Mientras el presidente Javier Milei denuncia una “operación infame” contra su aliado, la justicia federal de Estados Unidos homologó la confesión del empresario Federico “Fred” Machado por lavado de capitales y estafa aerocomercial, desestimando los cargos por narcotráfico pero dejando intactas las evidencias que complican a Espert en dos causas locales por presunto enriquecimiento ilícito y transacciones financieras irregulares.
En un breve y silencioso acto judicial desarrollado en Texas, cuya duración apenas alcanzó los dieciséis minutos, la justicia federal de aquel distrito norteamericano dio curso formal al entendimiento alcanzado entre el empresario Federico Machado —conocido en los círculos políticos como “Fred”— y la fiscalía estadounidense. Mediante este mecanismo procesal, Machado asumió su responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales y estafa vinculada a la comercialización de aeronaves, a cambio de que los fiscales retiraran una acusación más grave por tráfico de estupefacientes. El arreglo, además, le permitió esquivar un juicio ante un tribunal popular. Sin embargo, lejos de clausurar las sospechas que rodean a esta trama, la admisión de culpabilidad reavivó el foco de las investigaciones en la Argentina, particularmente sobre la figura del economista y exlegislador José Luis Espert, señalado por la propia oposición judicial como uno de los beneficiarios de aquella estructura financiera opaca.
El presidente Javier Milei salió rápidamente al cruce de las interpretaciones que vinculaban a su aliado político con el entramado delictivo. A través de un encendido mensaje en su cuenta de la red social X, calificó la situación como el corolatorio de “una operación política y mediática infame” que, según su visión, habría empujado a Espert “al ostracismo” sin fundamentos sólidos. No obstante, el contenido del fallo estadounidense y la letra del acuerdo de culpabilidad contradicen esa lectura triunfalista. En rigor, la justicia texana no declaró inocente a Machado del delito de narcotráfico, sino que simplemente resignó su persecución penal en ese punto específico para asegurar la condena por las otras dos figuras delictivas —asociación ilícita para lavar dinero y fraude electrónico—, que fueron plenamente admitidas por el empresario. Para los tribunales argentinos que ya investigan a Espert, esa precisión técnica carece de relevancia: lo que importa en una causa por lavado de activos es la existencia de un “delito precedente” que genere los fondos ilícitos, sin que resulte indispensable una sentencia firme por ese crimen de origen, tal como confiaron a este medio fuentes vinculadas a los expedientes locales.
El propio Espert reconoció tiempo atrás que había recibido una transferencia de doscientos mil dólares proveniente de Machado, a través del Bank of America. Según su descargo inicial, aquel giro respondía a supuestos trabajos de consultoría realizados para la empresa Minas del Pueblo. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible hallar documentación alguna que acredite la efectiva prestación de aquellos servicios. Las autoridades sospechan que ese desembolso formaba parte de un convenio más amplio, estipulado por un monto total cercano al millón de dólares, y que los fondos no fueron declarados ante los organismos fiscales argentinos, conformando un eslabón más en una cadena de posible legitimación de ganancias espurias.
Dos son los frentes judiciales que mantienen bajo la lupa al exdiputado de La Libertad Avanza. En el primero de ellos, radicado en el partido bonaerense de San Isidro, el fiscal Fernando Domínguez y el magistrado Lino Mirabelli concentran sus pesquisas en el notable incremento patrimonial y la súbita elevación del tren de vida experimentados por Espert a partir de 2019, cuando se tejió su vínculo con Machado. Allí se detectaron múltiples movimientos bancarios de perfil dudoso. Tras conocerse la denuncia, el investigado extrajo ochenta mil dólares de una de sus cuentas, lo que motivó una medida cautelar extrema: el congelamiento total de todos sus bienes, quedando impedido de realizar cualquier operación financiera hasta nuevo avance procesal. Un segundo expediente, que tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, aborda la misma tipología delictiva, aunque poniendo el acento en el uso sistemático de dos aeronaves pertenecientes a Machado, una camioneta blindada y diversos aportes dirigidos a la campaña presidencial. En un principio, el propio Espert —a quien Milei suele llamar “el profe”— había admitido un único vuelo, pero las comprobaciones oficiales revelaron que los viajes a bordo de aquellos aviones fueron frecuentes y sostenidos en el tiempo.
