La reserva del fin de semana de cinco días del jefe de Gabinete en el exclusivo hotel barilochense fue gestionada por un empleado del holding de Eduardo Elsztain, estrecho aliado del Presidente. El pago en efectivo, las excursiones por miles de pesos y la sombra de una posible dádiva agravan la tormenta judicial que ya acumula hipótesis de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación sobre los desembolsos y el tren de vida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma una nueva capítulo que alcanza a uno de los grupos económicos más poderosos del país. De acuerdo con fuentes judiciales, la reserva de la estadía que el funcionario disfrutó junto a su familia en el legendario Hotel Llao Llao de Bariloche durante cinco jornadas de junio de 2024 fue tramitada por un empleado del Grupo IRSA, la corporación que preside Eduardo Elsztain, el magnate aliado del presidente Javier Milei y copropietario del lujoso resort patagónico. El pago del alojamiento, que ascendió a casi cinco millones de pesos (4.931.939), se materializó mediante un depósito bancario en efectivo, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de quien concretó la operación financiera. A esa cifra se sumaron erogaciones complementarias por excursiones y otros servicios que totalizaron 2.435.344 pesos, mientras que los pasajes aéreos agregaron 1.737.432 pesos más al costo total del paseo. El fiscal Gerardo Pollicita aún aguarda información adicional sobre estos movimientos, pero el entorno del funcionario ya comienza a vislumbrar una situación crítica: Adorni se acerca peligrosamente al momento de tener que justificar su patrimonio ante la justicia, lo que podría derivar en un llamado a indagatoria.
Mientras el jefe de Gabinete intenta desviar la atención pública mediante la difusión de proyectos de ley en las redes sociales, las evidencias continúan acumulándose en los tribunales de Comodoro Py. El Grupo IRSA, que posee la mitad del Llao Llao aunque no está a cargo de su administración, confirmó al ministerio público que una persona perteneciente a la propia empresa realizó la reserva para Adorni, su cónyuge Bettina Angeletti y sus dos hijos entre el 20 y el 25 de junio del primer año de gestión libertaria. Un dato que despertó todas las alarmas: el funcionario se retiró del establecimiento sin abonar la cuenta, y la estadía recién habría sido saldada tres meses después. En cambio, sí canceló los gastos corrientes vinculados a gastronomía, excursiones y peluquería. La pregunta sobre quién pagó la habitación no es menor, porque si el anfitrión fue Elsztain, un empresario aliado al poder de turno, el hecho podría encuadrarse como una dádiva prohibida por la ley.
Eduardo Elsztain no es un actor secundario en esta historia. El magnate fue uno de los financistas clave para la llegada de Milei a la Presidencia, es propietario del Hotel Libertador que albergó al mandatario en los días fundacionales de su gobierno cuando se redactaba el megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, maneja decenas de shoppings en todo el territorio nacional, preside el Banco Hipotecario, controla Cresud (una de las firmas agropecuarias más grandes del país) y también tiene operaciones en BrasilAgro. Más recientemente, se lanzó al negocio minero en San Juan como principal accionista de la mina de oro Hualilán y como controlador de la mina Casposo. Su nombre, además, apareció en los Panamá Papers. En este contexto, la sospecha de un posible favorecimiento o retribución al funcionario se vuelve inevitable.
Los viajes de Adorni constituyen apenas un fragmento del análisis patrimonial que los pesquisas llevan adelante. Algunas escapadas, como la realizada también en familia a Aruba entre fines de 2024 y los primeros días de 2025, forman parte claramente de sus erogaciones personales. Con una modalidad que repitió en varias ocasiones, el jefe de Gabinete abonó en efectivo tanto los vuelos en premium economy (5.800 dólares) como las dos noches de hospedaje en hoteles de ese destino caribeño (8.840 dólares). El fiscal todavía espera información precisa sobre el viaje que Angeletti realizó a Madrid el año pasado junto a amigas, sin que esté claro aún cómo se financió ese desplazamiento. Sí se sabe que el funcionario también corrió con los gastos del regreso de su esposa desde Nueva York en primera clase el pasado marzo, un billete que superó los 5.000 dólares. Paradójicamente, el viaje de ida de ella en el avión oficial fue el detonante de toda la pesquisa que terminó complicando al propio Adorni. En los últimos días, además, se confirmaron dos fines de semana de descanso en un complejo todo incluido en Gualeguaychú. En total, son más de quince desplazamientos los que están bajo la lupa, algunos de ellos anteriores al ingreso del funcionario a la administración pública.
