tres juicios en curso por cuotas adeudadas de un crédito con garantía hipotecaria, expensas en mora y deudas bancarias. Entre los reclamantes figuraba Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, quienes en 1996 le habían prestado 22.500 dólares mediante escritura pública, un préstamo que el progenitor de los Adorni jamás llegó a saldar, lo que derivó en una ejecución hipotecaria impulsada desde los tribunales en el mismo 2002.
La resolución de estos conflictos legales tampoco aporta claridad al relato de los hermanos. Recién en el año 2019, los Adorni lograron zanjar el reclamo del Banco Provincia, pero en 2024, lejos de cancelar la deuda con Brittanico y su madre, optaron por una jugada procesal: solicitar a la Justicia la prescripción de la deuda argumentando «caducidad de instancia», un mecanismo que no implica el pago de lo adeudado sino la extinción de la acción judicial por inactividad. Fue bajo esta polémica estrategia que la Justicia platense terminó levantando la hipoteca, una maniobra que permite intuir que los fondos que hoy ostentan no se destinaron a sanear las obligaciones contraídas por su padre.
La inversión en el volátil mundo de las criptomonedas, presentada por Manuel Adorni como el vehículo mágico que multiplicó su capital hasta alcanzar los 300 mil dólares de ganancia, es otro de los pilares que se desmoronan ante el escrutinio técnico. Especialistas en la materia, al analizar los datos proporcionados por el propio implicado, han concluido que la rentabilidad máxima que podría haber obtenido en ese período no supera los 60 mil dólares, una cifra muy lejana de la fabulosa suma que el funcionario declaró. Esta discrepancia numérica, que apunta a una sobrevaloración deliberada de sus ganancias para justificar un patrimonio desmedido, es también materia de investigación por parte del fiscal Pollicita.
Mientras el Poder Judicial avanza en el desenmarañamiento de estos hilos financieros, el ámbito político también se prepara para un escenario de alta tensión. El Senado de la Nación se apresta a celebrar una sesión crucial para determinar si existen las 37 voluntades necesarias que voten a favor de la destitución de Manuel Adorni, un esfuerzo que choca de lleno con la férrea voluntad del Presidente Javier Milei, quien ha manifestado su intención de sostenerlo en el cargo a pesar de las crecientes sospechas de enriquecimiento ilícito que gravitan sobre su círculo íntimo. La resistencia del mandatario a prescindir de su vocero más leal promete tensar aún más la cuerda entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La hipótesis que gana terreno en los pasillos judiciales es la de la «interpósita persona», una figura legal que sugiere que Francisco Adorni podría estar actuando como testaferro de su hermano Manuel con el objetivo de legalizar activos de origen incierto. Este esquema se vería reforzado por la propia dinámica de crecimiento patrimonial de Francisco, quien en una de las rectificaciones de su declaración jurada incorporó bienes como un inmueble en City Bell valuado en 52 millones de pesos, el 50% de un automóvil Chery Tiggo, el 50% de una camioneta Jeep Renegade, y la mencionada herencia de 21 millones. A esta lista se suma el blanqueo de la cancelación de un crédito hipotecario con el Banco Provincia por 60 millones de pesos, movimientos que, a todas luces, exceden con creces la capacidad de ahorro de un diputado provincial que asumió recientemente.
En definitiva, la trama de los Adorni es un reflejo de las contradicciones y los saltos inexplicables que han marcado la irrupción de una nueva casta política en el poder. Lo que el gobierno de Javier Milei vende como una gestión austera y transparente se ve empañado por la sombra de dos de sus funcionarios más prominentes, cuyas trayectorias financieras, lejos de ser un ejemplo de probidad, se asemejan más a un thriller de especulación y ocultamiento, donde la verdad parece ser la primera víctima de un relato cuidadosamente construido, pero finalmente inconsistente, que la justicia federal se encarga de desgarrar.
