El estallido silencioso de la morosidad familiar alimenta una pujante industria de compra de deudas con prácticas que van desde quitas récord hasta el acoso a los deudores

El estallido silencioso de la morosidad familiar alimenta una pujante industria de compra de deudas con prácticas que van desde quitas récord hasta el acoso a los deudores

En apenas doce meses, la incapacidad de pago de los hogares se quintuplicó, lo que provocó la irrupción agresiva de estudios jurídicos y capitales especulativos. Mientras en Brasil el gobierno de Lula anunció un plan de rescate para los trabajadores endeudados, en la Argentina las familias destinan casi la mitad de sus ingresos únicamente a servicios, y el sistema financiero negocia el cobro como si se tratara de una feria callejera.

En un contexto recesivo que no cede, la explosión de la morosidad entre las familias argentinas —un fenómeno que se multiplicó por cinco durante el último año— dio origen a un crecimiento igualmente vertiginoso de la denominada industria del cobro compulsivo. Este engranaje, lejos de generar valor productivo, se dedica a adquirir paquetes de deudores provenientes de bancos, entidades emisoras de plásticos, billeteras virtuales y cadenas de electrodomésticos, para luego especular con la diferencia entre el monto pagado por esas carteras y lo efectivamente recuperado mediante presiones o negociaciones.

Como la crisis económica reviste una magnitud inusitada, el espectro de estrategias que despliega este sector en auge también se ensanchó hacia dos extremos opuestos. Por un lado, comenzaron a aceptarse quitas de capital que hasta hace poco resultaban impensadas. Por el otro, se intensificó la coerción, e incluso el hostigamiento explícito, contra asalariados, jubilados y sectores populares para forzar el pago como sea. “Existe un continuo rebote de deudas y deudores, y las negociaciones para recuperar el dinero se realizan por fuera de los carriles habituales”, confiesa un ejecutivo de una entidad bancaria de primera línea.

Un empresario textil, cuya facturación se derrumbó más de la mitad desde la asunción de Javier Milei y que ahora importa prendas para subsistir, relata su propia experiencia como si se tratara de un trueque callejero. “Te sentás con el banco y parece un mano a mano cuando peleás precios en la feria de La Salada”, compara. Y agrega: “Aceptaron reducir mi compromiso con la tarjeta de crédito de 50 millones a 20 millones de pesos y me otorgaron un plan de refinanciación a dos años. Acto seguido, me repusieron el plástico, con un límite inferior, pero me rehabilitaron”.

Desde un estudio jurídico especializado en esta actividad reconocen que en la instancia prejudicial se están cerrando acuerdos con rebajas de hasta el 70 por ciento del capital adeudado. Al mismo tiempo, admiten que la carga laboral en su sector se disparó de manera abrupta durante el último año, al compás del derrumbe generalizado de la capacidad de pago de los hogares.

Las estadísticas oficiales pintan un panorama desolador. Según datos del Banco Central, la proporción de particulares que no pueden afrontar el pago de la tarjeta de crédito escaló al 11,6 por ciento en febrero, frente al exiguo 1,7 por ciento registrado en noviembre de 2023, justo antes de la implementación del plan económico libertario. En cuanto a la morosidad vinculada a los créditos destinados al consumo, el salto es todavía más elocuente: pasó del 2,5 al 12,1 por ciento en un año, lo que constituye la peor marca desde 2009, superando inclusive los picos observados durante la pandemia de covid-19.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires detalla que las familias recurren al endeudamiento principalmente porque no consiguen cubrir sus erogaciones mensuales básicas. “Necesitan financiamiento incluso para consumo elemental”, subraya el trabajo, y añade que los préstamos personales y prendarios acumularon una suba del 57 por ciento desde el inicio de la actual gestión. Además, la participación de las tarjetas de crédito en las compras de supermercados saltó del 39 al 43 por ciento del total, una señal inequívoca de que el plástico se ha convertido en un parche cotidiano para llegar a fin de mes.

Si a estos guarismos se agregan las obligaciones con tarjetas de cadenas de supermercados, los préstamos de billeteras virtuales y otras entidades no financieras, la tasa de morosidad trepa a casi el 25 por ciento. Como respuesta natural a ese nivel de incobrabilidad, la Defensa del Consumidor bonaerense registró una multiplicación de las quejas por acoso hacia clientes bancarios, tomadores de préstamos y compradores de electrodomésticos que no pueden honrar sus compromisos. “Llaman a familiares, al lugar de trabajo, aprietan, amenazan con embargos y agotan cualquier recurso de presión”, describen desde el organismo, y señalan que esa conducta proviene en la mayoría de los casos de los mismos estudios jurídicos que adquirieron las deudas o actúan como gestores externalizados.

Mientras el gobierno de Javier Milei permanece ajeno a esta problemática, el vecino país de Brasil decidió dar un golpe de timón. Este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció un plan de auxilio para las familias sobreendeudadas, que entrará en vigencia el próximo lunes. La iniciativa permitirá renegociar compromisos con tasas máximas del 1,99 por ciento, descuentos del 30 al 90 por ciento sobre el monto original y plazos más extensos. “Nos encontramos con un Brasil y unos brasileños ahogados por las deudas. La usura ha crecido durante años y ahora asfixia a una parte importante de la sociedad”, explicó Lula, y agregó que quienes accedan al programa tendrán prohibido apostar en plataformas de juegos en línea.

En la Argentina, el trasfondo del problema no es otro que la sostenida licuación del poder adquisitivo y el creciente peso de los servicios en los presupuestos familiares. Un estudio del Grupo Atenas advierte que el ingreso disponible de los hogares se desplomó del 53 por ciento en 2015 al 30 por ciento en 2026, debido a que los gastos fijos en vivienda, transporte, educación y salud absorben una tajada cada vez mayor del salario. “De ese ingreso disponible que existía hace una década, 17 puntos se perdieron durante la gestión de Macri y 6 puntos con Milei”, puntualiza el documento. Mientras esa ecuación no se modifique estructuralmente, cualquier intento de solución al endeudamiento masivo seguirá siendo apenas un espejismo.

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