Mientras el Presidente evita desmentir la filtración de unos polémicos registros sonoros, su administración enfrenta acusaciones de manipulación judicial, un alarmante deterioro de la salud pública y una guerra de poder que amenaza con derrumbar su imagen.
En una nueva jornada signada por la turbulencia política, la figura del mandatario quedó nuevamente en el centro de la controversia, aunque esta vez con un silencio elocuente. A diferencia de oportunidades anteriores, el Jefe de Estado no salió al cruce para calificar como apócrifos aquellos presuntos diálogos de naturaleza explícita que lo vincularían con su asesora de imagen. Lejos de rechazar la existencia de esos materiales, desde los pasillos oficiales se impulsa una investigación sobre una posible filtración, un movimiento que, paradójicamente, aportaría indicios sólidos a favor de la autenticidad de las grabaciones. Todo parece indicar que al Presidente le resulta funcional que esos contenidos se comenten y difundan como verídicos, como parte de una estrategia más amplia que ya había tenido otros episodios llamativos, como cuando el propio Javier Milei se vio obligado a explicar su peculiar aroma corporal a raíz de un padecimiento de anosmia. En este contexto de crudeza creciente, resulta cada vez más difícil discernir si el nivel de ordinaria exposición responde a una lógica auténtica, a una maniobra deliberada para desviar la atención ciudadana, o simplemente es el único código que las redes sociales parecen admitir —y, lo que resulta aún más preocupante, el único que los argentinos deberíamos emplear para comunicarnos.
No se trata, en rigor, de un planteo anclado en la mojigatería ni en el juicio moral sobre las preferencias privadas de nadie, siempre que no se cause daño a terceros. Sin embargo, las ideas y las palabras constituyen un patrimonio invaluable de la condición humana, pues revelan la solidez, la coherencia, la calidad y la capacidad de quienes las pronuncian. El alud de desechos comunicacionales emergió en un momento particularmente delicado: cuando el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó acorralado por señalamientos de corrupción; cuando los testigos de la denominada causa Cuadernos contra Cristina Fernández de Kirchner declararon en los estrados judiciales que habían sido extorsionados para brindar testimonio en contra de la exmandataria y sus colaboradores; y cuando se produjo una movilización masiva y desesperada de pacientes, médicos, enfermeros y técnicos de los hospitales nacionales en defensa de la salud pública.
Si la basura discursiva se emplea como cortina de humo, es como si se prefiriera revolcarse en el fango antes que aportar ideas o tomar medidas concretas para enfrentar y responder a esas situaciones críticas. El affaire Adorni —un caso de corrupción grotesca, según coinciden varias fuentes— se ha convertido en la caída fulminante de la popularidad presidencial y en una secuela de internas carniceras dentro del oficialismo, donde se enfrentan Patricia Bullrich con el resto del arco gobernante, y los herederos del menemismo con Santiago Caputo. Paralelamente, la causa de los cuadernos se ha transformado en la evidencia palpable de un armado judicial orientado a la persecución política del kirchnerismo. No solo los 27 empresarios y exfuncionarios que manifestaron haber sido amenazados con prisión si no declaraban contra Cristina y sus allegados, sino que ahora se ha sumado un nuevo testigo convocado por la fiscalía: el encargado de un edificio en Juncal y Uruguay ratificó que tanto el juez como el fiscal lo intimidaron para que afirmara haber visto ingresar bolsos cargados de dinero en el domicilio de la exmandataria. Ya no alcanza con anular el juicio; es mucho más que un proceso amañado. Es la demostración de que se trata de un sistema judicial maleable, donde los recursos planteados por las defensas recorrieron la Cámara de Apelaciones, la de Casación e incluso la Corte Suprema, siempre con fallos favorables a la acusación.
