A dos años de un declive sostenido, los operarios de la histórica planta de Garín denuncian una gestión errática que combina remuneraciones en efectivo, retenciones indebidas y un ultimátum patronal que revive fantasmas de lock outs pasados.
En el corazón del cordón fabril del norte del Gran Buenos Aires, la situación en la tradicional planta de panificados Alijor ha escalado hacia un escenario de creciente descomposición laboral. Lo que otrora fuera una empresa con cuatro décadas de presencia ininterrumpida en los mercados nacionales, hoy navega por aguas tormentosas donde los derechos adquiridos por los trabajadores se desdibujan tras un cúmulo de irregularidades que vienen gestándose durante los últimos dos años. La denuncia, que irrumpió con crudeza en el ámbito público a través del relato de Nicolás Viñas, un empleado con más de dos décadas de antigüedad, revela los pliegues de una crisis que no solo amenaza la fuente laboral de 157 personas, sino que también pone en jaque principios elementales de la relación salarial.
De acuerdo con el testimonio que Viñas compartió en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales, los primeros síntomas de deterioro comenzaron a manifestarse cuando la compañía abandonó la puntualidad en sus remesas económicas. El pago fuera de los plazos convenidos se instauró como una práctica recurrente, a la que luego se sumó una modalidad cada vez más precaria: la sustitución de la acreditación bancaria por entregas de dinero en efectivo, un mecanismo que erosiona transparencia y resguardo legal. Pero el cuadro se torna aún más sombrío al abordar el rubro de las vacaciones. “Nos las cortan y no las pagan”, sentenció Viñas, desnudando así una estrategia que cercena uno de los descansos anuales más protegidos por el estatuto del trabajador.
El relato del operario, que acumula 22 años de servicios en la firma, no se detuvo allí. Uno de los puntos que exhibe mayor gravedad ética y jurídica es el concerniente a los descuentos por manutención familiar. Según su exposición, los montos que deberían ser retenidos de los salarios de ciertos empleados para cumplir con obligaciones alimentarias hacia sus exparejas no están siendo derivados a sus destinatarios. Esta retención indebida coloca a los trabajadores en una posición doblemente vulnerable: por un lado, ven disminuido su haber mensual con un descuento que se efectiviza; por el otro, enfrentan el potencial reclamo de los beneficiarios por una cuota que nunca llega a su destino, quedando atrapados en un círculo de incumplimiento del cual no son responsables.
En cuanto a la mecánica concreta de los abonos salariales, Viñas detalló un esquema que resulta inusual en el universo de la industria formal. La empresa habría instrumentado un sistema segmentado donde un adelanto equivalente al 50 por ciento del sueldo se entrega los días 20 de cada mes, mientras que el resto se completa mediante ocho cuotas parciales que representan cada una un 12,5 por ciento del total. Esta fragmentación, que desnaturaliza la periodicidad mensual propia del contrato laboral, genera una asfixia financiera constante entre los empleados, imposibilitados de planificar sus gastos elementales con un flujo de ingresos tan errático.
Pese a este panorama demoledor, el empleado histórico no dudó en calificar a Alijor como “una empresa viable”. Con más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado de capitales nacionales, la planta de Garín ha demostrado a lo largo del tiempo capacidad productiva y solidez. Sin embargo, Viñas dirigió sus críticas hacia la gestión interna: “Más allá de este gobierno nefasto que tenemos, lo que está pasando es que las autoridades de la empresa la están mal manejando y se aprovechan de esta situación que vive el país”. Con esas palabras, el trabajador trazó un diagnóstico que distingue entre el contexto macroeconómico adverso y las decisiones discrecionales de los dueños, a quienes acusa de instrumentar la crisis general como coartada para profundizar medidas lesivas.
El elemento más perturbador del relato aparece cuando Viñas evoca las palabras textuales del propietario de la firma. “El dueño da la cara y nos dice que si no aceptamos los términos que él quiere, cierra las puertas de la fábrica”, advirtió. Esta amenaza de clausura no es un recurso retórico novedoso en la historia laboral de Alijor. El propio empleado recordó que entre 2017 y 2019, durante la administración de Mauricio Macri, los operativos patronales de bloqueo —conocidos como lock outs— se repitieron en cinco ocasiones. Aquellos episodios dejaron una cicatriz colectiva que hoy vuelve a abrirse con la misma intimidación: aceptar las condiciones impuestas unilateralmente o enfrentar el fantasma del cese total de actividades.
Finalmente, Viñas puso sobre la mesa un dato que subraya la magnitud humana del conflicto. La antigüedad promedio de sus compañeros es asombrosa: quienes menos tiempo llevan en la compañía acumulan 15 años de trabajo, mientras que el extremo superior alcanza los 36 años. Esta estabilidad histórica, que alguna vez fue síntoma de una relación virtuosa entre capital y trabajo, hoy se transforma en un lastre afectivo y económico, porque esos mismos operarios son quienes enfrentan la disyuntiva perversa de claudicar ante las exigencias patronales o quedar en la calle. La redacción de esta noticia encuentra así a los 157 trabajadores de Alijor en vilo, con sus salarios hechos trizas, sus vacaciones escindidas, las cuotas alimentarias de sus exmujeres en el limbo y una espada de Damocles llamada cierre definitivo que la patronal agita como instrumento de disciplinamiento. El eco de aquellos cinco lock outs del macrismo resuena otra vez en Garín, y con él, la pregunta sobre hasta dónde llegará la paciencia de una fuerza laboral que ya ha demostrado, durante décadas, ser el verdadero sostén de una empresa que hoy los rehúsa.
