Nuevas revelaciones sacuden la gestión de Adorni: la custodia asignada a su pareja opera como servicio personal de compras, esparcimiento y belleza

Nuevas revelaciones sacuden la gestión de Adorni: la custodia asignada a su pareja opera como servicio personal de compras, esparcimiento y belleza

A partir de la intervención del legislador Rodolfo Tailhade en la Cámara de Diputados, emergió una grave imputación contra el portavoz oficial por el presunto desvío del sistema de resguardo estatal en beneficio de su conviviente durante los últimos dos años. El Ejecutivo anticipó una querella contra el diputado por alegadas tareas de inteligencia paralela.

El cúmulo de controversias que rodea a Manuel Adorni se expande sin visos de contención. Aquellas primeras denuncias vinculadas con su evolución patrimonial y los suntuosos periplos internacionales a costa del erario público ahora se ven superadas por un señalamiento aún más delicado: la utilización irregular del esquema de vigilancia oficial por parte de Bettina Angeletti, su cónyuge. De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, el personal afectado a la seguridad de la pareja habría sido destinado a cometidos alejados de toda razón protectora, como el traslado de la empleada doméstica hasta el comercio de abastecimiento, la espera mientras Angeletti se sometía a tratamientos de manicura, e incluso el acompañamiento de sus amistades en excursiones vespertinas y nocturnas por establecimientos gastronómicos de la capital.

En el transcurso de una tensa sesión informativa en el recinto legislativo, el diputado Rodolfo Tailhade puso en jaque al funcionario al cuestionar sin ambages lo que calificó como “privilegios incompatibles con la función pública”. Ante el interrogatorio, el jefe de Gabinete replicó de manera terminante: “No voy a dimitir” y “acreditaré cada extremo ante los tribunales”. Sin embargo, la respuesta no alcanzó a desactivar la controvertida evidencia que había comenzado a circular. Horas más tarde, desde la cartera de Seguridad nacional se adelantó que se promoverá una acción legal contra Tailhade bajo la figura de “espionaje ilegal”, al considerar que el parlamentario habría accedido a datos reservados sobre los desplazamientos de la custodia.

Lejos de amedrentarse, el propio Tailhade contraatacó en declaraciones a este medio: “Si el oficialismo pretende judicializar el señalamiento, convertiré esa querella en una indagación profunda por malversación de fondos públicos. El destino de los agentes del Estado no puede ser el de chóferes particulares ni asistentes personales de familiares de funcionarios”. La controversia central se remonta a casi dos años atrás, cuando la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, dispuso una dotación de escoltas para el entorno cercano de Adorni. Según los testimonios recogidos, ese contingente fue rutinariamente empleado para trasladar a la asistenta doméstica hacia centros de abastecimiento, retirar a los menores de sus instituciones educativas para luego conducirlos a actividades recreativas, aguardar prolongados intervalos a las puertas de salones de estética, y hasta operar como servicio de remis privado para las amigas de Angeletti cuando estas decidían recorrer bares palermitanos o disfrutar de cenas temáticas de cocina asiática.

La magnitud del relato expone una desviación sistémica del cometido esencial de la custodia oficial, concebida únicamente para neutralizar amenazas concretas contra la integridad de altas autoridades. Las nuevas acusaciones, lejos de tratarse de episodios aislados, dibujan una práctica prolongada en el tiempo que transformó un dispositivo de seguridad en una suerte de logística cotidiana al servicio de conveniencias personales. El silencio que hasta ahora había prevalecido en las filas gubernamentales se quebró apenas con la promesa de acciones legales contra el diputado denunciante, estrategia que varios analistas interpretan como un intento por desviar la atención del fondo del asunto: el presunto desvío de bienes y recursos humanos del Estado para finalidades ajenas a toda necesidad pública. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso crece la exigencia de una investigación independiente que determine si los agentes de protección fueron sistemáticamente sustraídos de sus funciones genuinas para convertirse en asistentes personales de la vida doméstica, estética y recreativa de la pareja del vocero.

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