Por otra parte, Adorni no termina de presentar su declaración jurada. Se acumulan los pretextos para justificar su demora, pero ninguna de esas excusas lo absuelve, ya que todas parten de una misma dificultad: explicar los gastos millonarios en los que habría incurrido desde que asumió su cargo. Y son pocos los que todavía se preguntan por qué Milei lo protege a un costo político altísimo. El caso Adorni, sumado a la crítica situación económica, ha derrumbado la imagen presidencial. En teoría, la fragilidad del gobierno se tradujo en fugas y disputas internas. Por un lado, Patricia Bullrich se distanció, habló sin autorización con la prensa y fue excluida de las reuniones de gabinete. Su hombre de confianza, Federico Angelini, renunció al Ministerio de Seguridad y pasaría a colaborar con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Al mismo tiempo, estalló la cuenta de X llamada “periodistaRufus”, desatando una guerra abierta entre Lule y Martín Menem por un lado, y Santiago Caputo junto al Gordo Dan —jefe de la patota digital— por el otro. La munición pesada consistió en un cruce de acusaciones sobre negociados y actos de corrupción. Tanto denuncismo contra el kirchnerismo ha terminado por naturalizar la corrupción en los gobiernos de derecha.
El frente interno se mantiene incandescente, y Milei no ha podido apaciguarlo. En la Casa Rosada se apunta a la intransigencia de su hermana Karina con Bullrich, y al progresivo despojo de influencia que sufre Santiago Caputo. Con tantos frentes abiertos, el gobierno cosechó dos buenas noticias: logró que el Congreso diera media sanción a dos proyectos de ley. La más lesiva propone modificar la Ley de Zonas Frías, lo que implicará en las provincias afectadas un aumento de hasta el 50 por ciento en la tarifa del gas. A pesar del evidente debilitamiento de hecho del Gobierno —cuya reelección está en duda y el Círculo Rojo ya busca reemplazo—, obtuvo esa media sanción gracias a sus aliados circunstanciales, los gobernadores, aunque incumplió las promesas con las que había comprado sus votos en el Congreso. Con el último ajuste frenó obras viales que había garantizado. Esos mandatarios provinciales sacaron boleto de ida, tienen escaso margen de retorno y ahora están obligados a todo, a cambio de que no les impongan candidatos libertarios competitivos en sus territorios.
El respaldo original hacia el Ejecutivo había sido transversal. En el mundo de la medicina, predominaba especialmente entre los médicos. Por eso, la masividad que alcanzó la marcha en defensa de la salud, realizada el miércoles pasado, constituyó una severa llamada de atención. Allí confluyeron pacientes junto a médicos, enfermeros y trabajadores hospitalarios, además de los jubilados que perdieron los medicamentos del Plan Remediar, aquel programa impulsado por el sanitarista Ginés González García. En un país donde aumentaron la mortalidad infantil y la de mayores de 65 años, y donde la cantidad de suicidios superó a las muertes combinadas por accidentes y homicidios, la movilización se sintió más como el pedido de auxilio de un moribundo. El gobierno precarizó los nosocomios públicos y fomentó el encarecimiento de las prepagas. Como resultado, los hospitales estatales, en condiciones precarias, reciben ahora entre un 30 y un 35 por ciento más de pacientes. Sin mencionar la salud mental, ámbito en el que se multiplicaron las consultas, ni el abandono que sufren las personas con discapacidad.
Hasta el momento, el malestar se ha expresado en las encuestas y en marchas multitudinarias a las que el Gobierno resta importancia. Pero el panorama en educación y salud es el resultado de respaldar un discurso que identifica a los pobres como el enemigo. Bajo esa lógica, la salud hay que pagarla y la educación también. Si los pobres no tienen dinero, tendrán que morir sin medicinas, sin atención ni instrucción. Esta visión inspiró al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para lanzar el operativo antinarcotráfico “Tormenta Negra”, con el despliegue de 1500 policías en 15 villas de emergencia. No desmantelaron ninguna organización criminal ni detuvieron a ningún jefe narco; solamente amargaron la vida de los vecinos más vulnerables. El magro resultado demostró la ausencia de inteligencia previa, sin la cual semejante operativo carece de sentido. Fue, en definitiva, un acto de campaña para decirle al electorado de la ciudad que los pobres son el enemigo a vencer.
