La administración libertaria envió al Senado la solicitud para retirar el pliego de María Verónica Michelli, quien aspiraba a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La determinación obedece a motivaciones estrictamente políticas, según confirmaron fuentes allegadas a la gestión oficial.
En un movimiento que generó una intensa repercusión en los círculos judiciales y políticos, el Gobierno nacional remitió durante la jornada del miércoles al Senado de la Nación el pedido formal para que se deseche la postulación de María Verónica Michelli, candidata a ocupar una vacante como jueza en el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La directriz, lejos de responder a cuestiones técnicas o evaluaciones de idoneidad, tuvo un claro origen partidario: la orden fue impartida por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
De acuerdo con lo que trascendió a través de la Agencia Noticias Argentinas (NA), el veto a esta aspirante responde a un vínculo familiar incómodo para el oficialismo. Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon, un periodista de larga trayectoria y gran reconocimiento en el ámbito nacional, quien se desempeña en el diario La Nación. El comunicador ha llevado adelante investigaciones que pusieron en jaque a figuras relevantes de la actual administración libertaria, entre las que sobresale su labor periodística en torno al controvertido caso $LIBRA, cuyos alcances complicaron la situación de varios referentes del espacio gobernante.
El propio medio La Nación denunció que la resolución de obstruir el nombramiento de Michelli provino de manera directa de la propia Karina Milei, quien ejerce como una de las operadoras políticas más influyentes dentro del gobierno. La postulación de la magistrada, sin embargo, había superado instancias clave en el proceso legislativo: la Comisión de Acuerdos del Senado había estampado las nueve firmas necesarias para convertir su candidatura en dictamen, lo que la dejaba en condiciones óptimas para ser sometida a votación en el recinto. No obstante, el presidente de esa comisión, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, alineado con La Libertad Avanza, se había negado sistemáticamente a elevar el despacho correspondiente, una actitud que ahora se explica a la luz de la intervención directa de la cúpula libertaria.
La comunicación formal que se cursó al Senado para cancelar la candidatura de Michelli lleva las rúbricas del propio Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de un documento que, más allá de sus formas reglamentarias, expone las tensiones entre el Poder Ejecutivo y determinados sectores de la prensa independiente.
En contraste con este freno, la Casa Rosada decidió allanar el camino para otros dos postulantes judiciales. Se trata de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, dos magistrados que en un principio habían despertado el rechazo presidencial debido a sus nexos con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lidera Claudio Tapia. Sin embargo, tras una serie de negociaciones que estos jueces llevaron adelante con representantes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con miembros de la jefatura libertaria, el veto oficial se disipó. Pagotto, entonces, autorizó la recolección de las firmas que ahora convalidan sus despachos de cara a la próxima sesión. Tanto Catania como Galván Greenway fueron propuestos para incorporarse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un destino muy distinto al que aguardaba a Michelli.
Este episodio evidencia una vez más cómo las deliberaciones sobre la composición del poder judicial se entrelazan con las lógicas del enfrentamiento político y mediático, dejando en un segundo plano los criterios estrictamente técnicos que, en teoría, deberían guiar este tipo de designaciones.
