El presidente de la entidad, José Luis “Gigi” Iglesias, distinguió entre las ferias temporales organizadas por el municipio y los espacios comerciales permanentes que operarían bajo “normativas difusas”. Cuestionó la falta de respuestas oficiales, la desigualdad en las fiscalizaciones y advirtió sobre riesgos en la trazabilidad de productos alimenticios.
En medio de un crecimiento silencioso pero sostenido de nuevos polos de venta al público en distintos puntos de la geografía urbana, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, encendió las alertas institucionales al manifestar su profunda inquietud ante lo que describió como una multiplicación desordenada de paseos de compras y espacios comerciales subdivididos en diversos sectores de la ciudad. A través de un diagnóstico puntilloso, el dirigente exigió a las autoridades municipales y al cuerpo legislativo local mayores niveles de precisión normativa, así como una intensificación en las tareas de inspección y vigilancia sobre esos emprendimientos.
En sus declaraciones, Iglesias estableció de manera rigurosa una diferenciación clave que suele difuminarse en el debate público: por un lado, distinguió las ferias organizadas con carácter temporal y bajo supervisión estatal directa, y por el otro, los establecimientos de índole permanente que, según alertó, funcionarían cobijados en un entramado de regulaciones poco claras. Como paradigmas positivos mencionó las experiencias impulsadas por la propia Municipalidad en el gimnasio Margalot y en la zona cercana a Prefectura, donde subrayó que los feriantes laboran debidamente identificados, sometidos a revisiones sanitarias periódicas, con estrictas medidas de higiene y en pleno acatamiento de las ordenanzas vigentes. Esos casos representarían, a su juicio, el sendero virtuoso que debería replicarse en todo el ejido comercial.
No obstante, el foco de su malestar apuntó con claridad a lo que calificó como “paseos de compra” o esquemas de sublocación de parcelas comerciales. Allí, según graficó, se alquila un local principal y luego, al abrigo de esa habilitación inicial, se ceden espacios a terceros sin que medien controles claros. “No se sabe a ciencia cierta cómo funciona porque no hay respuestas oficiales”, enfatizó el empresario, dejando entrever un vacío administrativo que generaría incertidumbre tanto entre los comerciantes establecidos como entre los propios consumidores.
El referente cameral recordó que desde su institución cursaron notas formales al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante durante el mes de abril, solicitando precisiones concretas sobre los criterios de habilitación de estos emprendimientos y las eventuales excepciones que pudieran estar vigentes. En un tono que no admitió ambages, sentenció que los miembros de la Cámara no pueden desempeñar funciones que corresponden al fisco local. “Cada funcionario tiene que hacerse cargo de su función”, remarcó, en un claro llamado a evitar la delegación tácita de responsabilidades.
Uno de los puntos más delicados abordados por Iglesias fue la necesidad de desterrar cualquier interpretación que pudiera vincular sus críticas con un ataque hacia los feriantes o pequeños emprendedores. En ese sentido, fue terminante: “El problema nunca es con la persona que necesita trabajar o vender. Nosotros históricamente acompañamos a emprendedores con capacitaciones y espacios”. El reclamo, aclaró, se dirige hacia la asimetría en la aplicación de los controles y las exigencias. Como botón de muestra, mencionó situaciones donde comerciantes formales reciben actas o sanciones por vender productos fuera de su rubro habilitado, mientras que en otros puntos de venta nadie indaga sobre el origen de la mercadería ni las condiciones en que se comercializa.
La preocupación del dirigente también se extendió al terreno de la salud pública. Cuestionó especialmente la falta de garantías en materia de seguridad alimentaria y trazabilidad de los productos, en particular aquellos puestos donde se expenden comestibles. Al respecto, recordó que existen cursos obligatorios y carnets habilitantes para la manipulación responsable de alimentos, y advirtió que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la verificación sanitaria adecuada.
Por último, Iglesias puso sobre la mesa una arista que genera malestar creciente en el sector: la posible existencia de reservas anticipadas de espacios comerciales mediante desembolsos elevados, práctica que carecería de transparencia. En ese marco, reclamó información clara sobre quiénes administran esos lugares, cuáles son los montos que perciben y bajo qué marco jurídico operan. Su conclusión fue lapidaria y sintetizó el sentir de buena parte del comercio establecido: “Las reglas tienen que ser parejas: o controlan a todos o no controlan más a nadie”. La declaración, más que un simple reclamo, se erige como un termómetro del malestar ante lo que perciben como competencia desleal y falta de ecuanimidad fiscalizadora.
