Una directriz reservada que limita la jornada militar de 7.30 a 12.30, salarios un treinta por ciento más bajos que los de cualquier comisario, una obra social colapsada y millonarios sobreprecios en la compra de aeronaves dibujan el panorama de una institución en caída libre. Mientras las cúpulas hacen negociados con el visto bueno de Karina Milei, los soldados sobreviven con galletitas de agua y desertan hacia las fuerzas de seguridad.
En las entrañas de los cuarteles, la orden circuló de manera casi clandestina, como un secreto a voces que nadie quería rubricar. De las siete y media de la mañana a las doce y media del mediodía. Ese es el margen horario impuesto –más que limitado, exiguo– para que soldados, suboficiales y una considerable porción de los oficiales pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cumplan con su rutina castrense. La medida, lejos de responder a una optimización logística, persigue objetivos crudos: eludir que el personal almuerce en las unidades, reducir el gasto de energía eléctrica y, sobre todo, habilitar a los efectivos a desempeñar otra ocupación durante la tarde, predominantemente en el ámbito de la seguridad privada o vinculada a plataformas digitales de reparto y transporte.
El trasfondo de esta decisión revela una realidad tan cruda como paradigmática. En la actualidad, un comisario percibe una remuneración superior a la de un general, un fenómeno que sitúa a la Argentina como el único país del mundo donde tal inversión de jerarquía ocurre. En todas las escalas, los integrantes de las fuerzas castrenses cobran un treinta por ciento menos que sus pares de las fuerzas de seguridad. El impacto de la motosierra impulsada por Javier Milei, sin que el ministro de Defensa, Carlos Presti, ofrezca resistencia alguna, resulta demoledor. Todo esto acontece en el marco de una administración que, supuestamente, proclama la reivindicación de las Fuerzas Armadas como uno de sus emblemas. La contradicción no podría ser más flagrante.
Sin embargo, mientras la tropa se desangra en términos salariales y de condiciones básicas de subsistencia, los llamados «negocios» de las cúpulas militares continúan a todo vapor. Recientemente se denunció la adquisición de un avión Embraer con un sobreprecio que ronda los dos millones de dólares, operación en la que participaron tanto la Casa Militar como la secretaría general de la Presidencia, cargo que ostenta Karina Milei. A los altos mandos se les ha instruido de manera insistente para que liquiden edificios, enajenen tierras o incluso recurran al trueque, tal como sucedió con el canje de membrillos por repuestos destinados a una camioneta modelo 2010. Las transacciones de esta naturaleza se han extendido a rubros insospechados, como la obtención de inodoros e intercambios de metales fundidos por víveres.
La obra social de la institución, conocida como IOSFA, atraviesa una situación tan calamitosa que prácticamente ha dejado de prestar servicios. Su vaciamiento se habría gestado durante la gestión del exministro Luis Petri, quien instaló un equipo de ejecutivos provenientes de Mendoza a los que se les abonaban los pasajes aéreos cada semana. Ante este colapso, el único recurso que parece quedar es apelar a los Estados Unidos, entregando porciones de soberanía a cambio de migajas. La compra de cazas F-16 constituye el ejemplo más grotesco: apenas cinco de veinticuatro unidades han llegado al país, sin los armamentos correspondientes –que deberán adquirirse en otra operación aparte– y con un costo por hora de vuelo de entrenamiento que asciende a quince mil dólares, una cifra prohibitiva que mantendrá a los aparatos en tierra. Además, ni siquiera existe una aeronave nodriza para reabastecerlos de combustible. En medio de este escenario desolador, el viernes pasado se presentó con bombo y platillo un sistema de inteligencia artificial para el mando militar, un mero show destinado a ocultar la crisis de fondo: el Ejército, que alguna vez contó con veinticuatro mil soldados, hoy ocultaría una dotación inferior a los quince mil efectivos, el nivel más bajo de su historia.
El día a día, una travesía hostil
La franja horaria acotada –de siete y media a doce y media– se instauró de manera reservada durante los últimos meses, pero se consolidó con particular crudeza luego de un nuevo recorte presupuestario anunciado en la semana que acaba de transcurrir. La estrategia para no tener que proveer el almuerzo a los efectivos consiste en liberarlos a todos al mediodía. En el caso de aquellos que deben regresar durante la tarde para cubrir guardias, se los envía a sus domicilios a comer y se les ordena volver más tarde. Algunos soldados relatan que para la franja de la tarde y la noche la única provisión alimentaria se limita a unas pocas galletitas de agua. La prohibición explícita de que no pueden trabajar para aplicaciones digitales de delivery o transporte es violada sistemáticamente por todos, sin que nadie la acate.