El acuerdo sellado en Texas no es una liberación sino un peldaño más dentro de un expediente que aún debe definir la condena. El juez de distrito Amos L. Mazzant será quien finalmente fije la pena, aunque el documento homologado por el tribunal ya establece los máximos posibles: veinte años de prisión, tres de libertad vigilada y una multa de doscientos cincuenta mil dólares. Machado, quien cumple detención preventiva en Oklahoma, aspira a que se le reconozcan los cinco años que ya pasó bajo distintas formas de cautiverio —la mayor parte con arresto domiciliario en la ciudad rionegrina de Viedma, desde donde fue extraditado el año pasado— para reducir drásticamente el tiempo que reste tras las rejas. Su apuesta es recuperar la libertad en el corto o mediano plazo.
En su confesión, el empresario admitió haber concebido y ejecutado, junto a otras personas, un esquema de características piramidales para defraudar a inversores mediante la venta ficticia de aeronaves que jamás estuvieron a la venta. Los aviones pertenecían a las líneas aéreas Air India, All Nippon Airways y una tercera con sede en China, y las transacciones fraudulentas se remontan a 2019 y 2020, aunque con ramificaciones en años anteriores. Para uno de aquellos aparatos de Air India, por ejemplo, se formalizó un “acuerdo por un depósito reembolsable” de cinco millones de dólares, de los cuales luego fueron desviados quinientos cincuenta mil hacia fines completamente ajenos a la compra pactada. Las sociedades utilizadas por Machado en esta telaraña financiera fueron South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, en conjunto con la firma Wright Brothers Aircraft Title. Precisamente desde esta última compañía, cuyo titular es Debbie Mercer Erwin —socia de Machado ya condenada a dieciséis años de prisión por la misma trama, incluyendo en su caso el delito de narcotráfico—, salió la orden de pago de los doscientos mil dólares que terminaron en la cuenta de Espert. Por eso, aunque los fiscales texanos retiraron el cargo por tráfico de estupefacientes contra Machado, todas las pruebas y evidencias sobre ese ilícito continúan obrando en la causa judicial, y los aviones vinculados al empresario jamás dejaron de estar asociados a operaciones de narcotráfico.
Mientras tanto, en la causa que se instruye en San Isidro, los pesquisas no se limitan a investigar los doscientos mil dólares recibidos por Espert. El foco se amplió hacia el crecimiento desmedido de su caudal patrimonial y su estándar de vida a partir del momento en que entabló relación con Machado. Cuando aquel vínculo comenzó, el entonces candidato giraba gastos mensuales con su tarjeta Visa Platinum —de la cual también eran usuarios su cónyuge y su hijo— por un valor aproximado de tres mil dólares. Finalizada la campaña presidencial, adquirió una vivienda en la localidad de Beccar por un precio superior a los cuatrocientos cincuenta mil dólares y luego se hizo de un automóvil BMW último modelo, cuyo costo en el mercado ronda los ochenta y tres mil quinientos dólares. El año pasado, los egresos bancarios mensuales del exdiputado ya equivalían a unos once mil dólares. A ello se suman las extrañas operatorias detectadas mediante un informe del Banco Francés: la recepción de transferencias millonarias provenientes de cuentas ligadas a ocho sociedades y personas de escasos recursos, así como depósitos en efectivo realizados a través de cajeros automáticos, una maniobra habitual para eludir los controles tributarios. En total, habría ingresado alrededor de doscientos cincuenta mil dólares mediante estos mecanismos sospechosos.
La inhibición de bienes que pesa sobre Espert y su núcleo familiar fue prorrogada no solo por la extracción de los ochenta mil dólares al inicio de las actuaciones, sino también a raíz del hallazgo de un fideicomiso denominado Costa Dunas, al cual la esposa del político adhirió en febrero de 2025. Ese instrumento se vincula a un proyecto inmobiliario de alto standing cercano a Costa Esmeralda. La cónyuge de Espert aportó allí cincuenta y cinco mil quinientos un dólares en concepto de anticipo, más una suma superior a los cincuenta millones de pesos argentinos, distribuidos en siete cuotas mensuales. Para los investigadores, esa operación podría constituir una vía adicional destinada a canalizar fondos de procedencia ilícita. Así, mientras la Casa Rosada intenta presentar el acuerdo judicial de Texas como un espaldarazo a la inocencia de su aliado, los expedientes locales siguen su curso con evidencias que, lejos de desvanecerse, se multiplican y adquieren nuevos contornos.
