La iniciativa enviada al Congreso busca reducir al mínimo la intervención estatal en la creación y control de empresas. El proyecto habilita sociedades administradas por inteligencia artificial, amplía la libertad de los accionistas y limita el papel de los organismos de fiscalización, reabriendo el debate sobre los riesgos de una flexibilización extrema de los controles.
Ante la necesidad de sostener la iniciativa política en un contexto marcado por la escasez de resultados concretos para exhibir en materia de gestión, el Gobierno nacional volvió a recurrir al envío de proyectos legislativos como herramienta para instalar temas en la agenda pública. En esta oportunidad, la administración de Javier Milei presentó una ambiciosa propuesta de reforma de la Ley General de Sociedades que apunta a modificar de manera sustancial la relación entre el Estado y las empresas privadas.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que pocos minutos después el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encargó de difundir los principales lineamientos de la iniciativa a través de sus redes sociales. Según sostuvo el funcionario, las modificaciones previstas en la Ley 19.550 permitirán modernizar el sistema societario argentino y generar condiciones favorables para el crecimiento económico.
Detrás de ese argumento, sin embargo, se encuentra una transformación estructural que implica un repliegue significativo del Estado en tareas históricamente vinculadas al control, supervisión y fiscalización de las sociedades comerciales. La propuesta pretende reducir el alcance de organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ) y los registros públicos, entidades que actualmente intervienen en la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de las empresas.
Para el Gobierno, el esquema vigente responde a una lógica burocrática y desactualizada basada en la desconfianza hacia la actividad privada. En esa línea, Sturzenegger defendió la necesidad de reemplazar ese modelo por uno centrado en la autonomía empresarial, la libertad contractual y la reducción de regulaciones estatales.
Uno de los cambios más trascendentes radica en la alteración del principio que rige actualmente las relaciones societarias. La reforma propone que las disposiciones legales dejen de ser obligatorias en numerosos aspectos y pasen a tener carácter supletorio. En otras palabras, los acuerdos establecidos por los socios en los estatutos adquirirán prioridad frente a las normas generales previstas por la legislación. De este modo, las limitaciones impuestas por el Estado quedarían restringidas a situaciones excepcionales y sujetas a interpretaciones más acotadas.
La iniciativa también contempla una flexibilización sustancial respecto del objeto social de las compañías. Mientras la normativa vigente exige que las actividades empresariales sean definidas con precisión y mantengan una relación lógica entre sí, el nuevo esquema permitiría describir objetos amplios, múltiples e incluso desvinculados entre sí. Más aún, el proyecto establece que, en caso de que el estatuto no detalle expresamente cuál es la actividad de la empresa, se presumirá que esta puede desarrollar cualquier actividad lícita.
Otro de los aspectos que genera controversia es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a legislaciones extranjeras o a mecanismos de arbitraje privado. La medida permitiría que numerosas disputas empresariales se resuelvan fuera del ámbito de la justicia ordinaria argentina, reforzando la autonomía de los actores privados para definir sus propios mecanismos de resolución de controversias.
La digitalización integral de la actividad societaria constituye otro de los ejes centrales de la reforma. El proyecto prevé la utilización de domicilios electrónicos, libros contables digitales, registros informatizados, asambleas virtuales y la constitución de empresas mediante firmas digitales o electrónicas. Asimismo, cada compañía contaría con un legajo digital de acceso público, eliminando gran parte de los procedimientos presenciales que aún persisten.
Sin embargo, uno de los puntos más novedosos y disruptivos de la iniciativa aparece en la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas al avance tecnológico. Entre ellas se encuentran las denominadas “Sociedades Automatizadas”, organizaciones capaces de operar mediante algoritmos, sistemas de inteligencia artificial y procesos automatizados sin requerir intervención humana permanente en su funcionamiento cotidiano.
La propuesta también reconoce legalmente a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas internacionalmente como DAO por sus siglas en inglés. Estas estructuras funcionan total o parcialmente mediante tecnología blockchain, utilizan tokens digitales para representar participaciones y toman decisiones a través de mecanismos automatizados. El proyecto establece que estas entidades contarán con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada, equiparándolas en numerosos aspectos con las sociedades tradicionales.
La reforma incorpora además nuevos instrumentos financieros destinados a facilitar el acceso al capital. Entre ellos sobresalen los mecanismos de inversión convertibles, una herramienta híbrida que inicialmente opera como deuda, pero que puede transformarse posteriormente en participación accionaria bajo determinadas condiciones. Según la explicación oficial, este sistema permite que los inversores aporten recursos sin convertirse inmediatamente en socios ni asumir responsabilidades por las obligaciones de la empresa.
A la vez, el texto prevé la renovación automática de la duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos puedan extenderse indefinidamente salvo disposición expresa en contrario. De esta manera, se eliminan numerosos requisitos administrativos relacionados con la renovación periódica de autoridades.
La simplificación de los procesos de reorganización empresaria constituye otro de los pilares del proyecto. En aquellos casos en que una compañía posea la totalidad del capital de otra sociedad, podrá absorberla directamente mediante una decisión administrativa interna, evitando una serie de trámites actualmente exigidos por la normativa vigente. Desde el Ministerio de Desregulación describieron esta modificación como un paso hacia una “burocracia cero” para los grupos empresariales.
No obstante, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ya había surgido durante el gobierno de Mauricio Macri con la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). En aquel momento, diversos especialistas, organismos de control y sectores políticos advirtieron que la reducción de requisitos y controles podía facilitar maniobras de evasión, lavado de activos y otras actividades ilícitas.
Las críticas reaparecen ahora frente a una reforma que, según numerosos observadores, podría debilitar mecanismos de protección considerados esenciales dentro del derecho societario argentino. La Ley 19.550 fue concebida históricamente para resguardar a distintos actores involucrados en la actividad empresarial, entre ellos acreedores, proveedores, clientes y terceros que mantienen relaciones comerciales con las compañías.
Asimismo, la normativa vigente ofrece herramientas para proteger a los socios minoritarios frente a posibles abusos de quienes controlan las decisiones societarias, garantizando ciertos equilibrios internos dentro de las organizaciones. Del mismo modo, establece obligaciones específicas para administradores y directivos con el objetivo de preservar el patrimonio empresarial y evitar prácticas de vaciamiento o gestión negligente.
Con el ingreso de la propuesta al Congreso, el Gobierno abre una nueva batalla legislativa que promete generar intensos debates entre oficialismo y oposición. Mientras la Casa Rosada presenta la reforma como un paso decisivo hacia la modernización económica y la libertad empresarial, sus detractores advierten que la reducción de controles podría erosionar garantías fundamentales construidas durante décadas para resguardar la transparencia y la seguridad jurídica en el ámbito societario argentino.