Esta situación ha derivado en índices de deserción altísimos, así como en roces permanentes con las fuerzas de seguridad, que literalmente «roban» personal militar. En la provincia de Córdoba se vivió un episodio de enorme tensión cuando la policía provincial realizó tareas de captación en unidades castrenses y se llevó a casi la mitad de los efectivos. Las cifras salariales hablan por sí solas: un soldado percibe cerca de setecientos mil pesos, un cabo ochocientos mil y los oficiales de menor graduación –que han pasado por el Colegio Militar– algo más de un millón de pesos. Estos montos se ubican un treinta por ciento por debajo de lo que se abona en las fuerzas de seguridad. Para los uniformados, particularmente los oficiales, resulta una ofensa insoportable que policías y gendarmes gocen de mejores sueldos, argumentando que su nivel de instrucción y la defensa de la soberanía nacional están muy por encima de la mera persecución de delincuentes.
Durante la administración de Alberto Fernández, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, había logrado una equiparación salarial con las fuerzas de seguridad a pagarse en cuatro cuotas. Las dos primeras se abonaron en aquel gobierno, pero las dos restantes fueron incumplidas por la gestión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. A este cuadro de desolación se suma la crisis terminal de la obra social IOSFA, que se desbarrancó definitivamente con la gestión de Petri. Más allá de que los bajos salarios impactan de lleno en la recaudación, se acusa al exministro de haber realizado gastos descomunales en la administración, poniendo al frente de la obra social a diez funcionarios mendocinos a los que se les pagaba el pasaje todos los lunes y viernes. Además, circula un extendido rumor de que el organismo también se hacía cargo del alquiler de sus departamentos. Lo cierto es que Milei y Petri recibieron la obra social sin déficit y ahora se habla de endeudamientos siderales, imposibles de saldar, lo que ha derivado en que en el interior del país prácticamente no se cumpla con ningún servicio porque los prestadores han cortado toda relación.
Vendan todo, como sea
El trueque de los membrillos no llamó la atención dentro del Ejército por la operación en sí misma, sino por un detalle lapidario: la tonelada de la fruta se canjeó por repuestos para una camioneta modelo 2010. «Antes se hacían este tipo de operaciones, pero a cambio de maquinaria pesada o vehículos nuevos: bienes de capital», analizó con estupor un viejo jefe del Ejército. Hay versiones que indican que las fuerzas armadas ya han vendido edificios y campos por un valor cercano a los trescientos millones de dólares, pero que casi la totalidad de ese dinero fue absorbido por el ministro Caputo para exhibir el ficticio déficit cero. Por ejemplo, a pocos metros del Hospital Militar existía un gigantesco estacionamiento en el barrio porteño de Las Cañitas, que se liquidó en treinta millones de dólares. Al lado del Campo de Polo funcionaba la sastrería del Ejército. También fue vendida, y en su lugar se están erigiendo edificios de máximo lujo con vistas privilegiadas a ese mismo escenario deportivo. El Ejército y las otras fuerzas cuentan con importantes extensiones de tierra, en muchos casos donadas hace décadas, utilizadas para producir alimentos o como lugares de entrenamiento. Algunos terrenos son tan extensos que los están fraccionando para venderlos por partes. En términos económicos, deshacerse de propiedades para pagar gastos corrientes es considerado dentro de las propias filas como una auténtica locura.
