El organismo multilateral exige reinstaurar el Impuesto a las Ganancias para millones de trabajadores, elevar las cuotas del monotributo y eliminar gravámenes «distorsivos» que benefician al sector empresario, en el marco de un nuevo desembolso de 1000 millones de dólares.
En un giro que tensiona las promesas de campaña del presidente Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional ha transmitido al Gobierno argentino la necesidad imperiosa de implementar una reforma tributaria con un sesgo inequívocamente regresivo. La entidad financiera propone aliviar la presión impositiva sobre las corporaciones y los estratos de mayores ingresos, mientras transfiere el peso del ajuste recaudatorio hacia los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes.
Las exigencias del organismo multilateral, plasmadas en el informe “Argentina: temas seleccionados” difundido tras la segunda revisión del acuerdo vigente, apuntan a desandar las modificaciones progresivas implementadas durante la administración de Alberto Fernández. En aquel entonces se elevó el piso del Impuesto a las Garantías para excluir a los salarios medios y medios-altos, una conquista que ahora el Fondo pretende revertir. El objetivo declarado es retornar a un esquema similar al de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando cerca de dos millones de empleados registrados —equivalentes al veinte por ciento del total— quedaban alcanzados por el tributo. En la actualidad, tras los recientes cambios parcialmente revertidos por el actual gobierno libertario, ese universo se ha reducido a apenas un uno por ciento de los trabajadores formales.
El cálculo del FMI es contundente: solamente la ampliación de la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias podría aportar 1,4 puntos del Producto Bruto Interno en recursos fiscales. Ese incremento surgiría fundamentalmente de reducir el mínimo no imponible, lo que volvería a incorporar salarios medios a la obligación tributaria. En paralelo, el organismo reclama “alinear” el monotributo con el régimen general y las contribuciones previsionales de los autónomos, una fórmula que, aunque evita mencionar explícitamente la supresión del sistema simplificado, implicaría un fuerte incremento en las cuotas que abonan millones de pequeños contribuyentes. El propio Fondo estima que esa medida sumaría otro punto del PBI a la recaudación.
El abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor advirtió que las presiones del organismo no se circunscriben al terreno fiscal, sino que forman parte de un plan más vasto de ajuste estructural. “El FMI le exigió al Gobierno que aumente los trabajadores que pagan Ganancias, que más monotributistas pasen a ser responsables inscriptos y además que realicen la reforma previsional para reducir más las jubilaciones actuales y futuras”, sostuvo el especialista, quien cuestionó el carácter regresivo de las medidas en un contexto de economía debilitada por la caída del poder adquisitivo.
El informe técnico también impulsa la eliminación de exenciones, deducciones y tratamientos especiales que permiten a ciertos sectores abonar menos impuestos, aunque el grueso del esfuerzo recaería sobre asalariados, autónomos y monotributistas. En paralelo, el Fondo aboga por suprimir gravámenes considerados “distorsivos” y tradicionalmente objetados por el empresariado, como el impuesto al cheque, y por reducir los tributos vinculados al comercio y a las transacciones financieras. Al mismo tiempo, propone actualizar por inflación los impuestos a los combustibles y al tabaco (lo que aportaría 0,5 puntos del PBI) y fortalecer los impuestos patrimoniales provinciales.
El economista Guido Zack, de la Fundación Fundar, criticó que la iniciativa del FMI “no es una propuesta integral” y señaló una omisión significativa: “El Fondo no menciona nada sobre impuestos a los super ricos, a pesar de que en el mundo se está hablando de esto”. Zack planteó una alternativa diferente consistente en unificar Ganancias con las contribuciones personales (un descuento fijo del once por ciento para todos los trabajadores), lo que permitiría que más gente tribute pero que los salarios más bajos paguen menos. El especialista recordó además que actualmente no se están ejecutando gastos públicos esenciales como obra pública, universidades o salud, por lo que difícilmente pueda pensarse en una reducción genuina de la presión tributaria.
La discusión emerge en un momento delicado para el programa económico: si bien el Gobierno insiste retóricamente en la necesidad de disminuir impuestos y achicar el peso del Estado, la persistente caída de la actividad y la fragilidad de la recaudación limitan cualquier posibilidad concreta de alivio fiscal significativo. Las exigencias del FMI, que llegaron apenas horas después de que el organismo desembolsara otros mil millones de dólares correspondientes al acuerdo vigente, colocan al presidente Milei ante una disyuntiva incómoda: conciliar su promesa de reducir la presión fiscal sobre el sector privado con las demandas de un organismo que ahora reclama exactamente lo contrario en términos de carga efectiva sobre los trabajadores registrados y los pequeños contribuyentes.
