La exesposa del astro acudió al tribunal junto a una de sus hijas, mientras un médico que asistió a Diego en Cuba criticó la internación domiciliaria. Los abogados defensores recibieron dos severas advertencias del juez por gestos y risas durante las declaraciones.
En una nueva audiencia cargada de emotividad y cruces verbales, Claudia Villafañe volvió a cruzar el umbral de los Tribunales de San Isidro. La que fuera esposa del ícono futbolístico se presentó este jueves para seguir de cerca el proceso judicial por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras el exjugador se recuperaba en una residencia de Tigre tras ser sometido a una intervención quirúrgica cerebral semanas antes en la Clínica de Olivos.
Acompañada por una de sus herederas, Gianinna Maradona, la empresaria abandonó la sala en el momento en que se proyectaron las impactantes fotografías de la autopsia del cuerpo del “Diez”. Esta fue la segunda ocasión en que Villafañe concurrió a una de las citas del debate judicial, ya que el pasado 16 de abril había asistido por primera vez con el mismo propósito: brindar respaldo a su hija.
En el centro de la jornada se ubicó el testimonio de Mario Schiter, un profesional de la medicina que acompañó a Maradona durante su proceso de rehabilitación en Cuba en el año 2000. El galeno, considerado una persona de entera confianza de Villafañe, fue convocado en noviembre de 2020 para que emitiera una opinión acerca de la conveniencia de una internación domiciliaria para el crack —opción que desaconsejó de manera rotunda— y posteriormente para actuar como veedor en el examen post mortem.
Schiter fue contundente en su exposición: “Él necesitaba proseguir su tratamiento en un dispositivo adecuado. Existían dos caminos posibles: una internación en el hogar o un centro de rehabilitación de alto nivel, que era lo que yo sugería. Estos establecimientos poseen menor complejidad que un sanatorio como la Clínica Olivos, pero cuentan con una estructura similar aunque desescalada. Disponen de hospitales, enfermeros. Esa era nuestra propuesta, pero no fue aceptada”.
El clima se tornó más tenso fuera de la sala. El letrado querellante Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, se detuvo ante los micrófonos en el ingreso del palacio judicial y lanzó duras críticas contra los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, identificados como Francisco Oneto y Roberto Rallín. “Siempre agreden y faltan el respeto a los testigos. Obstruyen de manera sistemática el desarrollo normal del proceso”, señaló el abogado durante un receso posterior a la declaración de Schiter.
El propio magistrado a cargo, el juez Alberto Gaig, se vio obligado a intervenir en dos ocasiones. La primera ocurrió cuando, mientras Schiter aún declaraba, los representantes legales de Luque comenzaron a conversar entre ellos y, según la percepción del juez, a soltar risas. “No se rían. Es una falta de consideración, el testigo está prestando declaración”, los increpó Gaig. “No me estoy riendo”, replicó Rallín. “¿Me está acusando de mentiroso?”, contestó el magistrado. “No, pero estamos dialogando, ¿acaso la defensa no puede hablar?”, contraatacó el letrado.
Minutos más tarde estalló un nuevo roce. La defensa de Luque cuestionó una pregunta formulada por el fiscal Patricio Ferrari. El representante del Ministerio Público Fiscal, visiblemente irritado, interrumpió su propio interrogatorio y disparó: “Es insoportable, hace muecas por todo. Resulta imposible trabajar de esta manera”, en clara alusión a Oneto. El juez Gaig volvió a llamar la atención: “Ya lo había advertido y lo reitero. Se ríen a espaldas de los declarantes, hay gestos exagerados, hablan sin permiso. Es una conducta irrespetuosa. Usted —dirigiéndose a Oneto— no quiere acatar las reglas, así es inviable llevar adelante este debate”.
El proceso, que comenzó el 14 de abril luego de que a fines de 2025 se declarara la nulidad del primer juicio a raíz de la filmación ilegal del documental Justicia Divina, protagonizado por la destituida jueza Julieta Makintach, tiene en el banquillo de los acusados a un total de siete imputados: el médico Leopoldo Luciano Luque (44 años); la psiquiatra Agustina Cosachov (40); el enfermero Ricardo Omar Almirón (41); el clínico Pedro Pablo Di Spagna (52), designado para la internación domiciliaria; el psicólogo Carlos Ángel Díaz (33); Nancy Edith Forlini (56), coordinadora de la empresa médica contratada; y Mariano Ariel Perroni (44), coordinador de Medidom S.R.L. La octava acusada, la enfermera Gisela Madrid (41), será juzgada en un tribunal popular cuya fecha aún no ha sido fijada.
