La investigación judicial revela que Cole Allen, acusado de planificar durante semanas un intento de magnicidio contra el presidente estadounidense, obtuvo de manera lícita una escopeta y una pistola semiautomática en dos comercios de la zona de Los Ángeles, un área geográfica que, pese a su fama restrictiva, alberga enclaves de alta permisividad armamentística.
En un giro que añade capas de complejidad a la pesquisa federal, ha trascendido que Cole Tomas Allen, el individuo señalado por la fiscalía como autor del frustrado atentado contra Donald Trump durante la tradicional cena de corresponsales en la capital, consiguió las dos armas de fuego empleadas en la acción en la región de South Bay, al suroeste del condado de Los Ángeles. Lejos de recurrir a mercados ilegales o transacciones clandestinas, el sospechoso habría transitado por los carriles de la venta reglada, adquiriendo ambos artefactos en sendos locales comerciales de Torrance y Lawndale, según pudo reconstruir el diario Los Angeles Times a partir de fuentes oficiales.
El primer eslabón de esta cadena de aprovisionamiento mortal se localiza en Turner’s Outdoorsman, un negocio ubicado en Torrance, donde Allen habría comprado una escopeta Mossberg calibre 12, un arma de cañón liso conocida por su potencia devastadora a corta distancia. La segunda pieza, una pistola semiautomática Rock Island Armory calibre 38, fue obtenida en CAP Tactical Firearms, un establecimiento de la vecina localidad de Lawndale. Ambos artefactos fueron empleados el sábado pasado en lo que las autoridades describen como un intento de magnicidio meticulosamente orquestado a lo largo de varias semanas, aunque el ataque finalmente no consumó su objetivo.
Lo que resulta particularmente llamativo para los analistas es la paradoja geográfica que envuelve el caso. El suroeste del condado angelino, y muy especialmente la ciudad de Torrance, goza de una reputación sólidamente cimentada como una zona notablemente indulgente con la tenencia y comercialización de armas, en franco contraste con la línea general del condado de Los Ángeles y del estado de California, territorios que se han erigido históricamente como baluartes del control férreo de la posesión de armamentos. Esta dualidad convierte a South Bay en un corredor gris dentro de un mapa regional de alta restricción, un detalle que los fiscales ya estarían analizando para determinar si existió un aprovechamiento deliberado de esta disparidad normativa.
Las pesquisas continúan su curso mientras la defensa de Allen no ha emitido declaraciones públicas. El caso, no obstante, ya ha reavivado el debate sobre la eficacia real de los controles balísticos diferenciados por municipio y sobre cómo los límites administrativos pueden convertirse en bisagras porosas para quienes planean acciones de máxima gravedad contra figuras de la primera línea política estadounidense.