«Te van a llegar caramelos»
Pero las cúpulas, en connivencia con el gobierno, siguen concretando «negocios» multimillonarios. El avión de transporte Embraer ERJ-140LR, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, ya había sido ofrecido a la administración de Alberto Fernández. En aquel entonces, su costo era de dos millones trescientos mil dólares. Ahora, la Casa Militar, con el general Sebastián Ibañez a la cabeza, impulsó la compra de la misma aeronave por cuatro millones. La cifra no es casual: justo hasta cuatro millones la adquisición se podía realizar sin ingresar al régimen general de contrataciones, evitando así controles más estrictos. En la operación intervino la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, muy vinculada a la Casa Militar. El diario Clarín publicó escuchas telefónicas escandalosas en las que un operador de la venta afirma: «si jugás con amigos, te van a llegar caramelos», una clara promesa de coima sobre la que además se mencionaba un porcentaje del diez por ciento. Todo se concretó en tiempo récord, con el agravante de que la unidad aérea se encontraba en condiciones más que defectuosas, con rastros de óxido, desgaste evidente y falta de equipamiento básico. El concurso de precios estaba tan direccionado que el Embraer ya aparecía ploteado con los colores institucionales mucho antes de que la compra se formalizara. Por las sospechas de corrupción y administración fraudulenta se abrió una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py, pero lo asombroso es que el general Ibañez, hombre de la confianza de Karina, está propuesto para un ascenso más que polémico. Con más de la mitad de los efectivos por debajo de la línea de pobreza, la cúpula parece manejar –y quedarse– con millones y millones de dólares.
El escándalo de los F-16
Como es de público conocimiento, el gobierno de Milei adquirió veinticuatro aviones F-16 de origen danés y fabricación estadounidense, descartando aparatos más modernos como los JF-17 Thunder, ofrecidos por China y Pakistán con amplio financiamiento e incluyendo el armamento completo, sin el monitoreo que Gran Bretaña ejerce sobre los F-16. De los veinticuatro ejemplares, apenas cinco han llegado al país, con radares limitados y sin los elementos necesarios para un funcionamiento mínimo. En primer lugar, no se adquirió el armamento, cuyo costo adicional rondaría los trescientos millones de dólares. Como es evidente, todo requerirá la autorización de Londres y nadie sabe cómo se pagará. El armamento lo vende Estados Unidos, que sólo aceptó hacer un descuento. No están terminadas las pistas de aterrizaje de Tandil y Río Cuarto, las unidades que albergarían a los F-16, y la flota requiere de un avión de reabastecimiento que tampoco se compró. La hora de vuelo de entrenamiento ronda los quince mil dólares, una cifra impagable con los recortes presupuestarios vigentes. En la propia Fuerza Aérea dudan de que alguna vez esos aparatos lleguen a volar operativamente. Se recordará que Milei y Petri posaron para las cámaras sobre los F-16, hubo un paso de exhibición sobre Buenos Aires con pilotos daneses, pero todo parece un gigantesco negociado. Durante la semana que pasó, la Fuerza Aérea dio de baja los seis Super Etendard comprados en 2017 para proteger la cumbre del G-20 en 2018. Esos aviones llegaron en 2019 y nunca volaron, entre otras cosas porque requerían asientos eyectables y otros repuestos que Gran Bretaña bloqueó, tal como era previsible. Ningún funcionario del macrismo fue indagado ni procesado por aquella operación fraudulenta. La compra de los F-16 se parece peligrosamente a ese antecedente.
Lo que diga Trump
Además de vender edificios y campos, la estrategia central de la administración Milei consiste en aceptar pasivamente lo que venga de Estados Unidos, en sintonía con la política exterior incondicional hacia Washington. El lunes pasado, la embajada norteamericana y el Comando Sur anunciaron que la Armada argentina firmó un programa de «Protección de los Bienes Comunes Globales», una fórmula que encubre una cesión de soberanía en la plataforma atlántica argentina. A cambio, Estados Unidos entrega cámaras más sofisticadas que las que Argentina posee y, a futuro, dos aviones Textron B-360. Poco o muy poco. Y con ese acuerdo, la armada norteamericana se queda virtualmente con un acceso ilimitado al Atlántico Sur y a la Antártida. En paralelo, el proyecto argentino de construcción de una base integrada –Armada, Fuerza Aérea y Ejército– en Ushuaia, destinada a controlar toda la zona, se encuentra completamente paralizado. En el lugar apenas se distingue un cartel; se removió tierra hace dos años y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Ese letrero exhibe, en síntesis, lo que es la política central de Milei: una combinación letal de salarios por debajo de la línea de pobreza para la tropa, compras a precios inexplicables en todas las áreas del gobierno, y una sumisión incondicional a lo que diga Donald Trump. En el país y, obviamente, también en las diezmadas Fuerzas Armadas.