Por separado se investiga la escapada a Punta del Este durante el fin de semana de carnaval del año pasado, ya que todas las pistas indican que el avión privado utilizado fue pagado por Marcelo Grandío, un exconductor de la televisión pública y amigo personal de Adorni, con quien incluso compartió pantalla. El costo del vuelo de ida y vuelta alcanzó los 9.000 dólares. Grandío, que obtuvo seis contratos durante la gestión libertaria, está siendo objeto de cruces de llamadas y análisis de sus vínculos comerciales. Otro elemento que engrosa el expediente es una disertación que Adorni brindó en febrero en la Trump Tower de Punta del Este ante un auditorio de empresarios, donde cada cubierto se cobraba 1.000 dólares. Lo hizo acompañado por el empresario uruguayo Rolando Rozenblum, excandidato a alcalde de esa ciudad y actual concejal que se presenta como una suerte de “Milei uruguayo”.
En el plano contable, las perspectivas no son más alentadoras para el jefe de Gabinete. Pese a los rumores y anuncios, Adorni aún no presentó la declaración jurada correspondiente a 2025. La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo para todos los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio, pero las versiones extraoficiales indican que el ministro coordinaría haría el trámite antes de esa fecha. Ese documento se convertirá en un ensayo crucial para justificar sus bienes y desembolsos. Todo indica que la tarea será sumamente dificultosa, a menos que aparezcan herencias, préstamos o figuras similares que expliquen la diferencia entre sus ingresos (que pasaron de 3 millones de pesos a 7 millones actualmente) y sus gastos. Según cálculos realizados por este medio, Adorni debería explicar erogaciones en efectivo ya concretadas por un valor superior a los 400.000 dólares. Y si se proyectan la totalidad de las salidas de fondos, incluyendo créditos que deberá cancelar hacia finales del año en curso, esa cifra podría duplicarse.
A todo esto se agregan los movimientos con criptomonedas. Dos billeteras digitales vinculadas a Adorni recibieron cerca de 80.000 dólares durante 2024, y existen otras dos direcciones virtuales sobre las cuales la fiscalía espera información. Nada de estos activos fue declarado por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción en el ejercicio anterior. El fiscal Pollicita encomendó la detección de inconsistencias a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico especializado dependiente de la Procuración General de la Nación. Ese cuerpo podrá elaborar un informe concluyente una vez que reciba toda la información pendiente –cuyos pedidos fueron reiterados esta semana– y, a partir de allí, Pollicita le exigiría a Adorni que justifique su patrimonio, un paso procesal ineludible en las causas por presunto enriquecimiento ilícito.
La cuestión inmobiliaria se presenta como otro de los puntos más espinosos. Como es de público conocimiento, Adorni adquirió a fines de 2024 una vivienda en el barrio cerrado Indio Cuá por 120.000 dólares, más 5.000 adicionales por el ingreso al country, gracias a un préstamo particular que habría recibido de dos mujeres policías presentadas por la escribana Adriana Nechevenko. El funcionario no había declarado esa propiedad inicialmente, y recién la incorporó en una rectificación tardía cuando la investigación judicial ya estaba en marcha. De ese crédito, pactado con un interés anual del once por ciento, aún adeuda 30.000 dólares. Pero el costo total de la operación se disparó con las famosas refacciones: según el contratista Matías Tabar, el jefe de Gabinete desembolsó 245.000 dólares en reformas que incluyeron una cascada en la pileta, climatización del agua, un jacuzzi, una parrilla de alto costo y la puesta a nuevo de toda la propiedad.
Por si fuera poco, existe todo un capítulo dedicado al departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por Adorni y Angeletti en 2025 por 230.000 dólares –un valor que los peritos consideran por debajo del precio de mercado–, aunque lograron postergar el pago de 200.000 dólares hasta noviembre de este año sin intereses a favor de las dos jubiladas que vendieron el inmueble. A esa suma se suman arreglos y mejoras aún no saldados por otros 65.000 dólares. En la causa por dádivas, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, el paso siguiente podría ser una citación directa a indagatoria, y no se descarta que el ministerio público derive allí parte de la prueba recolectada.
Un elemento adicional que promete arrojar luz sobre toda la trama es el teléfono celular del contratista Matías Tabar. El hombre se presentó voluntariamente en Comodoro Py para prestar testimonio y entregó su dispositivo, el cual comenzó a ser analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). El aparato es considerado una fuente de información crucial por dos motivos: primero, porque Tabar declaró que Adorni lo llamó antes de su declaración ofreciéndole conversar con su equipo de abogados, lo que podría interpretarse como un intento de condicionar su relato; y segundo, porque en ese teléfono se buscan las conversaciones mantenidas durante la época en que se ejecutaron las millonarias reformas en la vivienda del funcionario. Tabar, además, entregó la semana pasada documentos adicionales para reafirmar que el jefe de Gabinete abonó los 245.000 dólares, aunque él mismo reconoció no haber facturado la totalidad de los trabajos. La madeja se sigue desenredando, y cada nuevo hilo parece conducir a un mismo lugar: la fragilidad patrimonial del segundo hombre del poder nacional.
