A catorce días de una huelga de brazos caídos que mantiene estranguladas las rutas del altiplano, las facciones afines al exmandatario Evo Morales convergen en la sede gubernamental para forzar una salida anticipada del mandatario. Las fuerzas del orden acumulan ya medio centenar de arrestos y varios lesionados en medio de una crisis que amenaza con desbordarse, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro califica la situación como una auténtica “insurrección popular”.
La tensión política y social en la nación andina ha escalado a niveles críticos en las últimas horas, sin que hasta el cierre de esta edición se vislumbre un atisbo de tregua. La medida de fuerza de carácter indefinido, lanzada por las centrales obreras y las organizaciones de base contra la gestión de Rodrigo Paz, alcanzó este domingo su decimocuarto día consecutivo, sumiendo a vastas regiones del oeste boliviano en un clima de asfixia logística y confrontación latente. El corazón de la protesta reside en un extenso contingente humano compuesto por labriegos, pueblos originarios y trabajadores fabriles que profesan lealtad al derrocado líder Evo Morales, cuyas columnas recorren desde hace una semana la geografía del altiplano con un objetivo innegociable: plantar bandera en el mismo centro neurálgico del poder ejecutivo para vociferar allí la inmediata dimisión del actual jefe de Estado.
La corriente humana, autodenominada “Marcha por la Vida para rescatar a Bolivia”, partió el lunes pretérito desde la pequeña localidad de Caracollo, situada a unos 188 kilómetros al sur de La Paz, y durante la jornada sabatina logró avanzar aproximadamente 40 kilómetros, desde la comunidad de Calamarca hasta la populosa urbe de El Alto. Los manifestantes tienen previsto fusionarse desde este lunes con dos poderosos brazos de presión: la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’ y la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones que desde hace semanas mantienen un pulso de bloqueos y protestas en diferentes puntos estratégicos del territorio. “Vamos a llegar hasta el kilómetro cero —la emblemática plaza Murillo— para engrosar la movilización que exige la caída de este gobernante incompetente y fascista”, declaró ante los periodistas locales el caudillo sindical Juan Yupari, visiblemente exaltado.
En tanto las piernas cansadas de los marchistas devoraban kilómetros bajo el sol implacable del altiplano, el escenario en las rutas se volvía cada vez más explosivo. Los cortes de caminos, levantados por los seguidores aimaras con montículos de tierra, troncos centenarios, neumáticos incendiados y enormes rocas, han resistido con fiereza los intentos de reapertura por parte de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Durante la jornada del sábado, los uniformados desplegaron un operativo de envergadura para despejar las arterias que mantienen prácticamente aislada a la sede gubernamental, una misión que demandó más de trece horas de trabajo extenuante. El saldo oficial de aquella intervención arrojó cuarenta y siete personas detenidas y al menos cinco heridos de diversa consideración, entre los cuales se cuentan afectados con lesiones oculares y faciales que requirieron atención hospitalaria de urgencia. Sin embargo, la versión oficial choca con los relatos de los propios movilizados: Vicente Salazar, vocero de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, denunció la ocurrencia de dos fallecimientos en los municipios de Ingavi y El Alto como consecuencia directa de la operación de desbloqueo, extremo que las autoridades nacionales se apresuraron a desmentir categóricamente.
A la par de los enfrentamientos en las carreteras, se han multiplicado las denuncias sobre agresiones contra profesionales de la prensa y obstáculos sistemáticos a su labor informativa, así como escaramuzas entre los piqueteros y vecinos indignados por el desabastecimiento. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, salió al cruce de la situación para recordar que el derecho a la protesta ciudadana debe ejercerse siempre bajo el manto de la no violencia, y advirtió que cualquier respuesta estatal tiene la obligación inexcusable de ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza coactiva. Callisaya, en un tono que denotaba franca preocupación, reiteró una vez más su llamado al diálogo como único mecanismo civilizado para destrabar la crisis. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable a las partes a sentarse a conversar. Frente al clima de crispación que hoy envuelve a la patria, convocamos nuevamente a los actores enfrentados a dialogar con sinceridad, hondura y humanidad”, expresó en declaraciones difundidas por la emisora Erbol.
El mapa de la paralización muestra una nación virtualmente partida en dos. Los cortes se han consolidado en puntos neurálgicos como Río Seco, donde la vía que une El Alto con Copacabana y Laja permanece intransitable; en Achica Arriba, sobre la carretera que conduce a Oruro; en Calajahuira, ruta hacia los Yungas; además de dos puntos adicionales en el municipio de Viacha. La lista se extiende al puente Achuma en San Andrés de Machaca, las comunidades de Achiri, Huarina, Patacamaya, Sica Sica, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Lahuachaca, Panduro, Colquiri, y hacia el norte en Palos Blancos y Pumazani. Las consecuencias para la población civil son cada vez más dramáticas: los estantes de los mercados lucen desolados por la escasez de víveres, los precios de los artículos de primera necesidad se han disparado sin control, y desde el gremio sanitario se lanzó una alerta desgarradora ante el peligroso desabastecimiento de oxígeno medicinal en los nosocomios, una situación que podría derivar en muertes evitables si la emergencia se prolonga.
En medio de esta atmósfera enrarecida, la voz de un mandatario extranjero vino a sumar un ingrediente geopolítico de primer orden. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta en la red social X para afirmar sin rodeos que Bolivia es hoy escenario de una “insurrección popular” como respuesta a lo que calificó como “la soberbia geopolítica”. Petro, cuyo gobierno se ha caracterizado por un discurso crítico hacia los poderes establecidos en la región, ofreció explícitamente la disposición de su administración para contribuir a una salida pacífica del laberinto boliviano, siempre que medie una invitación formal. “Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz”, sentenció el líder colombiano, quien además pidió que no existan “presos políticos en ninguna parte de las Américas” y abogó por la edificación de una “democracia profunda, multicolor” en todo el hemisferio. Sus declaraciones, difundidas como reguero de pólvora en las redes sociales, añaden presión internacional sobre un gobierno de Paz que ve cómo las horas corren en su contra mientras la multitud se acerca irremediablemente a sus puertas.
